Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– Al menos 3 mil 978 militares han sido desplegados para apoyar tareas de seguridad pública en el país durante 2014, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregados a SinEmbargo en respuesta a una solicitud de información pública. Durante 2013, el primero de la gestión peñista, el número de elementos castrenses que desempeñaron esas labores fue de 4 mil 319, de acuerdo con la misma contestación.

El pasado domingo 19, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, informó que el Ejército y la Policía Federal asumirían desde ese día el control de la seguridad en una docena de municipios de Guerrero y uno del Estado de México, ante la presumible infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas municipales. Según las autoridades federales, una infiltración similar en la policía municipal de Iguala fue lo que propició el asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Norma Rural “Raúl Isidro Burgos”, la noche del pasado 26 de septiembre.

Las localidades que desde el domingo han quedado bajo custodia del gobierno federal y el Ejército son Apaxtla de Castrejón, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala, en Guerrero; y el municipio de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.

Al llegar al poder, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que las Fuerzas Armadas se retirarían paulatinamente de las tareas de seguridad pública en el país. Si bien el uso de militares en tareas de seguridad interna comenzó desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León –de acuerdo con el especialista en temas de seguridad, Édgar Cortez– fue durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) que su participación aumentó considerablemente, como parte de la estrategia de un supuesto combate al narcotráfico.

Sin embargo, las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de los militares en ese contexto de “guerra” contra el narco, motivó a que organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaran en contra de la militarización de la seguridad pública.

En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación respecto a que las Fuerzas Armadas desempeñaran labores que correspondían a las fuerzas policiales y sugirió limitar al máximo su uso para controlar problemas internos “puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles”.

En el mismo sentido se pronunció el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, en su Informe final de Misión a México, publicado en junio pasado.

Heyns refirió que desde el despliegue del Ejército mexicano en 2007 para enfrentarse a los cárteles del narcotráfico “hubo numerosas ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, así como de los cárteles, a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas”.

En su relatoría, Heyns advirtió que “la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos”, dado que en el paradigma militar el principal objetivo es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza. Por el contrario, apuntó, la operación policial con un enfoque de derechos humanos contempla la fuerza como último recurso, y a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de otras vidas humanas.

A pesar de estos señalamientos y del compromiso presidencial, la Sedena mantiene operaciones permanentes para combatir la violencia en todo el país y apoya en tareas de seguridad pública a las entidades que así lo soliciten al gobierno federal, como contestó a la petición de información 0000700103414, hecha por este medio.

En otra respuesta, de la solicitud con el número 0000700103214, la dependencia refiere que desde 2008 y hasta junio pasado sólo había desplegado militares en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Michoacán y Chihuahua.

De junio a diciembre de 2013 envió a 221 elementos (la mayoría de ellos soldados y cabos) a Morelia, Michoacán; y en noviembre de ese año mandó otros 500 a Lázaro Cárdenas, en el mismo estado. De esos,  habría hasta ahora cuando menos 380 en el puerto michoacano.

En el municipio de Lerdo, Durango, desde junio de 2013 se mantienen 300 militares, mientras que en Nuevo León durante 2011 y 2012 hubo 250 elementos, pero en 2013 esa cifra aumentó a 508 y se mantuvo así al menos hasta la primera mitad de este año.

En el caso de Tamaulipas, según la Sedena, desde 2011 se mantiene la misma cantidad de efectivos: 2 mil 790.

Especialistas en temas de seguridad, como Cortez y Erubiel Tirado, han señalado que además del despliegue de militares, la militarización de la seguridad pública también se da mediante el nombramiento de militares, en activo o retirados, al frente de instancias civiles de seguridad pública.

De acuerdo con el informe Ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la militarización de la seguridad pública, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), al menos para abril de 2013 en14 entidades del país los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad pública eran militares, mientras que en otras seis entidades los jefes de las instituciones policiacas locales también lo eran, y al menos en 25 estados las policías municipales también tenían al frente a miembros castrenses.

