En la grave crisis de derechos humanos que vive México, señalada por la comunidad internacional, los infantes y los adolescentes son los que tienen más probabilidades de padecer y perecer, afirma Juan Martín Pérez García, director de REDIM.
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– En México cuando se habla de víctimas de violaciones a sus derechos humanos, se piensa en adultos. Nada más equivocado, dice en esta entrevista Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Son los niños, niñas y adolescentes los más afectados por la falta de acción del Estado, pare detener la maquinaria de muerte y corrupción que día a día sacude a los mexicanos, asegura a SinEmbargo el activista.
Siete de cada 10 personas ya no salen a la calle, o no dejan salir a sus hijos, afirma Juan Martín. El motivo principal es el miedo.
“Miedo a la inseguridad a la que estamos expuestos muchos de nosotros. Esto nos da cuenta de que el Estado no está cumpliendo con ese rol de garantizar nuestra integridad. Hay una ruptura en el contrato social. El Estado no es capaz de respetar este contrato, sus instituciones no respetan el acuerdo social que significa tratados internacionales, leyes mexicanas y demás. No respeta la integridad de sus ciudadanos, por eso es que hablamos de una grave crisis de derechos humanos”, dice.
Para el director de REDIM el país podría tocar fondo y convertirse en un narco-estado, si es que ya lo es, acota, gracias a gobiernos simuladores, “engañabobos”, que firman tratados, se abren a la crítica y a la evaluación, pero al final rechazan las observaciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recomendaciones van y vienen. También excusas. Es la infancia mexicana la más desprotegida y vulnerada, argumenta
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–¿Cuál es la situación de los derechos humanos en el caso de la infancia en México?
–La violencia tiene entre sus peores expresiones impactos negativos en niños, niñas y adolescentes. Digamos creo, que hay un elemento contextual para entenderlo y tiene que ver con las condiciones de desigualdad. Las niñas, niños y adolescentes viven en la invisibilidad, están considerados como objetos de la propiedad familiar. Eso lleva a que el Estado no realice acciones preventivas, sino que decida generalmente actuar siempre cuando los niños son víctimas o se les considera victimarios. Ese esquema de carecer de una política de Estado para atender de manera apropiada a niños y niñas, lleva a que sean vulnerables o frágiles a todo lo que pasa en el país. Hay que tener presente que los niños y niñas representan el 36 por ciento de la población, cualquier cosa que pase en este país, les toca en gran medida a ellos. Muchos datos rondan a ese impacto de 36 por ciento. En el ámbito de desapariciones, en los registros disponibles de parte del Estado mexicano hay 23 mil casos registrados de desaparición de los cuales 6 mil 700 son de personas menores de 18 años. En el segmento de 15 a 17 años, siete de cada 10 son mujeres adolescentes. Los estados donde hay un número importante de desapariciones son Estado de México, Tamaulipas, Distrito Federal y Guerrero. Cuando nos muestran estos datos es que pensamos en la grave crisis de derechos humanos y hablamos de desaparición. Todo el mundo piensa en adultos, pero no están reconociendo que en muchos casos los niños y las niñas son víctimas. Hay varios casos que se han encontrado que desaparecen a la familia completa o que es asesinada la familia completa. Niños y niñas van en este escenario de sangre y desaparición, siendo estas víctimas constantes, pero invisibles.
–De los resultados de la llamada guerra contra el narco, de los casi 30 mil desaparecidos y los muertos, ¿qué tanto por viento serían niños o menores?
–Hay una situación compleja en los datos, pero los disponibles, los datos oficiales nos dan cuenta de que las tasas de homicidios, el número de homicidios de niños y niñas frente a adultos, creció. Ahora mismo hay dos tipos de datos: los poblacionales, estadísticos, que se ve como las tasas de homicidios han ido creciendo de manera alarmante a partir de 2007, obviamente vas a notar que los datos van creciendo y que coinciden plenamente con la confrontación entre el Estado y los grupos criminales, pero el segmento más grave, es el de adolescentes de 15 a 17 años. Entidades como Chihuahua en 2012 tenía una tasa de homicidios de 45 por cada 100 mil habitantes. En el el país eran 14 casos por cada 100 mil. México ha invertido mucho dinero en armas, policías. Esta confrontación de fuego obliga en un principio a requerir soldados. Esto originó a que detonara de parte del gobierno la contratación de jóvenes para la Policía Federal y el Ejército. Denunciamos ante el Comité de los Derechos del Niño que aumentó el reclutamiento de adolescentes a partir de 15 años en el Ejército. Pero también por los grupos criminales. Nosotros hicimos un recuento hemerográfico, no es oficial, pero lo que logramos tener evidencia, lo tenemos en un mapa y nos dio cerca de 2000 casos, entre 2006 hasta 2014. Todos ellos vinculados a escenarios de crimen organizado.
