El tema de la liberación del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), detenido en España el 15 de enero pasado y liberado una semana después, llega hasta jueces y abogados españoles, quienes también habrían intervenido para si liberación, de acuerdo con medios ibéricos.
Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).– El fin de semana salió a relucir en España la relación entre el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, el juez que lo liberó durante un breve arresto en España, Santiago Pedraz, y el ex juez Baltasar Garzón Real.
La relación entre el ex juez y Moreira se remonta a 2011, cuando Garzón Real trabajó como asesor legal para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El jurista y el político se conocieron en un foro organizado por la Cámara de Diputados. Allí Garzón conoció también a Rubén Moreira, actual Gobernador de Coahuila y hermano de Humberto.
El 23 de febrero, el diario El País publicó un reportaje en el que destacó que el mismo día de la detención de Humberto Moreira, los funcionarios de la Embajada de México en Madrid recibieron órdenes de que se volcaran con el caso: unos en la búsqueda de prestigiosos abogados españoles –su primera opción habría sido Garzón– que se hicieran cargo de su defensa, otros en la atención a Vanessa Guerrero, la esposa de Moreira, y de sus hijas, quienes durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho, en la calle del Prado, en Madrid.
Según El Español, el ex Gobernador de Coahuila fue absuelto por posible corrupción por el juez Santiago Pedraz, pero antes ese mismo magistrado salvó a una constructora que financió a la Fundación Internacional Baltasar Garzón.
El medio menciona que el juez Santiago Pedraz archivó en mayo de 2011 una denuncia pública que acusaba al grupo Eurofinsa de comprar a funcionarios públicos en Angola.
Siete meses después de haber sido exonerada por Pedraz, la constructora se convirtió en el principal donante de la recién creada Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el organismo creado tras la sentencia que apartó al magistrado de la carrera judicial para canalizar sus conferencias, cursos y acciones sociales.
En dos años [2012 y 2013], destaca el diario, “la constructora donó un total de 400 mil euros a la fundación”.