Por su parte, la Sedena dio cuenta de que 51 militares –entre generales, jefes, oficiales y miembros de tropa– han prestado sus servicios en corporaciones de seguridad pública mediante una licencia especial, entre 2006 y 2014.

EJÉRCITO, ¿RIESGO O ÚNICA SALIDA?

A un día de que comenzara la intervención del Ejército y la Policía Federal en los 12 municipios de Guerrero y uno mexiquense, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó tal acción al considerar que los operativos implementados por el gobierno federal en los que participa el Ejército no han sido exitosos. Asimismo recordó el caso de Tlatlaya, municipio mexiquense en el que el pasado 30 de junio militares asesinaron a 22 personas (21 hombres y una mujer), presuntamente delincuentes. La versión oficial fue que se trató de un enfrentamiento entre los presuntos criminales y los militares, pero revelaciones periodísticas de la agencia Associated Press y la revista Esquire señalaron una posible ejecución extrajudicial.

Al respecto, el PRD se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

“Ni el Ejército, ni la Gendarmería, ninguna implementación del gobierno ha sido exitosa. Tlatlaya nos mostró el riesgo de utilizar al Ejército en tareas de seguridad. El gobierno federal es incapaz de garantizar seguridad a la gente y se deja corromper por delincuentes”.

La directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro, coincidió con ese señalamiento sobre la desconfianza que se cierne sobre el Ejército tras lo ocurrido en Tlatlaya. Sin embargo, cuestionó la falta de alternativas ante la colusión de las corporaciones policiacas con los criminales.

“No, no deberían estar en la calle [los militares], porque el Ejército no está preparado para estar en la calle. La pregunta trágica hoy en día también es: ¿Entonces quién más puede estar en la calle para asegurar que los ciudadanos podamos transitar sin miedo alguno?”, expresó en entrevista telefónica.

Para Culebro el problema de fondo es que en los casi dos años que lleva gobernando, Peña Nieto no ha presentado aún un plan integral de combate a la delincuencia. En lugar de eso, ha dado continuidad a la estrategia implementada por Calderón, incluido el uso de militares para tareas de seguridad pública.

“Los resultados que tenemos hoy por hoy no son nada nuevos; por el contrario, se está siguiendo la misma política del sexenio pasado, con Felipe Calderón. Veo que algo que ha fallado en este sexenio es que [Peña Nieto] no nos ha presentado a detalle un plan estratégico para combatir la delincuencia y la violencia”, dijo.

MILITARES Y GUERRERO

La Sedena también entregó información a SinEmbargo sobre cuántos efectivos militares ha desplegado en acciones de combate al narcotráfico del año 2000 a la fecha (solicitud folio 0000700103314). Los años que abarcaron el sexenio de Calderón fueron los que tuvieron los mayores números; en 2011 se alcanzó la mayor cifra de los últimos años: 52 mil 690 militares en las calles para combatir al narco. Ese año, los estados con mayor presencia castrense fueron Chihuahua (7 mil 552) y Tamaulipas (7 mil 690).

En el año 2007, cuando Calderón emprendió su política de supuesto combate al narco, salieron a la calle 45 mil militares y Veracruz fue el estado donde más hubo, con más de una décima parte del total (4 mil 737). Para los siguientes años, Chihuahua tuvo la mayor presencia militar: según las cifras oficiales, entre 2007 y 2012 hubo en total 37 mil 779 efectivos del Ejército en la entidad.

En Tamaulipas, durante todo el sexenio hubo 23 mil 440; en Veracruz, 16 mil 404.; en Nuevo León,13 mil 317; en el Estado de México, 12 mil 163; y en Guerrero, 10 mil 365.

Durante 2013, ya bajo el gobierno priista de Peña Nieto, en todo el país hubo 34 mil 529 militares en labores de combate al narcotráfico. Y en los primeros cinco meses de este año, la cantidad de militares sumaba 32 mil 959.

