Organizaciones del mundo presentaron sus apreciaciones sobre los problemas de alimentación que aquejan a sus países. ¿Qué dice el informe sobre los esfuerzos contra el hambre en México?
Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).— La lucha contra el hambre en México no gira en torno a las personas, sino a las empresas. Así lo apuntó un informe que organizaciones civiles de los cinco continentes hicieron llegar a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
En el capítulo sobre México, el trabajo llamado “Observatorio Mundial del Derecho a la Alimentación y Nutrición” explicó cómo los programas insignia de la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto favorecen la participación de los productos de las empresas transnacionales. Y esto, de acuerdo con activistas, hace que los productos locales sean desplazados.
El informe apuntaló la relación que hay entre la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) y las grandes empresas. Este programa transfiere al año, 322 millones de dólares (alrededor de 5 mil 350 millones de pesos) a 717 mil tarjetas denominadas Sin Hambre, con la cual las personas consiguen quince productos, indicó.
“La mitad de estos productos, incluido el café soluble, el chocolate en polvo, los cereales de avena, los chiles enlatados y la leche en polvo, son producidos por transnacionales de alimentos. A través de estas transferencias, el programa contribuye a substituir los alimentos locales por procesados, generando enormes ganancias a las compañías, hasta ahora con un dudoso beneficio en la reducción de la desnutrición”, citó el Observatorio.
Por su parte, Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor, señaló el vínculo que hay entre estos programas y Nestlé.
“De 15 alimentos de la tarjeta Sin Hambre hay alrededor de cinco productos que son de Nestlé. Entonces, hay una transferencia de miles de millones de pesos a través del programa a una transnacional. Entre los productos de Nestlé está el café instantáneo. Esta el café Dolca y la leche Nido”, dijo en entrevista.
Además este tipo de comestibles incide en el desplazamiento de los productos locales, agregó. “El café Dolca está llegando a ser distribuido en este programa de la CNH a zonas donde se produce café. Y México es de los mayores productores de café en el mundo”.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 refirió que en México hay 302 mil menores de cinco años que presentan bajo peso, un millón 467 mil baja talla y 171 mil emaciación o enflaquecimiento extremo.
Ese no es el único problema de alimentación que afecta a la población. En México el 70 por ciento de la población padece de sobrepeso u obesidad. Asimismo, es el país que presenta los índices de obesidad infantil más altos del mundo, donde uno de cada tres niños padecen la enfermedad.
BENEFICIOS A INDUSTRIA
La parte concerniente a México fue detallada por los expertos en salud alimentaria Xaviera Cabada y Marcos Arana Cedeño. Ahí, se especificaron otros respaldos que brinda el Gobierno a Nestlé.
A través de un proyecto llamado “Mi dulce Negocio”. El Gobierno promueve que 15 mil mujeres sean capacitadas por la compañía para elaborar y vender postres casa por casa “como una modalidad de autoempleo y para brindar educación nutricional a la población. Se trata a todas luces de una acción contraria a la necesidad de combatir la obesidad y diabetes”, citó el Observatorio.
Esta situación no sólo se repite en la CNH, sino en el programa de Inclusión Social Prospera, del que se benefician 943 mil 718 familias con el Programa de Apoyo Alimentario.
Organizaciones de la Alianza por la Salud Alimentaria han sostenido que en las localidades donde se priorizan estos programas, la falta de condicionamiento en el uso del dinero asignado a la población ha hecho que éste se utilice para comprar comida chatarra.
“Si uno revisa las encuestas ingreso-gasto. Si usted mira las familias que han recibido transferencias económicas vía transferencias o Prospera, han triplicado el consumo de esta clase de alimentos [chatarra]. Aún la población en extrema pobreza está siendo parte ese enorme mercado con altas utilidades”, explicó Abelardo Ávila Curiel, el ex miembro del Comité de Expertos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
REFRESCOS AL CAMPO
El informe presentado en Roma el 9 de octubre, en el marco del mes de la Alimentación, recalcaba la importancia de mantener el impuesto a refrescos. Como una medida fiscal con beneficio a la salud.
Sin embargo, el 19 de octubre los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) unieron fuerzas para avalar la reducción del impuesto del 10 al 5 por ciento en las bebidas que tuvieran 5 gramos de azúcar o menos, el equivalente a una cucharada de azúcar.
El informe ya detallaba la penetración que han tenido los productos refresqueros en las comunidades mexicanas, en especial en las áreas indígenas.
“El consumo de bebidas azucaradas embotelladas es especialmente grave en las regiones indígenas, donde las compañías refresqueras alientan el consumo de sus productos mediante la utilización de prácticas monopólicas”, cita el Observatorio.
Al respecto, Ávila explicó, durante una conferencia de prensa donde las organizaciones civiles dieron a conocer su pesar por la reducción al impuesto a refrescos, que la llegada de los productos chatarra al área rural fue apoyada por el mismo Gobierno.
“A partir de los tres programas en continuidad que ha habido desde 1997 encuentra uno ese dato. El consumo de refrescos que era inexistente y se ha multiplicado por cuatro o cinco. Lo primero que ve de la madre que acaba de cobrar la transferencia es que en el mismo lugar de pago hay todas estas cosas. Inclusive, en algunas circunstancias con el apoyo de los mismos sistemas estatales de distribución como Diconsa, que hasta la administración pasada era el principal proveedor de sopas instantáneas en la población, el vehículo para llegar la población más pobre”, dijo.
El Observatorio entregado acusó que el modelo económico actual ha sido un impedimento para garantizar a cabalidad las condiciones de respeto a los derechos humanos en el mundo, entre ellos el de la alimentación.
