Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– Alondra Luna Núñez, la menor guanajuatense de 14 años que fue separada por la Interpol de sus padres para ser llevada a Estados Unidos por una mujer que la reclamaba como su hija, arribó esta tarde a Guanajuato.
Alondra fue prácticamente secuestrada por la Interpol, que no tuvo información suficiente sobre su identidad y aún así se la llevó de México con anuencia de un juez. La prueba de ADN confirmó que no era ella la que una familia de Estados Unidos exigía como su hija.
“Hicieron las cosas mal porque me separaron de mis padres”, dijo Alondra en conferencia de prensa. Los padres de la menor, Gustavo Luna y Susana Núñez, informaron que analizarán la forma en que procederán para denunciar la violación de derechos humanos luego de que la menor fuera sacada del país.
En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) dijo que el caso de Alondra es paradigmático “por las graves violaciones a los derechos humanos de la niña y su familia, ejercidos por autoridades mexicanas buscando ‘cumplir la ley'”.
La Redim dijo que Alondra debe recibir ayuda profesional para prevenir el “estrés post-traumático” ocasionado por la privación de su libertad, la sustracción del país y estar en un lugar con un idioma diferente y sin los referentes afectivos con los que cuenta en México.
“Es lamentable que las autoridades mexicanas repitan el patrón de no defender a los connacionales frente a las autoridades estadounidenses”, dijo la organización. Por ello exigió investigar y sancionar a las y los funcionarios que participaron en este proceso irregular.
Dijo que se debe garantizar la seguridad de la niña Alondra y su familia, buscando el pronto retorno de la niña al Estado de Guanajuato “para que ella y su familia tengan acompañamiento profesional”. Asimismo pidió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH para que investigue el caso y emita las recomendaciones necesarias a las autoridades involucradas.
“Este caso preocupa porque la Policía Federal y las autoridades judiciales ignoraron la Ley General de derechos de niñas, niños y adolescentes, que dice: ‘Articulo 73.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan, en los términos señalados por el Capítulo Décimo Octavo’ [interés superior de la niñez] promulgada por Peña Nieto en diciembre del 2014”, refirió la organización.
Alondra, de 14 años, fue arrebatada de su familia el pasado jueves, para ser entregada a Dorotea García, residente estadounidense que aseguraba ser su verdadera madre biológica. Sin embargo, esta mañana Gustavo y Susana así como la Cancillería mexicana informaron que las pruebas realizadas en el Consulado de México en Houston, Texas, confirmaron que la menor no es hija de la ciudadana estadounidense.
“Hoy a las seis de la mañana nos notificaron de la cancillería, ya tenían el resultado y es negativo, ella sale para acá en el primer vuelo, a las 7 de la mañana y llega aquí a las 11”, dijo su madre, Susana Núñez en entrevista para Grupo Imagen.
En tanto su padre, Gustavo Luna explicó esta mañana en W Radio: “A temprana hora tuve la llamada de la canciller de allá de México, Reina Torres, directora de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues me dio la buena noticia de que salió la prueba [de ADN] a favor mío y que mi hija está por llegar aquí a Guanajuato”.
Posteriormente el padre de la menor dijo a Radio Centro que procederán legalmente contra autoridades por su equivocación.
Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que “los resultados de la prueba practicada el lunes 20 de abril resultaron negativos respecto a la madre que solicitó la restitución, por lo que de manera inmediata se procedió a operar la repatriación de la menor”.
La dependencia explicó que en 2007 recibió la solicitud de retorno de la menor bajo el argumento de que había sido sustraída de Estados Unidos por su padre. “En ese momento, la información disponible apuntaba a que la niña podría encontrarse en Tacatzcuaro, Michoacán, por lo que el expediente fue remitido al Tribunal Superior de ese estado”, detalló.
La Cancillería dijo que en marzo de 2015, la Autoridad Central estadounidense informó que la madre había viajado a Guanajuato y había identificado a la menor, lo que confirmaba que se trataba de su hija a quien había buscado por ocho años.
“Derivado de ello y en acatamiento a los estándares internacionales fijados en materia de restitución internacional contenidos en las Guías de Buenas Prácticas emitidas por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la juez de la causa solicitó la intervención de la Interpol para que presentara a la menor y, en audiencia ante el juzgado, se determinara su identidad y la procedencia de su restitución a Estados Unidos”, precisó.
Sobre el caso, la Redim dijo que en el caso no se atendió el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes” emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2012.
“La actuación de las autoridades ha generado incertidumbre jurídica al violentar las garantías judiciales de ser escuchado, actuar con imparcialidad y tener un juicio justo. El proceso llevado a cabo por las autoridades policíacas y judiciales cayo en el ridículo, careció de sentido común y respeto a los derechos humanos”, manifestó la organización.
