El país se moviliza y cada vez son grupos más diversos. Son empresarios, académicos, líderes de opinión, activistas, organizaciones civiles, ciudadanos de las calles que se unen a las marchas, estudiantes de escuelas públicas y privadas. Los 43 de Ayotzinapa han obligado a levantar la voz; han causado una indignación nacional.
Y, al mismo tiempo, han hecho ver qué tan distantes están los partidos de los mexicanos.
El PRI y el PAN apenas han abierto la boca, confrontados dentro de sí mismos por razones políticas. El PRD sí se ha expresado, pero fue para defender a su Gobernador, Ángel Aguirre, centro del rechazo generalizado.
“La única salida ahorita es hacer un paro político y es darle la espaldas a las elecciones. Ni siquiera el voto en blanco: es no ir a las urnas”, dice Javier Sicilia a SinEmbargo.
Una mayoría de los entrevistados coincide en que la clase política hizo promesas puntuales, y es el momento en que los ciudadanos los obliguen a cumplirlas.
Por Laura Cordero, Mayela Sánchez, Juliana Fregoso y Fernanda García
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Pocas veces en la historia reciente se han unido en un solo reclamo tantos frentes de la sociedad mexicana. Están los conservadores, como la Arquidiócesis Primada de México; o dentro de la misma iglesia católica, los sacerdotes con una historia de lucia social, como Alejandro Solalinde. Están los empresarios organizados, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y las agrupaciones de comerciantes de ciudades o entidades.
También están grupos civiles y los activistas que actúan con voz propia. Están las organizaciones internacionales como Human Right Watch o Amnistía Internacional. Están catedráticos de México y de cientos de universidades de todo el mundo; están intelectuales, escritores o los llamados “tuiteros”, esa mezcla sui géneris de personalidades que actúan desde las redes sociales.
Están, por supuesto, los universitarios; y ya no importa si son de izquierda o derecha, de instituciones públicas o privadas. Están incluso los grupos armados clandestinos o guerrilleros, que en las últimas semanas han emitido más comunicados que en muchos años.
Empresarios, ciudadanos, clandestinos, activistas. Una mezcla ecléctica.
De hecho, es más fácil decir quiénes no están, en este momento, unidos en esa misma voz que reclama la aparición con vida de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos por policías de la ciudad de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre. Esos que no están son los partidos políticos mayoritarios.
Tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Acción Nacional (PAN) han mantenido un silencio total, mientras que el de la Revolución Democrática (PRD), en una declaración previsible aunque todavía sorprendente, decidió hacer a un lado el reclamo ciudadano para que el Gobernador Ángel Aguirre pida licencia y, por el contrario, lo eximió de cualquier responsabilidad en una declaración pública firmada por su Consejo Nacional.
“Ahorita lo que hay es un rechazo a que los partidos traten de capitalizar esto electoralmente”, señaló. “Mucha gente se cansa de que los partidos aprovechen estas situaciones para ganar electoralmente”, dijo José Antonio Crespo Mendoza, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Consideró que ante un hecho “tan indignante” como el de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa “es normal que un movimiento se extendiera y otros sectores sociales se solidarizaran con los normalistas”.
El especialista en temas políticos recordó que la movilización ciudadana sin respaldo de grupos políticos no es nueva, pues han habido otros casos de organización y movilización ciudadana sin el respaldo de los partidos políticos, como las marchas contra la inseguridad o el movimiento de voto nulo.
Sin embargo, lo que ve en este caso es que el desdibujamiento de los grupos políticos obedece al rechazo ciudadano ante un posible intento de sacarle una ventaja política.
Javier Sicilia dijo a SinEmbargo: “México lo que necesita es hacer un paro político. Eso significa, darle la espalda a las elecciones, que se organicen muchos liderazgos y mandarle un mensaje muy claro a los gobiernos y a los partidos, un pliego petitorio muy claro, se tendría que sacar el consenso. Mientras tanto es no ir a las elecciones hasta que no se cumpla. Es lo único que nos queda para que no haya estallidos o movilizaciones que se están desgastando por todos lados.”
