En los primeros días de aplicarse los cambios hacendarios del gobierno de Enrique Peña Nieto –avalados por PRD y PRI en el Congreso–, aumentó la inflación, bajaron las inversiones y hay menos empleo en estados fronterizos del norte. “El descontento y la carestía van a empezar a recrudecer”, advierten economistas.
Por Francisco Navarro Fausto/Zeta
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo/Zeta).– Consumidores y comercios tijuanenses se encuentran en la incertidumbre. No saben cuál es el precio final de los productos que están comprando, ni cuáles impuestos habrán de aplicar, pero aun así han aumentado sus precios, como reza la expresión popular: “a ojo de buen cubero”. Pero eso es apenas la punta del iceberg económico que Baja California enfrenta.
Analistas contemplan que esta tendencia prevalecerá en lo que resta del año, ante la falta de claridad en la aplicación de una reforma que en los próximos meses, en esta entidad, podría generar –por un lado– el cierre del 10 al 15 por ciento de los negocios en general; y por el otro, la parálisis del sector inmobiliario que ya se registra, aunado a la aplicación de la “Ley Anti-lavado”.
La consecuencia directa no es difícil de anticipar. Se espera que aumente el desempleo y se reduzca significativamente el poder adquisitivo de una población sin posibilidades reales de mejorar su calidad de vida. Al momento, lo único que parece tener certeza en esta zona fronteriza es que febrero será peor que enero, y así sucesivamente.
El escenario que en la actualidad enfrentan los habitantes de los estados fronterizos del norte ya estaba previsto. Cabe recordar que el estudio “Impactos de la Homologación del IVA en Baja California”, elaborado por El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), establece que la carga fiscal en la región sería del 45 por ciento más, en tanto que los precios de los productos se encarecerían un 25 por ciento, generando una contracción de las ventas de 4.6 a 6.2 por ciento, y por consiguiente, una caída del Producto Interno Bruto Estatal de 2.2 a 2.6 por ciento.
Ante tal realidad, el economista Jorge Valenzuela asegura que con la entrada en vigor de las nuevas tasas impositivas, los productores y prestadores de un servicio están transfiriendo el gravamen al costo final del bien o servicio.
“Al hacerlo se ve reflejado en un aumento de la inflación, y la frontera lo ha resentido más, pero sin duda se va a ver en todo el país, porque aun con el incremento, con las tasas impositivas y los nuevos impuestos, nos volvieron a subir la gasolina. Como consumidor te quitan por un lado, y por otro, uno se sigue preguntando cuál es el beneficio de tanto impuesto”, cuestiona.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Karim Chalita, reconoció que los diversos sectores comerciales en la frontera habrán de tener afectaciones, pero no será sino hasta el primer trimestre del año, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revele las cifras de las empresas que cerraron.
Ante la avalancha hacendaria, diversos sectores productivos en la ciudad hacen estimaciones de la afectación colateral que ya se resiente por la aplicación de la citada reforma. En general, se contempla el cierre de entre el 10 y 15% de los establecimientos, mientras que en el sector inmobiliario, la inversión se ha detenido totalmente a nivel local.
EL VIACRUCIS
“Al día de hoy, los especialistas en el tema siguen estudiando todas las modificaciones a la reforma, y se están encontrando algunos reglamentos a los que les falta una interpretación. Será la autoridad quien tendrá que aclarar de qué manera se va a aplicar, eso es lo que pasa cuando haces una reforma exprés, no fue analizada a fondo, la pasaron a bote pronto sin medir el impacto”, dijo Jorge Fonseca en torno a los cambios hacendarios.
En su opinión, el empresario, el comerciante, la pequeña y mediana empresa están sintiendo una carga impositiva no solo por el pago de impuestos; también se está encareciendo la administración de todos los negocios.
“En teoría, todo esto lo tiene que pagar el empresario, pero la realidad es que al final del día, este costo se mete dentro de la operación y terminan con un incremento de precios de manera directa o indirecta. Por eso estamos viendo subidas en precios de productos que no tienen nada que ver con el IVA. Posiblemente la medicina se quedó en tasa cero, pero se afectó la nómina al incrementar impuestos. Al final del día, el costo de la reforma lo paga el consumidor y ¿quién se va a beneficiar?, todavía no se sabe. Es un deterioro del poder adquisitivo”, advirtió el economista.
Por lo anterior, las cifras de la inflación que se den a conocer en febrero van a ser muy elevadas, aunque todavía no es posible ofrecer una cantidad siquiera aproximada.
“Esto es un viacrucis porque, inclusive, ni el SAT está preparado con los sistemas para dar una respuesta adecuada a los contribuyentes. La Reforma Hacendaria no debió haber sido aprobada, esto no es lo que necesitaba el país, y lo vamos a ir viendo conforme avancen las semanas. El descontento y la carestía se van a empezar a recrudecer, esto va a generar una escalada precios; tú me subes a mí, te subo a ti. Ahora, aunque dijeran que le dan para atrás a la reforma, no se puede, porque se aprobó Ley de Ingresos. No hay reversa. Hay que darle hasta el cierre fiscal. Y si no recaudan, solo hay de dos sopas: o inventan un impuesto, o se endeudan”, finalizó Fonseca.
SE DETIENEN INVERSIONES
En torno a las afectaciones por el IVA en el sector inmobiliario, Luis Bustamante Fernández aseguró que la percepción de los políticos es equivocada cuando dicen que el IVA lo cubrirá el sector que representa.
“Suponen que afecta al sector inmobiliario, desarrolladores de centros comerciales… están mal, porque cualquier aumento lo va a pagar la sociedad. Nunca será el comercializador, el constructor, ni el intermediario”, expuso el representante de la Asociación de Inmobiliarias de Tijuana.
