Janet Oropeza Eng es investigadora en el área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
La mañana del 21 de agosto de 2015 el entonces Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, absolvió al Presidente Enrique Peña Nieto y al ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, de posibles conflictos de interés por la compra de casas a empresas a las que el gobierno federal y el del Estado de México había otorgado contratos multimillonarios. La SFP indicaba que las compras de bienes inmuebles se habían realizado antes de que fueran servidores públicos federales y que ninguno había participado directamente en los procesos de contratación públicos de estas empresas. La investigación fue cuestionada por expertos en la materia, pues Virgilio Andrade era una persona cercana a ambos, por lo que la misma careció de la independencia y objetividad necesaria. El descontento social que siguió a la conferencia de prensa de la SFP, además, fue tan grande que el propio Presidente ofreció una “disculpa por los hechos que lastimaron e indignaron a muchos mexicanos”, mientras que Videgaray lo hizo en redes sociales.
Detrás de estos hechos, está un fenómeno muy preocupante y recurrente en nuestro país: la utilización de los cargos públicos para beneficio privado sin que haya consecuencias, ni sanciones. Dicho de otro modo, aquellos y aquellas en los puestos más importantes y a los que hemos encomendando velar por el interés público y nuestro bienestar abusan de su posición para su beneficio personal o de terceros, al amparo de las propias instituciones. Es innegable que las conductas del Presidente y del entonces Ex Secretario de Hacienda y Crédito Público son cuestionables y contrarias a la función de servicio público que asumieron.
Lamentablemente, a este caso, se suma el de tantos gobernadores que han desfalcado los presupuestos de sus estados para su beneficio privado, con las afectaciones que estos actos causan en un país profundamente desigual y con altos niveles de pobreza. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2015, la preocupación de la ciudadanía por el fenómeno de la corrupción va en aumento. El 88 por ciento de los y las mexicanas considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en sus estados. Además, en 18 entidades es percibido como el segundo problema más importante -incluso hay una entidad, Sinaloa, en donde es considerado el principal problema por encima de otros como la inseguridad-.
Sin embargo, si algo positivo tuvo este suceso de Peña Nieto y Videgaray fue que, posterior al mismo, se llevaron a cabo reformas legales importantes, en las que se definieron las conductas de los servidores públicos y actores privados que serán consideradas contrarias al interés público y, por lo tanto, sujetas de sanción. Estas nuevas faltas administrativas -graves y no graves- quedaron plasmadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, además, retomó muchas de las propuestas que se hicieron en la iniciativa ciudadana de ley conocida como Ley3de3.
Para complementar estas nuevas faltas administrativas establecidas, se crearon también 18 cargos de Magistrados y Magistradas especializados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A estos 18 ciudadanos y ciudadanas, la opinión pública, los ha denominado los Magistrados y Magistradas Anticorrupción, pues serán figuras que se encargarán de determinar si algún o alguna servidora pública o particular han incurrido en faltas graves y de aplicar la sanción correspondiente. Estos nuevos Magistrados y Magistradas durarán en su encargo 10 y 15 años y deben ser capaces, íntegros, comprometidos con el interés público, independientes e implacables para poder cumplir con la función tan importante que se les ha encomendado.
El problema es que, actualmente, el proceso para designarlos y designarlas no cumple con parámetros de transparencia y carece de mecanismos que permitan la participación ciudadana y justifiquen adecuadamente su posible elección. El 24 de abril el Ejecutivo Federal envío a las Comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado una lista de 18 candidatos y candidatas a Magistrados Especializados del TFJA para su ratificación. Esta lista no venía acompañada de una justificación sobre el mecanismo y los parámetros con los que se habían elegido, además no proporcionaba información sobre cuántos candidatos y candidatas se habían considerado en todo el proceso. De igual forma, esta lista se había creado por el Ejecutivo de forma unilateral, sin mecanismos que hubieran permitido la participación u opinión de la ciudadanía sobre el perfil y cualidades que necesitaban poseer estos Magistrados y Magistradas Anticorrupción.
Sin una evaluación correcta y abierta de aspirantes, no llegarán los mejores perfiles y no tendremos a los Magistrados y Magistradas Anticorrupción que necesitamos para combatir la corrupción. Por esta razón, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicas y privadas hemos expresado nuestra preocupación al Senado de la República y le hemos propuesto los siguientes pasos para asegurar un buen proceso de designación: 1) pedir al Ejecutivo Federal que haga públicos los criterios, razonamientos y elementos usados para proponer a estos 18 candidatos y candidatas, 2) conducir el proceso de designación de forma transparente, abierta y con participación ciudadana, 3) explicitar los criterios de valoración que usará para ratificarlos o no, 4) investigar la idoneidad de los candidatos y candidatas, antes de las comparecencias públicas y, 5) establecer mecanismos que permitan recibir insumos ciudadanos durante el proceso.
Creemos que el Senado de la República tiene la obligación y el encomiendo de constituirse como un contrapeso al Poder Ejecutivo y de llevar a cabo un proceso de designación transparente, abierto a la participación de quienes quieran contribuir al mismo y, sobre todo, que justifique la elección final que se haga. Sólo así, lograremos tener a Magistrados y Magistradas Anticorrupción capaces e implacables y terminar con este mal que tanto nos preocupa y afecta a los y las mexicanas.
En el sitio Designaciones Públicas, puedes encontrar los pasos que Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19 proponemos para una buena designación.