–Hay quienes dicen que los adolescentes no son niños…
–Nuestras leyes reconocen que se es niño en este concepto jurídico, hasta antes de cumplir 18 años. En términos psicológicos tenemos entonces los recién nacidos; los de primera infancia antes de los ocho años; la niñez de nueve a 12 y la adolescencia que inicia a los 13 hasta los 17. Hasta antes de los 18 años están protegidos por los convenios internacionales y por las leyes mexicanas. El que asesinen adolescentes de 15 a 17 años, nos da cuenta del estado de abandono en el que se encuentra este segmento. Precisamente por esta representación social de que ya no son niños, pero al mismo tiempo tampoco están con posibilidades; por ejemplo, un adolescente de 15 años de edad, no puede registrar un equipo de fútbol solo, no puede tener un proyecto y acceso a crédito, tampoco puede votar, pero sí puede ser privado de la libertad. Hay una incoherencia en la forma que tratamos a nuestros adolescentes, porque ni les vamos incorporando al mundo laboral, ni educativo, pero tampoco les permitimos condiciones legales y sociales para un desarrollo diferente. Así como subieron las tasas de los homicidios, los de los adolescentes estuvieron a veces 100 por ciento por arriba de los adultos. La tasa de homicidio a nivel nacional de 2014 era de 11.3 casos por cada 100 mil habitantes y en el segmento de 15 a 17 años de 14.3 por cada 100 mil, hay un 30 por ciento de probabilidad mayor que asesinen a un adolescente que a un adulto.
–¿Cuántos convenios internacionales en materia de infancia ha firmado México?
–Los tratados internacionales en infancia son complementarios. El corazón del sistema universal de derechos humanos, es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hace ya 60 años, sobre eso hay nuevos instrumentos. El 20 de noviembre de 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, este sería el instrumento especializado en infancia, pero es importante tener en cuenta que se complementa con los otros tratados, por ejemplo los tratados para la violencia contra las mujeres, personas con discapacidad, indígenas, se entremezclan. Hay condiciones que llevan a que se entienda que el sistema universal crea una especie de entramado, de red. Cuando estamos hablando de niños y niñas están protegidos no solo por la Convención y sus protocolos que hay tres: el de Venta, Pornografía y Prostitución Infantil, Conflicto Armado y un tercero que México no ha firmado que son denuncias individuales de niños frente al Comité. Todos esto permite tener un mecanismo de protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene otros mecanismos, tiene una Relatoría Sobre los Derechos de la Niñez.
–¿Cómo calificarías a México con los tratados que ha firmado a nivel internacional con respecto a los derechos del niño? ¿Se puede decir que está al nivel de los países desarrollados, en teoría?
–México es un Estado complejo. No es un Estado monolítico. Es un Estado que tiene una gran diversidad dentro del Estado. Hay aquellos gobiernos que son grandes simuladores, firman todo, hablan con discurso de derechos humanos, pero en su espíritu, su corazón, no está en los derechos humanos, sino en otros tipo de intereses. El ejemplo más burdo y básico es la simulación en el Distrito Federal: se mencionan los derechos, pero es la ciudad es donde mantenemos un número muy importante de graves violaciones a los derechos humanos, en lo cotidiano. Hay otros gobiernos, como Coahuila, con un descrédito impresionante, pero que han decidido abrirse al mundo. La primera Ley la tenemos en Coahuila, la más avanzada. En marzo se conocieron datos sobre maltrato infantil, se manejó que se incrementó y entre las entidades con más casos, está Coahuila, con 200 por ciento más. Esto podría significar que está muy grave o que hay más registro de maltrato infantil. Tienen una policía especializada para la infancia. Son policías jóvenes, preparados y sensibilizados. Tenemos otros gobiernos como Chihuahua, retrogradas, violatorios, que no queden saber nada del escrutinio interno, mucho menos el internacional. Entonces, por eso digo que el Estado mexicano no es monolítico y que tiene tal nivel de porosidad, que no puede controlar o generar un acuerdo con las entidades federativas. No tenemos un Estado fuerte, sino sistemas feudales en las entidades federativas y que son como [Javier] Duarte que manda matar a periodistas. Tratando de redondear, toda esta crisis tiene que ver en tres cosas básicas con la infancia: uno, hay incertidumbre en torno al futuro, para niñas y niños no saben qué harán en el futuro. Segundo, tienen miedo. Son las cosas que van reportando las encuestas. El tercer elemento son estos casos de desaparición, homicidio, feminicidio. Lo preocupante, lo grave es que el Estado rechace la crítica, la observación internacional, en un diálogo esquizofrénico. Todas estas visitas han sido por invitación. Es una especie de engañabobos, de decir: “vean qué tan abiertos somos, que hasta invitamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas a que venga a vernos, que nos hagan una revisión y, como nosotros lo invitamos, tiene que ser cortés y decir que estamos bien”.