Agregó: “Hay un punto muy importante, que es darle la espalda al Estado y obligarlos a hacer las transformaciones que sean necesarias y por eso habría que hacer un pliego petitorio. Pero la única salida ahorita es hacer un paro político y es darle la espaldas a las elecciones. Ni siquiera el voto en blanco: es no ir a las urnas. Porque la descomposición... yo recuerdo, me parece que hay un gran alzheimer social, el discurso del 8 de mayo de 2011, [habla del Pacto por la Paz]. Hay que revisarlo. Se les dio a los candidatos y entre ellos estaba Peña Nieto”.
Sicilia recordó que a los candidatos se les dijo que “iban a administrar el infierno. Les dijimos que iba a ser un desastre si no tomaban la ruta de una unidad nacional y de una limpieza profunda de sus partidos y del Estado y darle prioridad a la emergencia nacional. Esto son las consecuencias y simplemente las estamos viendo. Si vamos a las urnas ahora, simplemente vamos a convalidar al crimen, ya no será la ignominia, sino la convalidación de un régimen de horror y un narco Estado.”
–¿La sociedad debe retomar el poder?
–Sí. Tenemos que retomar la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos]. Ya nos usurparon. Nos tienen que devolver el IFE [Instituto Federal Electoral, ahora INE] y todas las instancias civiles y crear nuevos controles civiles frente a los aparatos judiciales, los aparatos de gobierno, porque ahora ellos solo están trabajando para el crimen. Estamos viendo su omisión, están penetrados. Si no hacemos un trabajo fundamental la ciudadanía y recuperamos las instituciones, el camino va a seguir siendo el infierno y el horror y cada vez se va a ir instalando el crimen en lo que queda del Estado porque ya queda poco.
–¿Y en Guerrero?
–El Estado perdió el poder. Absolutamente, pero no sólo el estado de Guerrero, el Estado en general. Ya se rebasó todo. Cómo es posible que no puedan encontrar, ya estamos a un mes, a los muchachos. Es increíble. Lo que encuentran son fosas y no saben quiénes son. Seguramente son parte de los 30 mil desaparecidos que no encuentran y que ni siquiera habían buscado. Es gravísimo lo que nos está pasando. Es la ausencia del Estado, si algo queda del Estado es muy poco, por desgracia. Si los ciudadanos no lo recuperamos, creo que esto nos va a llevar al estallido absoluto de la sociedad.
Para la antropóloga Rossana Reguillo Cruz, académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el caso de los normalistas de Ayotzinapa bien puede ser “la gota que derrame el vaso”, en alusión a que ha motivado la reacción de diversos sectores, que muestran su hartazgo frente a un problema sistémico.
“A mí me parece que Ayotzinapa lo que hace es revelar en toda su desnudez y en toda su crudeza la relación entre los poderes político, delincuenciales, económicos oscuros que operan detrás de esta economía de muerte. Entonces me parece que justo esta cuestión de la sociedad organizándose al margen de las instituciones partidistas y de las organizaciones corporativas que tradicionalmente han venido operando en México te habla de un enorme cansancio de diversos sectores”, expresó en entrevista. “No es nada más una exigencia de boca para afuera, es una exigencia con muchísimo dolor y con muchísima rabia, y la combinación del dolor y la rabia son explosivas”, agregó.
Reguillo Cruz forma parte de los centenares de académicos de más de 60 países que han sumado su apoyo manifiesto a los normalistas de Ayotzinapa y que, mediante una carta abierta, denunciaron las irregularidades en la investigación del caso y exigieron la renuncia del Gobernador de Guerrero, de los procuradores estatal y federal, y de los miembros del Ejército que haya “sabido, encubierto o participado” en la desaparición de los 43 normalistas.
La académica e investigadora se refirió al impacto de una acción como esta, que si bien suma a artistas y organizaciones civiles y ciudadanos, muestra el involucramiento de la comunidad académica a nivel internacional. “Sí implica una escala diferente porque se trata del sector crítico de la sociedad y se trata del grupo en el que reposa la educación, que ha estado bajo ataque en los últimos años, la educación pública principalmente. Yo sí creo que el impacto de esta comunidad académica internacional unida en un justo reclamo tiene fuertes resonancias”, opinó.
El Obispo de Saltillo, Raúl Vera, comenzó un proyecto para crear una iniciativa de nombre Constituyente Ciudadana, con el que pretende reconstruir a la nación con la participación de la ciudadanía, un proyecto que responda a los intereses de la sociedad en general y que sume millones y tener condiciones para desplazar a quienes hoy ocupan el gobierno, la dirección del Estado.
