Ciudad de México, 22 de feb (SinEmbargo).– La Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa para marginados más agresivo presentado hasta ahora por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha terminado con la “luna de miel” que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las fuerzas de oposición tenían en el Congreso y que había permitido impulsar, por ejemplo, la Reforma Educativa o la Ley de Víctimas.
Ayer, diputadas y senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) revisaron la lista de comunidades que se pretende beneficiar y detectaron que en algunos estados se da preferencia a municipios donde se prevén contiendas cerradas en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de julio, en 14 estados del país.
Las entidades federativas serán: Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa, Hidalgo y Coahuila.
Y en cambio, argumentaron, otros municipios y entidades que no son “jugosas” en términos electorales, quedaron fuera. Los 114 diputados del PAN colocaron cartulinas en sus curules con la leyenda: “No sólo en los estados donde hay elecciones hay hambre”.
Antes de llevar la protesta al recinto legislativo, las panistas detallaron en una conferencia de prensa del pasado lunes 18 de febrero, en la sede nacional de su partido, que más de 200 de los 400 municipios son electoralmente competidos. Tal es el caso de la capital de Aguascalientes, que concentra el 70 por ciento de la población estatal.
Agregaron que la Cruzada contra el Hambre tocará las tres ciudades más importantes de Baja California, cuya gubernatura se renovará a mediados de año: Tijuana, Ensenada y Mexicali. Y dejó de lado los municipios de Mezquitic y Tequila, en el estado Jalisco concentran poblaciones con altos índices de pobreza extrema.
Ante la falta de información sobre la estrategia para definir los municipios que se beneficiarán con este programa social, diputados del PAN, primero y del PRD después, expresaron su inquietud para que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, explique pormenores de la Cruzada, así como otros programas sociales que funcionarán este año: El de 65 y más y el Seguro de vida para madres solteras.
“Es importante que aclare por qué en los 400 municipios seleccionados metieron grandes capitales urbanas que van a tener elecciones y dejaron fuera poblaciones, comunidades, municipios que tienen un alto porcentaje de pobreza extrema”, indicó la Diputada panista Beatriz Zavala Peniche.
EL PRI LEVANTA EL BRAZO
Aunque todavía no hay fecha para la comparecencia de Rosario Robles, las inquietudes compartidas por la oposición prendieron la alerta del PRI para anticipar su defensa ante cualquier intento de “juicio sumario”.
Y es que durante la sesión de este jueves 21 de febrero, diputados del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano se pudieron de acuerdo para realizar una protesta común contra el uso electorero de la Cruzada contra el Hambre.
De inmediato se propagó entre los priistas el deseo de no exponer a Rosario Robles a acusaciones mediáticas innecesarias, en una comparecencia ante las comisiones Desarrollo Social y de Asuntos Indígenas.
Por ello, intentaron sin éxito frenar la comparecencia. En una cerrada votación a mano alzada, la oposición se impuso en dos ocasiones y se aprobó citar a la funcionaria.
“¿Por qué no hay reglas de operación publicadas? Porque la ley obliga a que los programas, cuando van a ejercerse recursos públicos, tengan sus reglas de operación claras. Lo mandata incluso el Presupuesto de Egresos de la Federación”, cuestionó la panista Beatriz Zavala.
Sin embargo, el PRI considera que habrá una estrategia defensa para evitar que la comparecencia se convierta en un ataque mediático.
La Cruzada Nacional contra el hambre fue presentada como una Estrategia de Inclusión y Bienestar Social, impulsada por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que busca “garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de 7.4 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema”.
Entre sus objetivos se encuentran “eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia», así como «aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas”.
La meta es atender 400 municipios y localidades de mayor pobreza en todos los estados del país.
“De repente, puede ganarle, a algunos compañeros, la identificación ideológica que tenga cada uno de ellos y por supuesto que tenemos que cuidar aquí, no debe de imperar el interés ideológico ni de partidos. La pobreza no tiene partidos políticos”, recalcó la legisladora priista Francisca Elena Corrales, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social.
A DEFENDER A ROSARIO
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Eufrosina Cruz, consideró urgente que se dé prioridad a los municipios con extrema pobreza, dentro del programa principal de combate al hambre, del gobierno de Peña Nieto.
“La inquietud de todos los compañeros es saber bajo qué criterio se establecieron los 400 municipios en esta Cruzada contra el Hambre, porque hay municipios, como es el caso de Oaxaca, que están en extrema pobreza y que no están incluidos como San Juan Tepetlapa, de Iztlayutla, que son municipios que ni siquiera tienen escuelas”, abundó la legisladora oaxaqueña.
Por respuesta, y adelantándose a lo que podría decir la secretaria de Desarrollo Social, el PRI justificó que se hayan incluido a populosas ciudades dentro de la Cruzada, con el argumento de que en las urbes también existe una gran marginación y pobreza.
Indicó que el presupuesto no alcanza para cubrir las necesidades de todos los municipios. Incluso, recalcó, no podría dejar de lado algún municipio sólo porque allí habrá elecciones.
“Mi perspectiva es que en las ciudades se concentra el mayor número de pobreza, porque se concentra el mayor número de habitantes. Y yo no puedo decir que en los cuatro municipios de mi estado (Sinaloa) donde va a llegar el programa, no tengamos pobreza y que sea nada más un efecto electoral. En los 18 municipios vamos a tener elecciones. Y si ustedes me dicen, diputada, usted cómo lo ve, yo les digo, yo me lo llevo (el programa social) a los 18 municipios”.
Junto a su batería de preguntas, la oposición ya prepara una serie de exigencias para la secretaria de Desarrollo Social. En primer término que explique el sistema por el cual se entregarán los apoyos a los más necesitados.
“Que se aplique el blindaje electoral que en los dos sexenios anteriores se ha aplicado y que, por cierto, fue exigido por el PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto. Es decir que 40 días antes del día de la elección no se distribuyan apoyos, despensas, programas sociales, para no debilitar o condicionar o poner en riesgo a la población votante que requiere de estos apoyos”, recalcó Beatriz Zavala.
Su principal preocupación, y la de muchos de sus compañeros, es que regresen los tiempos en donde el partido en el poder cooptaba la voluntad de los ciudadanos, a través de los programas sociales y usaban los recursos públicos para beneficiar a sus candidatos, en épocas electorales.
