Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– El dictamen aprobado ayer en el Senado de la República para castigar hasta con 140 años de prisión a secuestradores no sirve de nada para resolver de fondo el problema en México si prevalece la impunidad en el país, alertaron especialistas y políticos que rechazaron la propuesta impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El Senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que el dictamen además de ser inconstitucional, no ataca de fondo el problema del secuestro en el país, ni propone la reinserción social del delincuente, tampoco plantea resarcir los daños a las víctimas.
Por su parte, Julio Hernández Barros, especialista en derecho penal y académico de la Universidad Iberoamericana, explicó que las penas altas no son una forma de evitar o prevenir el delito.
El académico afirmó que la verdadera forma de reducir el secuestro, dijo, es combatir la impunidad, investigar con inteligencia tecnológica e institucional a los criminales, y castigar a los responsables de este delito.
“Realmente es absurdo aumentar las penas si no se combate la impunidad. Es decir, penas altas con impunidad alta, no sirve para nada. Penas bajas con abatimiento de la impunidad dan resultado; ese es un experimento a nivel mundial”, expuso.
Ayer, gracias al apoyo de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), los verdes reunieron los votos suficientes para incrementar las penas contra secuestradores de 40 a 80 años de prisión y, en caso de registrarse agravantes, se elevarán de 50 a 140 años de cárcel.
El legislador Ríos Piter, condenó la aprobación y argumentó que el PVEM “es el único Partido Verde en el mundo que ofertó originalmente pena de muerte [a secuestradores]. Al ver que este planteamiento por sí mismo es anticonstitucional y descabellado, han reculado y lo que propusieron ahora es incrementar las penas […]. Un planteamiento que no va al fondo del problema, que sólo quiere darle atole con el dedo a la gente y nosotros no nos vamos a prestar a un fiasco de esta naturaleza, porque solamente se trata de cumplir un capricho a la agenda electoral de un partido político”, afirmó a SinEmbargo.
Sin debate, por un acuerdo político de los coordinadores parlamentarios, el dictamen se presentó al Pleno y fue aprobado con 61 votos a favor, 22 en contra y cinco abstenciones y posteriormente se envió a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.
Actualmente, el secuestro en México constituye la segunda conducta que más lastima el orden social y la tranquilidad de las personas, únicamente después del homicidio.
EL SECUESTRO EN NÚMEROS
En marzo de este año el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dio a conocer que los secuestros aumentaron un 11.2 por ciento en el primer bimestre de 2014 con respecto al mismo periodo del año pasado.
Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 fueron denunciados dos mil 754 secuestros en México, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Sistema de Seguridad dio a conocer a través del Informe preliminar sobre incidencia delictiva nacional del fuero común 2014, que en nuestro país se registran alrededor de cinco secuestros al día.
En enero y febrero de este año se documentaron 278 denuncias por secuestro, es decir, 250 más de las que se registraron en el bimestre de 2013.
A nivel nacional, hubo 133 secuestros en enero y 145 en febrero, mientras en que en 2013 en el primer mes de ese año fueron secuestrados 134 personas, y 116 en febrero.
El informe destacó que Michoacán, Tamaulipas, y el Estado de México fueron los estados donde durante los primeros dos meses del año se detectó un mayor número de privaciones a la libertad, sin embargo, el estado con mayores afectaciones por este delito fue Morelos, donde secuestraron a 27 personas entre enero y febrero de este año, mientras que en 2013 en ese periodo, hubo un registro de 11 personas, es decir, aumentó cerca del 145 por ciento.
En tanto, Michoacán incrementó el número de secuestrados en un 33.3 por ciento con respecto al año anterior, al pasar de 27 denuncias en 2013 a 36; Tamaulipas pasó de 31 a 38 con lo que repuntó un 22.6 por ciento; Estado de México registró un incremento del 0.8 por ciento al pasar de 26 a 34 casos.
Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer en septiembre de 2013 que el primer semestre de ese año había sido el peor desde 1997, al registrar, según sus datos, 878 casos de secuestro, cuestión que rebasaba casi tres veces los números registrados durante los primeros sexenios de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, con 275 y 287 casos, respectivamente.
En otra trinchera, la inoperancia de las unidades de combate al secuestro en las entidades federativas orilló a que el Senado de la República hiciera un llamado a todos los gobiernos estatales, para que estandaricen sus labores con la estrategia del Gobierno federal.
“Lo que nosotros queremos es que el delito del secuestro se combata con la misma intensidad en el Estado de México que en Nuevo León, que en Michoacán, que en Veracruz, que en Michoacán. Es decir no podemos tener estados que trabajen muy bien en contra del secuestro y otros que lo hacen muy mal, cuando ya hay una estrategia del Gobierno federal que establece mínimos sobre los cuales debieran trabajar”, sostuvo el Senador panista Fernando Yunez Márquez, previo a la aprobación del punto de acuerdo.
UN VERDADERO COMBATE
Para abatir este delito, el académico de la Ibero recalcó que más que imponer penas altas, las autoridades deberían preocuparse por reducir el número de delitos que no reciben castigo, que en México llega al 98 por ciento sobre cifras de denuncias hechas, es decir, sin que se incluya la cifra negra de delitos que no se denuncian.
“¿Por qué no se castiga? Principalmente porque la policía es incapaz de identificar al delincuente y de someterlo a juicio, en primer lugar y en segundo lugar, en mucho menor medida, por defectos en la integración de la averiguación previa”, detalló Hernández Barros.
Señaló que incluso en Estados Unidos, en las entidades donde no había pena de muerte y se impuso este castigo, no disminuyeron los crímenes, ni siquiera de una décima porcentual en el índice de delitos que merecían pena de muerte.
“Al crimen no se le puede combatir como pensó [el ex Presidente Felipe] Calderón, con balas y rifles, sino que al crimen hay que combatírsele con alta tecnología, con geolocalización, con pruebas de ADN, con bases de dato de material forense que se puedan comparar, etcétera”, explicó Hernández Barros.
De acuerdo con datos proporcionados por Renato Sales Heredia, coordinador nacional para el Combate del Secuestro, sólo las unidades antisecuestro de Chihuahua, Nuevo León y Puebla cuentan con una estructura operativa eficiente.
Ante esto, el doctor en derecho recalcó que más que la creación de estas unidades especiales antisecuestro en el país, que la mayoría no cuenta con la capacitación ni con los controles de calidad adecuados, la mejor forma de combatir este delito es establecer una coordinación eficaz entre el Gobierno federal y los gobiernos estatales para compartir información útil, contra este flagelo.
“Lo que sí creo que esté funcionando y que va a funcionar es esta coordinación nacional antisecuestro en donde, con los recursos necesarios, con el apoyo de todas estas unidades que no funcionan, puede dar un mejor resultado. Y lo hemos visto últimamente, con muchas detenciones, pero sobre todo con la liberación de víctimas, que es lo que más importa”, afirmó Julio Hernández Barros.
