Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– La influyente revista británica The Economist, una especie de Biblia para amplios sectores políticos y económicos en el mundo, dice hoy, en un artículo de su edición impresa, que los últimos escándalos con Grupo Higa y la familia San Román, así como el cinismo del Presidente Enrique Peña Nieto, serán capitalizados por el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.
“El gobierno está manchado por el escándalo”, dice la publicación. Recuerda el caso de los 43 normalistas, y recuerda la “casa blanca” de Angélica Rivera, Primera Dama; la casa de Malinalco que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró a Grupo Higa en octubre de 2012 (de 850 metros cuadrados, ubicada en un club de golf en Malinalco, Estado de México y que costó 7.5 millones de pesos).
También habla de la cancelación del tren de Alta Velocidad México-Querétaro, que tendría un costo de 50 mil 820 millones 264 mil 042 pesos brutos.
Y “la última vergüenza” –menciona–: la casa de Peña en Ixtapan de la Sal.
“Las audaces reformas económicas [de Peña Nieto] aún pueden traer recompensa política. Las divisiones de la oposición pueden ayudarle a ganar las elecciones del Congreso en junio. Pero en los últimos meses han socavado la autoridad que él usó para asegurar las reformas. Y con las encuestas que sugieren que la participación en las elecciones será triste, el principal beneficiario del cinismo que está engendrando el Presidente, puede ser Andrés Manuel López Obrador, un populista mesiánico que dos veces ha estado a punto de ganar la Presidencia. México se merece algo mejor”.
En un mensaje de año nuevo, dice la influyente revista británica, el Presidente de México se comprometió a trabajar para “liberar” a su país de la delincuencia, la corrupción y la impunidad. “Su gabinete ha establecido éstas como sus prioridades. El mensaje era el correcto. Pero, por desgracia para el señor Peña, los mexicanos son cada vez más cínicos respecto al mensajero”.
“México todavía está hirviendo por la respuesta de plomo del gobierno al secuestro, en septiembre, de 43 estudiantes por parte de la policía municipal de Guerrero y su aparente asesinato ejecutado por narcotraficantes. La investigación del caso parece haberse estancado. La principal respuesta política del señor Peña a la masacre es una propuesta de enmienda constitucional para abolir a las policías municipales. Pero el Congreso no lo aprueba, entre otras cosas, porque algunas fuerzas municipales se encuentran menos podridas que las fuerzas estatales que tomarían su lugar”, agrega.
En defensa del gobierno, dice la publicación, el Estado de Derecho en México no se puede crear en una noche. Tomará años, quizá décadas, limpiar y fortalecer la policía del país, señala. “Pero sus críticos creen que Peña está esquivando la tarea más importante: castigar a los jefes políticos corruptos que son cómplices del crimen organizado. Y el propio gobierno está manchado por el escándalo”.
“La última vergüenza, reportada esta semana por The Wall Street Journal, es que Peña Nieto compró una casa en 2005 a un pequeño constructor que ha ganado una gran cantidad de contratos de su gobierno. Esto sigue a la revelación de que Luis Videgaray, su Secretario de Hacienda, compró una casa 500,000 euros en un club de golf de moda con una hipoteca del vendedor, una empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa. El empresario ha recibido mucho trabajo por parte del gobierno federal y previamente del Estado de México, cuando el señor Peña fue su Gobernador y el señor Videgaray fue Secretario de Hacienda”.
“Esto confirmó la estrecha relación entre la administración y el Grupo Higa, imperio de negocios del señor Hinojosa”, dice The Economist. “En noviembre, el gobierno canceló abruptamente un contrato de 3.7 mil millones para un tren de alta velocidad adjudicado a un consorcio que incluye a Grupo Higa. Días más tarde se supo que la palaciega casa privada del Presidente había sido comprada con una gran hipoteca concedida a la Primera Dama [Angélica Rivera] por el mismo grupo”.
La revista dice que tanto Peña como el señor Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. “Se están perdiendo el punto. En las democracias modernas, a cuyas filas México aspira a ingresar, rascarse las espaldas mutuamente, como parecen haber hecho con Grupo Higa, es visto como un comportamiento inaceptable”.
The Economist agrega: “Si se toman en serio la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses, los líderes políticos de México podrían mirar a Brasil. Petrobras, la petrolera estatal de Brasil, está envuelto en un escándalo mucho más grande que involucra sobornos de quizás 4 mil millones en la última década. Los fiscales creen que gran parte del dinero fue para el gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados de gobierno. La Presidenta, Dilma Rousseff, presidió el directorio de Petrobras durante gran parte de este período”.
“Gracias a fiscales feroces y a tribunales independientes, y una nueva, dura ley contra el soborno, los brasileños pueden estar seguros de que el delito de Petrobras será investigado y castigado, incluso si el camino lleva a la propia Rousseff. En 1992, un Presidente brasileño fue sometido a juicio político por corrupción; más recientemente, varios ministros se han visto obligados a dimitir por contratos dudosos o nexos poco éticos con empresas privadas. Decenas de directivos de empresas de construcción bajo contrato con Petrobras se enfrentan a cargos criminales”, recuerda la revista.
“Para que este tipo de cosas sean posibles en México, se necesitan varios cambios. Las propuestas para una oficina de un fiscal independiente y un organismo de lucha contra la corrupción deben de ser la vía rápida (tristemente, los partidarios del señor Peña quieren que el órgano anti corrupción esté bajo el control del gobierno). El segundo elemento que falta es la responsabilidad política. Nadie ha asumido la responsabilidad y nadie ha renunciado por las fallas de seguridad, o por el contrato del tren poco fiable o por los conflictos de intereses. Nadie ha prohibido a Grupo Higa tener contratos del gobierno mientras se investiga de forma independiente, aunque sólo sea para demostrar que está libre de culpa”.