–Y dice lo contrario: que hay una grave crisis y el Estado lanza una maquinaria de descrédito, ¿por qué?
–La respuesta básica, burda, pobre que han hecho, es que ya lo tienen controlado y distraen con temas por un lado, y por el otro empiezan a generar la duda razonable. Entonces el grupo de expertos [GIEI] demuestra jurídicamente, judicial y técnicamente que es imposible lo que están planteando en el tema Ayotzinapa y el Estado se consigue a otras personas que pueden decir que es posible. Es lamentable y pobre. Lo hemos hablado mucho con funcionarios. Lo que les explicamos es que hay que tener presente que los derechos humanos en el mundo han servido para fortalecer la democracia. Los gobiernos que han incluido los derechos humanos en su agenda, tienen democracias fuertes. Pensemos en Europa e incluso América Latina.
– Para el mundo de los adultos el caso más emblemático que retrata la grave crisis de derechos humanos es Ayotzinapa, para el caso de la infancia, ¿cuáles serían los casos emblemáticos que han llegado a nivel internacional, donde hay recomendaciones que México no acató?
–De manera reciente el Comité de los Derechos del Niño emitió 150 recomendaciones a México, el 10 de junio pasado. Del examen que tuvo yo diría que la mitad las destinaron a graves violaciones de derechos humanos: desaparición, feminicidios, homicidios, reclutamiento forzado y casos paradigmáticos que el Comité recomendó hacer investigación y justicia como el de la Guardería ABC, el de Mamá Rosa, el del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, asesinado en la represión de Puebla, y Tlatlaya, donde de las 22 personas ejecutadas presuntamente de forma extra judicial, cuatro eran menores de edad.
–Aún no ocurría lo de Ostula [Michoacán]. El niño de ocho años que fue asesinado.
–Así es. Además se agrega Tanhuato, Michoacán. De los 43 asesinados, uno de ellos era de 17 años de edad; un adolescente que le pasaron encima un vehículo de la policía federal. Está La Calera, en Zacatecas. De los siete jornaleros, cuatro menores de edad. Tenemos una larga lista de agravios a la infancia en estas violaciones a los derechos humanos que el Estado mexicano no está reconociendo. En el caso de Tlatlaya la necesidad es reconocer la presencia de niños, niños y adolescentes. No lo ha hecho y, eso obliga y debe forzar a tener una respuesta distinta para la atención. En Desaparición, el 30 por ciento son de menores de edad, en el segmento de adolescentes de 15 a 17 años, donde siete de cada 10 son mujeres adolescentes. El crimen organizado se está robando adolescentes para convertirlas en esclavas sexuales o sicarias, es decir, hay toda una maquinaria que está operando, que además agrego, que el padre [Alejandro] Solalinde y el Comisionado para Michoacán, reconocieron tráfico de órganos. Esto no se ha investigado y con esto seguimos fragilizando al Estado y nos exponemos a que se repitan los acontecimientos. Se convierte en una especie de maquinaria que se para, se oxida y se pudre.
–Hay quien dice que el Estado mexicano no se compromete, porque no puede, porqué está sobrepasado en sus instituciones. ¿Qué tiene que hacer el Estado?
–Cada vez más personas que nos dedicamos a los derechos humanos vamos mirando que experiencias como la guatemalteca y una Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad, pudiera ser una salida. Comparto que el Estado mexicano está atrapado en su propia dinámica de corrupción, en el pacto de impunidad, ya reconocido cínicamente por la clase política. En los muchos compromisos internacionales donde ha fallado, en el descrédito y falta de legitimidad. La única manera es que tengamos apoyo internacional. La experiencia guatemalteca es una posibilidad. No son cosas mágicas, no es de la noche a la mañana, no tienen que terminar dos Presidentes presos, pero es un agente externo que ayuda a que se movilice la maquinaria interna. El Presidente [Enrique Peña Nieto] hace acuerdos con los padres de Ayotzinapa que no puede cumplir. El Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] hace acuerdos con todo el mundo , que tampoco puede cumplir, porque los gobernadores no le hacen caso, son señores feudales y entonces hacen lo que quieren. Una Comisión sería de gran ayuda y sería de rentabilidad política para esta administración, porque podría afrontar la crisis de derechos humanos con temas serios; porque muy pronto, si no es que ya nos está pasando, vamos a tener un narco-estado. El Estado no puede mantenerse con los ojos cerrados.