José Guadalupe Sánchez Suárez, representante de este movimiento, dijo que “hoy vivimos una situación sin precedentes, algo que de alguna manera que todos sospechábamos que estaba sucediendo, que se nos había borrado de los medios de comunicación con la entrada de Enrique Peña Nieto al poder, en 2012, hoy se nos ha mostrado en toda su crudeza”.
“No es cierto que la guerra haya acabado en este país, no es cierto que hallamos empezado un proceso de desarrollo de fortalecimiento del estado en nuestra nación. Lo que nos ha revelado este desastre ocurrido en Iguala es que no es un asunto aislado de una sola localidad y nos replantea como nación una situación que ya es insostenible”, planteó a SinEmbargo.
“Hemos llegado a un desastre, a una debacle que no sólo tiene que ver con el desmesurado poder que ha adquirido el crimen organizado en nuestro país, sino porqué lo ha adquirido y la complicidad que en ese poder tiene también el Estado. Hay una terrible complicidad que existe con el Estado, hay una responsabilidad que el Estado tiene a su diversos niveles de que hayamos llegado a esta situación, no sólo por el hecho de una irresponsabilidad, sino de una omisión”, agregó.
“Hacemos responsables al poder Ejecutivo, poderes estarles, a poderes municipales de haber detonado una situación que está vulnerando la vida y la dignidad de las personas. Tenemos que reconstruir este país, no desde los partidos políticos, no desde el Estado, sino desde la sociedad, de la ciudadanía, de los pueblos y ésta es la exigencia que hacemos. Es un proceso que no implica hacer una nueva Constitución, y suplantar la que está, si no ir generando la capacidad social y ciudadana de sostener a un país y de tener en sus manos el destino del país como es deseable en cualquier democracia. No en manos de unos cuantos como son los políticos, empresarios, poderes fácticos, que hemos visto que hacen de este país lo que se les antoja, sin que la ciudadanía sea capaz de tener esta debacle”, planteó a nombre de Constituyente Ciudadana.
“Se debe construir una nueva sociedad, una nueva nación que se asiente sobre las necesidades pero también sobre los principios, valores y fortalezas que tiene este pueblo que ha resistido”, dijo.
LOS EMPRESARIOS SE UNEN
Edna Jaime Treviño, directora de la organización México Evalúa, opinó que el sector empresarial se ha sumado a las exigencias porque “hemos llegado a una situación extrema”.
“Yo creo que si Ayotzinapa no mueve a toda la sociedad mexicana es que hemos perdido el sentido de la indignación. Nos hemos tardado en reaccionar, parece que hemos titubeado, lo de Ayotzinapa amerita un posicionamiento firme de sociedad civil, empresarios, estudiantes, no podemos tolerar que esto suceda en el país. No podemos seguir siendo complacientes y sobre todo permitiendo la simulación. Lo que nos deja ver ayotzinapa, Tlatlaya o Michoacán es que lo que estamos haciendo no está funcionando”, dijo.
El de los empresarios es otro de los sectores que se ha pronunciado por la solución a la violencia en Guerrero y la aparición de los normalistas desaparecidos. Consultores y analistas afirman que desde hace unos meses, los hombres del capital han modificado su discurso, tradicionalmente conservador y oficialista, por uno más fuerte en el que exigen respuestas como cualquier ciudadano.
El primero en alzar la voz fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, quien en su mensaje semanal del 5 de octubre reprobó los “homicidios de personajes políticos y civiles, actos de brutalidad extrema del crimen organizado, así como ejecuciones y desapariciones numerosas”, mismos que, dijo, “ratifican que todavía estamos muy lejos de un estado de cosas que permita relajar la guardia en materia de seguridad pública”.
Entre los crímenes a los que se refirió Gutiérrez Candiani se encuentran la ejecución de 22 presuntos delincuentes a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio pasado; el asesinato del Diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y de su ayudante, Heriberto Núñez Ramos, el 23 de septiembre, y la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, tres días después.
Según el CCE, “los sucesos de alto impacto que son noticia coinciden con una percepción ciudadana de inseguridad que se mantiene en muy alto nivel y como la mayor preocupación de los mexicanos”.
