Cientos de organizaciones expusieron una serie de medidas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Economía, la de la Función Pública y la Procuraduría General de la República deben implementar ante el actual descontento social derivado de años de corrupción e impunidad. A más de 20 días de la implementación del gasolinazo, los mexicanos siguen manifestándose no solo por los aumentos a los combustibles, sino contra la clase política y exigen la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– Años de mala planeación, corrupción, impunidad e inacción de las altas esferas de poder, que está llegando a un punto insostenible, ha desembocado en incertidumbre y un creciente descontento social, aseguraron cientos de asociaciones civiles, organizaciones y agrupaciones.
Desde el primero de enero hasta ayer, miles de ciudadanos han salido a manifestarse contra el incremento de un 20 por ciento a los precios de la gasolina, que no vino acompañado de un programa de austeridad de la burocracia. Durante las marchas no se dejan de mencionar otros lastres como la corrupción, el caso Ayotzinapa, entre otros, así como la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto.
El domingo hubo protestas en Baja California, la Ciudad de México, San Luis Potosí, Guerrero, Yucatán, Baja California, Michoacán, Jalisco, Puebla, Veracruz y Guanajuato. También hubo en Villahermosa, Tabasco; Cuernavaca, Morelos; y Culiacán, Sinaloa entre otros puntos del país.
De acuerdo con el comunicado, promovido por México Evalúa, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y otras agrupaciones civiles, las políticas económicas instrumentadas por el Gobierno federal son cuestionadas por la población porque resulta «incongruente» que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible, cuando la clase política «lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos estratosféricos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos, y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores».
La inacción del gobierno federal resulta abrumadora, acusaron. El anuncio de la liberación de los precios de gasolina al mercado internacional no se acompañó de «un programa de contención» ante las acciones anunciadas por Donald Trump previo a su llegada a la Presidencia de Estados Unidos y ahora hay cancelación de inversiones.
Con anterioridad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) subrayó la pasividad del Gobierno federal y la ineficacia del plan económico presentado por el Ejecutivo.
La semana pasada, además, Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Cuauhtémoc Cárdenas, representante de la izquierda mexicana, exigieron «replantear el rumbo del desarrollo del país» dando mayor peso a la economía interna, exigencia que coincide con la de diversos analistas económicos.
A esta situación se suma la impunidad. Los abusos y la corrupción que aquejan al país y se gestan en altas esferas del poder, destacaron las asociaciones, no son castigadas.
De hecho, añadieron, las autoridades encargadas de impartir justicia «se convierten en cómplices» al no darle seguimiento oportuno y olvidar o alargar los casos de los ex gobernadores en investigación.
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EXIGENCIAS AL GOBIERNO
Las cientos de organizaciones firmantes expusieron una serie de medidas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) deben implementar ante el actual descontento social.
«México ya no puede seguir secuestrado por la corrupción, pública y privada. Las autoridades tienen que dar respuestas inmediatas a los ciudadanos para hacerle frente a la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho e informar de forma transparente y puntual a la sociedad», expusieron.
La Secretaría de Hacienda, al cargo de José Antonio Meade, debe:
–Implementar una política severa de contención a los privilegios económicos de la administración pública federal, y una convocatoria pública del Ejecutivo Federal para que se adhieran a esta política los otros dos Poderes de la Unión, los Órganos de Autonomía Constitucional, las entidades federativas y municipios.
–Ampliar el acceso a la información, pero sobretodo, la integridad en el ejercicio del gasto público, especialmente el que se realiza a través de concesiones, permisos, contratación de deuda, así como mediante adquisiciones de bienes, servicios y obra pública.
–Reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública.
La Secretaría de Economía, por su parte, está obligada a:
–Proponer un plan de contención ante la posibilidad que se vayan más inversiones del país o se deje invertir en México.
Arely Gómez González, de la Secretaría Función Pública, tiene la responsabilidad de:
–Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de regalos o cortesías independientemente del nivel o rango, y revisar a profundidad las políticas para evitar todo tipo de conflicto de interés.
Finalmente, la PGR, bajo la dirección de Raúl Cervantes, debe:
–Solicitar a las autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses información puntual que permita sancionar inmediatamente en México a los servidores públicos y particulares que participaron directa o indirectamente en las operaciones en las que Odebrecht y sus subsidiarias reconocen haber pagado por al menos 10.5 millones de dólares para la obtención de contratos de obra pública en México, presuntamente relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex)
–Investigar y sancionar a los dueños de las gasolineras y franquicias que despachan gasolina robada de Pemex.
–Asumir la responsabilidad de la investigación en torno al robo de combustibles e informar periódicamente sobre sus avances para contener inmediatamente este delito que ha crecido generando pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios, a través de más de 3 mil 500 tomas clandestinas en ductos de Pemex.
