La falta de debida diligencia de la Procuraduría General de la República hizo que en los últimos tres años el caso Tlatlaya se mantenga en la impunidad, afirman los abogados que acompañan a una de las víctimas.
El 3o de junio de 2014, un convoy del Ejército abatió a 22 personas, al menos ocho habrían sido ejecutados, ya que no fueron parte de fuego cruzado alguno. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expuso en un primer momento que entre 12 y 15 fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.
Ahora un Juez ha ordenado a la PGR juntar pruebas suficientes para imputar cargos a tres soldados que habían quedado libres de señalamientos cuando un juez anterior encontró que había deficiencias en la investigación. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ve en el caso Tlatlaya la impunidad que azota al país.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– La falta de investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido una constante en los casos judiciales del sexenio, y en el caso del homicidio de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de junio de 2014, no es la excepción. Sin embargo, esta investigación dará un vuelco, luego de que un juez ordenara a la Fiscalía mexicana investigar toda la cadena de mando del Ejército que intervino en esta ejecución extrajudicial.
Hoy, los abogados de las víctimas del caso Tlatlaya esperan que una nueva orden de un juez desmantelé la cadena de mando del Ejército que acabó con la vida de 22 personas.
La investigación de esa cadena de mando sólo ha mandado a llamar al teniente coronel Sandro Díaz, por aparecer en la firma de un documento en el que se manda a abatir delincuentes en “horas de oscuridad”. Díaz negó que el escrito fuera de su autoría y lo calificó de ser un formato utilizado por el Ejército.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) apuntalaron que el nuevo giro del Juzgado Decimo Cuarto en Materia de Amapro Penal revive el interés por agotar la posible implicación de mandos superiores en la orden de la matanza.
“Se citó a esa persona que firma, y dijo: ‘yo no sé nada, eso es un machote’. El Juez entonces razona: ‘esto no es una investigación seria’. Y ordena investigar la cadena de mando, más allá de los militares que estuvieron esa noche en la bodega. Investigar qué significa esa orden, quién la inició, qué implicaciones tiene”, dijo el abogado Leopoldo Martínez Delgado, en entrevista con SinEmbargo.
PGR, OBSTÁCULO PARA LA JUSTICIA
La falta de interés por parte de la PGR no sólo obstaculizó la verdad sobre lo sucedido el 30 de junio cuando soldados masacraron a 22 personas, sino se ha vuelto la marca de un sexenio en otros casos emblemáticos como el de la desaparición de 43 normalistas la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
“Tlatlaya sigue siendo un ejemplo emblemático de cómo no funciona la procuración de justicia en México y es algo a lo que le tiene que apostar una futura Fiscalía. Queremos que la próxima pueda tener una actuación totalmente distinta a la que está teniendo actualmente la actual”, dijo Gabriela Carreón, una de las abogadas del Centro Prodh.
La organización civil litiga en acompañamiento de Clara Gómez, una mujer que en búsqueda de su hija, quien también fue asesinada, presenció los hechos.
De acuerdo con Carreón, la falta del actuar de oficio de la PGR obliga a la defensa de Clara a acudir a otras instancias del Poder Judicial para exhortar al Ministerio Público a cumplir con su papel de investigar.
“Me parece que en este caso y otros se repite la consecuencia de la inactividad del Ministerio Público, que es la impunidad. Y eso tiene que ver con una falta de parámetros establecidos para realizar investigaciones en materia de ejecución arbitraria. Es decir, notamos que en este tipo de casos no hay acciones como preservar la escena del crimen, existe criminalización de las víctimas generalmente –se dice que las personas que murieron son delincuentes–, y si corren la suerte de investigarse se desdice esto aplican otra serie de obstáculos”, expuso Carreón.
En tanto, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, tres de los militares que supuestamente asesinaron al menos a ocho personas han quedado libres de señalamientos desde hace más de tres meses cuando el Tribunal Unitario del Segundo Circuito halló falta de pruebas para inculparlos.
“Lo que dice el Juez cuando revoca el auto de vinculación a proceso de estos militares es que en efecto la PGR no adjunta las suficientes pruebas, pero no dice que sean imposibles de conseguir, o que no existan” , dijo Leopoldo Martínez.
Los abogados del Centro Prodh están convencidos de que las pruebas existen, aunque no se hayan incluido aún a cabalidad en las acusaciones en contra de los castrenses.
“Sí hay elementos para decir que hay una privación de la vida, pero el Juez le dice a la PGR: ‘dame más pruebas, porque sin ellas no puedo actuar’. Por decirlo de alguna manera, la pelota queda en al cancha de PGR otra vez para investigar correctamente y consignar a estas personas”, dijo Martínez.
EN BUSCA DE JUSTICIA
De acuerdo con los abogados aún es posible consignar a más personas por asesinato, cuatro militares cargados con delitos menores fueron liberados en el 2015.
Mientras la PGR ha referido ante un Juez que el número de asesinados ascendió a ocho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un primer momento enfatizó que se podría tratar de entre 12 a 15 personas que no eran amenaza alguna para las tropas, una vez acabada una balacera.
“Pero eso no nos lo permite saberlo la modificación de la escena del crimen, pero por lo menos 12 fueron ejecutadas arbitrariamente y posiblemente hasta 15 de las 22 que fueron halladas en la bodega en Tlatlaya”, dijo Martínez.
Mientras que el caso se dirime en el ámbito civil, también se abordó en los tribunales milites, los cuales dejaron libre de cargos a seis de los presuntos implicados el noviembre pasado por decisión del Juzgado Sexto Militar.
El séptimo de los presuntos implicados fue condenado a un año de prisión, una pena que ya había cumplido a la hora de la sentencia.
“La jurisdicción militar está prohibida para casos donde hay personas civiles involucradas. Así lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pensábamos que era un tema acabado, pero Tlatlaya nos vuelve a recordar que la jurisdicción militar sigue presente. Hoy los casos están cerradas pero sí que hubo conocimiento de la jurisdicción militar”, dijo Carreón.
¿Qué sigue para el caso Tlatlaya?
El amparo concedido a los abogados de Clara manda a la PGR a presentar un cronograma de actividades de investigación en el plazo de 30 días a partir del día de la notificación. Por lo que se espera que en los siguientes días el Ministerio Público federal entregue este documento.
“Esperamos ver actividades en el cronograma a investigar la cadena de mando, a la participación de las víctimas, que engloba a ellas como coadyuvantes del caso, como marca la constitución”, dijo Martínez.