Cuatro días después, el presidente del CCE en Puebla, Fernando Treviño Núñez, se pronunció en el mismo tenor y exigió una reacción ejemplar en Guerrero y afirmó que la renuncia del Gobernador, no sería suficiente para poner fin a la corrupción en la entidad, pues, en el caso de los normalistas, todos se han lavado las manos en lugar de dar una solución.
“Este tipo de situaciones no se vislumbran desde las épocas de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, lo cual es lamentable, más allá de que esas realidades se reproduzcan a diario en otros lugares del país y sean o no publicadas por los medios de comunicación”, dijo.
“Creo que todas las autoridades de seguridad deben de estar enlazadas para poder tener de primera mano lo que está sucediendo. La sociedad civil debe asumir su responsabilidad, tiene que demandar, tiene que denunciar, tiene que ver por sus conciudadanos”, dijo por su parte la presidenta del CCE en Campeche, Esperanza Ortega Azar.
El 19 de octubre, integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) enviaron a través de su organismo cúpula un comunicado en el que los empresarios de Acapulco y Chilpancingo exigieron a las autoridades redoblar los esfuerzos para esclarecer la verdad y castigar a los culpables de los hechos acontecidos en Iguala, así́ como restablecer las condiciones de seguridad y paz para la convivencia entre los guerrerenses.
“Iguala debe ser un parteaguas para un nuevo pacto social por el Estado de Derecho y contra la impunidad, tanto en Guerrero como en el resto del país”, señalaron.
“Nos solidarizamos con las víctimas y sus familiares, y condenamos de la forma más enérgica la posibilidad de vínculos entre autoridades y grupos del crimen organizado. La justicia debe actuar con total transparencia y prontitud, y al margen de cualquier presión para hallar la verdad. Como sociedad, no podemos permitir que estos hechos queden impunes. Hacerlo, sería perder la esperanza en nuestro futuro como Nación”, destacaba el comunicado.
Cinco días antes, el presidente nacional del organismo, Juan Pablo Castañón Castañón, también en su mensaje semanal, hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno a redoblar los esfuerzos para restablecer a la brevedad la convivencia pacífica en los estados más afectados por la inseguridad, principalmente, Guerrero.
“El sometimiento de la policía de Iguala a la delincuencia organizada nos lleva a cuestionar no sólo la actuación de los policías, el Secretario de Seguridad Pública y un Alcalde, sino ¿qué falló en Iguala para que se alcanzara esta situación? Todos los órganos de gobierno, desde los locales hasta los federales, la misma sociedad y el sistema en su conjunto, fallamos en nuestros roles para que se llegara a este nivel de violencia e inseguridad, que lamentablemente no se limita a Iguala, sino que tiene su réplica en muchos municipios de nuestro país”, expresó.
Algunos empresarios han asumido un rol más activo, como Jaime Nava Romero, presidente de la Coparmex de Chilpancingo y del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero, quien reunió junto con otras organizaciones, cinco mil firmas para solicitar la desaparición de poderes en la entidad, pues aseguró que ni Aguirre y ni el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero, los atendió.
“El 14 de agosto de 2013 se le entregó al Presidente Enrique Peña Nieto un documento titulado Chilpancingo al borde de estallido social, luego a la Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH] y al Gobernador Ángel Aguirre. Todos los documentos que hemos entregado se les ha hecho caso omiso. El 17 de diciembre del 2013, la Comisión emitió un informe de 116 páginas y se lo envían al Gobernador, al cual hizo caso omiso”, acusó.
Para Eneas Mares Paris, consultor de imagen, el hecho de que el empresariado se esté mostrando más activista e el caso de Guerrero se debe a que “introducirse al debate en favor de la sociedad civil se convierte automáticamente en un activo para la organización. En el caso Ayotzinapa, al ser un tema tan sensible, el empresariado no se arriesgará a entrar al debate mediático a contracorriente, sino que más bien, exigirá respuestas como cualquier ciudadano”.
Dijo que desde la Marcha por la Paz, realizada en julio de 2004, existe una tendencia para que los empresarios mexicanos se mantengan atentos a los acontecimientos sociales y participen en ellos; no han sido un espectador más, sino que más bien se involucran y son más participativos.
“El empresariado mexicano mantendrá esta tendencia; no pueden adoptar una parte oficialista o sesgada ante acontecimientos de este tipo, pues eso, en la era de las redes sociales e información digital, sería mortal para sus intereses comerciales”, adelantó.
