Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– Documentos oficiales de exportación obtenidos por diputados federales alemanes del partido opositor Los Verdes habrían probado que la Secretaría de la Defensa (Sedena) en México y un funcionario de la empresa armamentista Heckler&Koch (H&K), introdujeron ilegalmente armas alemanas al estado de Guerrero, y estas armas de alto calibre fueron utilizadas por policías y criminales.
No está claro que estas armas se usaran contra los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el pasado 26 de septiembre; pero sí está probado que la policía de Iguala dispuso de los rifles de asalto, y que esas mismas armas salieron a relucir en un ataque de policías contra estudiantes en 2011.
El periódico alemán TAZ indica en un artículo que “las autoridades mexicanas han ocultado, a través de información falsa en los documentos de exportación, el paradero ilegal de armas alemanas y así se desprende de una carta que fue entregada por el Ministerio Federal de Economía (BMWi) al Diputado federal Hans-Christian Ströbele, del partido Los Verdes”.
Los compradores declararon que los rifles de asalto importados de Heckler&Koch, empresa alemana dedicada a la fabricación de armas de fuego, habían llegado a los estados para los cuales existía un permiso de exportación.
Pero los rifles tipo G36 terminaron, en realidad, en Guerrero.
Debido a la difícil situación de derechos humanos en México, las autoridades alemanas de exportación “habían explícitamente negado un permiso para Guerrero y otros tres estados”, dice TAZ. “Por lo tanto, el país receptor, México, ha violado los principios políticos del Gobierno Federal Alemán para la exportación de armas de guerra y otros equipos militares”, criticó Ströbele en el mismo medio. Demandó que no se aprueben más exportaciones de armas hacia México.
TAZ recuerda que los fusiles fueron asegurados a policías de Guerrero que, en conjunto con sicarios del crimen organizado, atacaron a los normalistas en Iguala el 26 de septiembre pasado. Seis personas murieron en este ataque, 43 estudiantes desaparecieron.
El pasado 18 de enero, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, afirmó que no tiene “ninguna información” de que se hayan incautado fusiles alemanes en vinculación con la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, un tema que ha generado polémica en Alemania. Pero documentos oficiales –desde peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirman lo contrario.
No sólo hubo armas alemanas la noche de los hechos en Iguala, sino también en el ataque a normalistas en 2011 en la Autopista del Sol.
“Yo no tengo ningún elemento que me permita confirmar que así haya sido”, dijo Meade en una entrevista con la agencia dpa en la Ciudad de México, antes de su visita a Alemania para reuniones con su par Frank-Walter Steinmeier, parlamentarios, académicos y empresarios.
Dos días antes, el 16 de enero, el partido opositor alemán Los Verdes aseguró que el gobierno de Berlín debía poner fin a la venta de armas a México. De acuerdo con un artículo del semanario Der Spiegel, el gobierno alemán concedió entre 2005 y 2007 permisos de exportación para esas armas, pero con la condición de que fueran enviadas a regiones declaradas pacíficas y de que permanecieran en ellas.
El estado de Guerrero, donde se encuentra Iguala, no es una de esas regiones, destacó el semanario.
SIN GARANTÍAS
En el artículo publicado en taz.de establece:
“Aún no está confirmado si las 36 armas confiscadas se utilizaron contra de los estudiantes la noche sangrienta. Sin embargo, no hay duda de que la policía, la cual está coludida con el crimen, tenía los rifles. Una comparación de los números de las armas confiscadas, realizada por la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (Bafa) dio el siguiente resultado:
• El cliente DCAM, un contratista de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), ha enumerado ocho estados mexicanos en el Certificado de destino final. Pero no a Guerrero.
• Con los Certificados de destino final, los compradores se aseguran que el armamento se mueve de la manera autorizada.
• El vendedor, en este caso H&K, debe proporcionar el documento a la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (Bafa) con el fin de garantizar el paradero legal de las armas exportadas.
“El caso reciente demuestra que los Certificados de destino final son documentos completamente inútiles y manipulables”, dijo a TAZ el abogado Holger Rothbauer con respecto a las nuevas informaciones.
En abril de 2010, el abogado de la ciudad Tubinga ya había denunciado ante la fiscalía de la ciudad de Stuttgart, en nombre del activista de paz Jürgen Grässlina, a la compañía H&K. Grässlin acusa a H&K que aproximadamente la mitad de los casi 10 mil rifles de asalto exportados hacía México entre 2006 y 2009 se enviaron a las regiones prohibidas.
Los documentos confirman que solamente a las autoridades policiales de Guerrero llegaron 1,924 armas, es decir, a un estado en el cual hay sospechas de que los funcionarios están involucrados en una red delictiva confirmada por el crimen organizado, la política y gobernantes locales.
ALTERAN DOCUMENTOS
TAZ dice que los fabricantes de rifles de la región Suabia tenían las manos metidas en la manipulación de los documentos de exportación. “En la primavera de 2013, la gerencia culpó a dos empleados de ser responsables de la operación ilegal. Los dos fueron despedidos. En un proceso laboral posterior, los despedidos confirmaron que no podían haber actuado sin el conocimiento de la dirección de la empresa”.
“Según sus declaraciones, los documentos fueron alterados en México, en acuerdo con un representante comercial de H&K que reside allí”.
El periódico alemán agrega: “Ahora se confirmó esta sospecha”.
H&K había señalado reiteradamente que “no tolera ninguna actividad ilegal en la empresa y que nunca lo había tolerado en el pasado”, según lo dicho por el portavoz Knut Peters a TAZ.
Para Ströbele, los mecanismos de control son generalmente insuficientes. El caso ilustra las deficiencias del Certificado de destino final.
“Al gobierno federal se lo hace demasiado fácil, si únicamente pide que se confirme por escrito, quién es el supuesto usuario final de las armas exportadas”, dijo el político de Los Verdes citado por el medio alemán.