La Sedena ha dado sus propios resultados al respecto. De acuerdo con el informe Combate al Narcotráfico, elaborado por dicha Secretaría, tan sólo durante el primer mes del sexenio peñista se detuvo a 552 personas en acciones contra el narco; durante 2013 se hicieron 6 mil 940 detenciones y los primeros cuatro meses de este año se sumaron mil 772 detenciones más.

Además, la dependencia a cargo del general Salvador Cienfuegos Zepeda informó que ha decomisado 956 mil 593 kilos de mariguana y 2 mil 860 kilos de cocaína, además de 12 mil 629 armas y 11 mil 979 vehículos.

Según las cifras de la Sedena, durante la segunda mitad del sexenio calderonista se mantuvo la presencia de 2 mil elementos en ese estado, donde se encuentra la Zona Militar IX, pero durante 2013 el número de militares aumentó a 3 mil 605. Para mayo de 2014, la cantidad reportada fue de 3 mil 377.

La directora del IMDHD cuestionó la utilidad de resultados como esos, pues consideró que el anuncio de detenciones de los presuntos líderes de los cárteles, por más continua que sea, no significa que ello acabe con la criminalidad en el país.

Aunque la presencia de militares en tareas de combate al narcotráfico se extiende por todo el país, en el caso de Guerrero, el aumento ha sido notable durante este sexenio.

Guerrero y Oaxaca son los únicos estados que por sí solos abarcan una de las veintidós zonas militares que tiene el Ejército en el país. Pero en el caso de Oaxaca, el número de militares disminuyó, mientras que, por ejemplo, en la Zona Militar IV –que abarca a los municipios de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí– el número de efectivos no ha variado mucho: si se suma el número de militares en esos tres estados en el último año del calderonismo, la cifra (8 mil 917) es muy similar a la cantidad de militares en 2013 (9 mil 888) y 2014 (8 mil 8919).

El informe Desde la mirada ciudadana, elaborado en 2011 por el Monitor Civil de la Policía y Fuerzas de Seguridad de La Montaña de Guerrero, señala que la presencia del Ejército en Guerrero no se ha circunscrito siempre a cuestiones vinculadas con el combate al narcotráfico, pues en distintos momentos históricos y circunstancias particulares “ha perseguido una intencionalidad especialmente vinculada con la contención social”.

Además señala que la militarización en la entidad no ha abatido los índices de inseguridad, pese a lo cual se insiste en ella como si fuera la única alternativa.

El documento recuerda que en Guerrero, el Ejército ha estado presente de manera constante desde el siglo pasado, particularmente a partir de la “Guerra Sucia”, durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. La tendencia, señala, “parece no revertirse”.

Agrega que si bien ahora la militarización se justifica a partir de la crisis de violencia que hay en la entidad, la presencia de militares en el estado tuvo sus orígenes en la pretensión de usarlas como medio de contención social, pues durante los años setenta, el Ejército tuvo un papel protagónico para combatir a los movimientos sociales y armados en el estado.

“Hoy se encuentra plenamente demostrado que en ese contexto se perpetraron miles de graves violaciones de derechos humanos en contra de la población, principalmente la rural, tales como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, lo que en Guerrero alcanzó proporciones sin paralelo en todo México”, expone el documento.

Entre esos hechos destaca la desaparición forzada, en 1974, de Rosendo Radilla Pacheco, del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al Estado mexicano y sentenció que había ocurrido como parte de un patrón de detenciones y desapariciones forzadas masivo.

En los años ochenta disminuyó la presencia de militares en el estado y paulatinamente se quedó a cargo de la erradicación de los cultivos de enervantes en las regiones de La Montaña y la sierra.

Pero tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el 1 de enero de 1994, el Ejército mexicano intensificó de nueva cuenta las labores de contrainsurgencia en las regiones con fuerte presencia indígena y trayectorias de movilizaciones sociales guerrerenses, de acuerdo con el informe.