Identificada por participar en la próspera industria del secuestro, la Policía Federal, parece empeñada en seguir aumentando su negro historial al que ahora hay que añadir “ejecuciones arbitrarias”.

Creada por Ernesto Zedillo el 4 de enero de 1999 como Policía Federal Preventiva, fue reestructurada por Felipe Calderón diez años después para otorgarle facultades de “investigación” y como brazo operativo contra la delincuencia organizada.

La teoría es muy bonita, pero con Genaro García Luna, la Policía Federal se convirtió en un monstruo, un ente policial por encima de la ley, un engendro de poder con licencia para torturar, desaparecer, secuestrar y ejecutar extrajudicialmente. Y esa descripción de actividades, continua con Enrique Peña Nieto en Los Pinos.

Así lo demuestran los casos documentados de Apatzingán y Tanhuato, ambos en Michoacán. Así lo demuestran cientos de casos de graves delitos denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y así lo demuestran los miles de secuestros donde han participado denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El sistema de justicia se ha convertido en su cómplice. No hay juez, ministerio público, institución que lo ponga un alto a la Policía Federal. Ellos son los amos y señores de México. Y por eso le han buscado un hombre como Enrique Galindo Ceballos comisionado general de la Policía Federal. Un hombres que no distingue lo que es lícito y lo que es un delito.

El señor Galindo prefiere pasarse por el arco del triunfo los derechos humanos. Para él todo vale. Y por eso nos ha demostrado que prefiere seguir protegiendo a sus muchachos aunque sean asesinos, secuestradores, torturadores, especialistas en manipular escenas del crimen, en sembrar armas y droga con tal de justificar sus crímenes.

El comisionado Galindo de 50 años cuenta con un amplio expediente académico. Pero ¿de qué le sirven tantos cursos, diplomados, maestrías, doctorados, si justifica que algunos de sus policías se hayan convertido en delincuentes y esta dispuesto a protegerlos por encima de la ley? ¿Qué significado tiene “la ley” para los policías federales?. A la vista de los hechos recientes, ninguno.

Le recomiendo al comisionado Galindo que revise el informe de la CNDH sobre Tanhuato de casi 700 páginas. Cualquier jefe decente y profesional de una corporación, sentiría vergüenza de la institución que dirige si sus elementos se atreven a torturar hasta la muerte a los detenidos. En Tanhuato los federales dispararon por la espalda a corta distancia a 13 detenidos, movieron siete cadáveres para modificar la escena, once cuerpos estaban descalzos, les sembraron armas a otros 16 y para rematar quemaron literalmente a otros dos.

Usted lector o lectora, imagine el escenario. ¿Qué tipo de gente es capaz de hacer lo anteriormente descrito por la CNDH? Esos delincuentes vestían el uniforme de la Policía Federal. Imagínelos torturando a los detenidos, algunos como Francisco Daniel Magallón Torres de apenas 17 años quien se encontraba en el lugar trabajando de peón. Imagine a los policías federales moviendo los cuerpos y sembrándoles las armas. Imagínelos aplicando la “ley fuga” y disparando por la espalda a los detenidos.

Los policías federales que cometen este tipo de delitos manchan el uniforme y representan una ofensa para la propia institución. Pero comisionado Galindo prefiere seguir desprestigiando la corporación que dirige, sosteniendo a delincuentes en su puesto y no permitiendo que sean juzgados.

Hace 15 meses, el comisionado Galindo aseguro que el caso Tanhuato había sido un “enfrentamiento”, aunque numericamente nadie lo creyó: 42 “delincuentes” abatidos y enfrente un policía federal. Los federales utilizaron un helicóptero para lanzar cientos de balas, nunca tuvieron la intención de detener a los presuntos delincuentes.

“Definitivamente no tenemos ninguna aproximación a lo que haya sucedido en Tlatlaya. Aquí hubo enfrentamiento demostrado… no hay ninguna ejecución después del enfrentamiento”, dijo Galindo el 25 de mayo del año pasado, días después de los sucesos en Tanhuato.

Pues bien, se ha demostrado que el comisionado Galindo mintió. Por tanto, debería renunciar o ser sometido a juicio. Pero lo anterior ocurriría en una democracia real. Enrique Peña Nieto y sus secretarios han convertido a México en una República Bananera. Aquí no existe un verdadero estado de derecho. Y para comprobarlo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong sostiene a sus muchachos, también por encima de la ley. Y antes que él está Renato Sales quien reafirma al comisionado Galindo en su puesto y califica el informe como “radical”.

Unos y otros se tapan. La protección a los asesinos del Estado sale de Los Pinos. Así lo demuestra la cadena de mando que sostiene a los delincuentes con uniforme, ya sean policías federales, estatales, municipales, militares, marinos…

Tanhuato no es el único pendiente que tiene la Policía Federal, antes ocurrió Apatzingán donde el seis de enero de 2015, 49 personas sufrieron graves violaciones de derechos humanos por parte de los policías federales. Nuevamente, el informe de la CNDH desvela los detalles de por lo menos una ejecución extrajudicial, el secuestro de cinco personas, la violación a la legalidad y seguridad jurídica de los detenidos, la no preservación del lugar de los hechos, la indebida actuación de la cadena de custodia, las omisiones en la realización de diez necropsias y las irregularidades en la asignación de nombres de dos cadáveres.

Podríamos seguir con el historial negro de la Policía Federal que va en aumento y así seguirá por la falta de decencia de quienes la dirigen y la impunidad que cubre a sus malos elementos, pero el catálogo de fechorías sería interminable como en el caso del Ejército y la Marina.

Recuerdo que en 2011, Fernando Ruiz Canales, presidente de la organización no gubernamental del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos me dijo en entrevista que el 75 por ciento de los secuestros cometidos en México, unos 40 mil al año, pueden ser adjudicados a elementos de la Policía Federal. “Esa gran industria del secuestro”, es de ellos, afirmó.

Y añadió: “Desde la aparición de ese monstruo llamado Policía Federal vimos como se incrementó hasta la punta, el fenómeno del secuestro y como aumentó su presencia de manera constante. La Policía Federal se ha convertido en un cáncer social; lo mismo fue la AFI de Genaro García Luna, pero ésta ya desapareció y la otra sigue. Es una institución corrompida desde sus orígenes, gente con historial muy negro, muy peligroso en el crimen organizado. Crearla fue como lanzar gente con licencia para delinquir”.

¿Alguien tiene alguna duda al respecto?

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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