Al aplicar el tributo, quienes se dedican a la actividad comercial (profesionistas, personas mayores que invierten sus ahorros) no podrán deducir el impuesto, lo que les incrementa los costos.
“Eso inhibe la inversión, porque no están de acuerdo en pagar más de lo que vale el producto. Ese mercado se detiene. Nos tenemos que esperar unos seis meses a ver qué tanto afectó la medida hacendaria. En Tijuana, a muchos inmobiliarios se les están cayendo las ventas por los impuestos y la Ley Anti-lavado, que pide muchos requisitos”, acotó.
CERRARÁN NEGOCIOS
De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Tijuana, Martín Muñoz Avilés, la aplicación de los impuestos en 2014 será negativa, reflejándose en el cierre del 10 al 15 por ciento de los negocios en los primeros meses del año en curso.
“Cualquier aumento que tengas al menú repercutirá el número de comensales. Enero será difícil y se siente la incertidumbre, porque de entrada no sabemos cómo vamos a tributar y cómo vamos a reponernos. Aunque la comida no se grava con el IVA, grava el servicio, como el plomero, la renta, el tapicero, el albañil; además aumentó la gasolina, luz, agua, gas, y vienen a repercutir. Por más que se quiera contrarrestar el tema del impuesto, no podrás seguir sosteniendo los precios, ya que tampoco puedes absorber todo el costo”, detalló.
Desde su óptica, el problema es que tampoco saben cómo el Gobierno de la República les habrá de regresar el impuesto: “Te pueden cobrar lo que quieran, pero no existe esa fórmula para saber cómo aplicar las tasas impositivas. Nos sancionará si hacemos las cosas mal. Por ejemplo, si un platillo costaba 73 pesos, tendría que subir a 85. La inflación no viene acorde al modo que estamos trabajando, ni viviendo, de nada sirve aumentar el sueldo. Todo está fuera del alcance de los ciudadanos”.
A decir del consultado, en 2012 y 2013, el sector abrió 30 negocios por año, por lo que tenían contabilizados 3 mil 200 establecimientos (taquerías, fondas, restaurantes de manteles largos) que generan 58 mil empleos directos en la ciudad.
PASAN EL COSTO AL CONSUMIDOR
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos en Tijuana, César Sánchez, expresó que en la ciudad se tiene un registro aproximado de 3 mil negocios que expenden bebidas alcohólicas en envase cerrado.
“El 85 por ciento del consumo estatal en bebidas alcohólicas se da en las tiendas de conveniencia. Todos los costos que se generen se trasladan al consumidor, a quien afectas, porque le subes los precios y prefiere irse a comprar a Estados Unidos, esto le afecta al comerciante porque le bajan las ventas”, aseguró.
Ante el embate de la Reforma Hacendaria, la subsistencia de los negocios dependerá, dijo, de la capacidad económica o capacidad de renovación de los mismos.
PANADEROS
Por Ley, el pan dulce y alimentos con alto valor calórico tienen un impuesto del 8 por ciento. Ante tal tributo y dependiendo de la región, los productos podrían subir entre un 5 y 10 por ciento, lo que generará una baja en las ventas y posibles cierres, señaló a ZETA el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA), Erick Navarrete Aguilar.
“El porcentaje del cierre en comercios será entre un 10 y 15 por ciento. Ahora, los industriales van a seguir buscando su sustento, y probablemente se vayan a la informalidad. Ya tenemos una fuerte cantidad de personas al margen de la Ley, además de que algunos productores pasan al Régimen Especial, tienen una amnistía y tampoco van pagar impuestos los primeros años, lo que nos afecta”, abundó.
A nivel nacional, la CANAINPA cuenta con 33 mil negocios, el Centro y Sur del país tienen más panaderías que el Norte. En total emplean 450 mil personas de manera directa, y de manera indirecta, son un millón y medio.
“No es una reforma con sentido social. Al final, sabemos y tenemos bien identificado que quienes más consumen pan son los deciles más bajos de la población. La gente que no tiene el ingreso suficiente, con eso complementa su desayuno o su merienda. Les va a pegar directamente porque son los principales consumidores. El pan blanco no tiene variaciones, pero sí ajustes por inflación, aunque está exento del IEPS”, acotó el entrevistado.
Por otro lado, apuntó que probablemente se amparen en contra del impuesto, por el momento están viendo la viabilidad. Aunque el amparo tiene que ser personal, como razón social o empresa, como organización están otorgando la facilidad para acercar a un despacho especializado y que los agremiados puedan hacer el trámite.
En tanto, la delegación de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Tijuana, dio a conocer que en 2013 había 800 negocios de dicho giro en la ciudad, de ese total, 200 cerraron sus puertas, por lo que se cuenta con 600 comercios establecidos en el desconcierto, ante la aplicación de los impuestos y la tributación.
REDUCIRÁN PLAZAS
La industria refresquera alertó que en el presente año habrá de recortar 10 mil empleos por las afectaciones que tendrán debido a la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo cual empieza a tener efectos colaterales con otros sectores.
ZETA conversó con el directivo de una empresa en Tijuana que elabora envases para empresas refresqueras, quien pidió el anonimato.
De entrada, comentó que el alza de impuestos al producto les afecta de manera indirecta, ya que los primeros meses del año son de bajo consumo, por lo que las ventas bajan, y a ellos ya les han pedido disminuir su producción.
“A todos los departamentos nos pidieron que bajáramos los costos en un 20 por ciento. Se hizo un análisis de los procesos y ya encontramos un área donde vamos a generar un ahorro considerable, pero también vamos a cambiar los turnos de trabajo a un horario donde no nos salga caro pagar al empleado por horas extra”.
“Además, si antes se hacían tres pruebas para elaborar un envase, ahora se tendrá solo una, pues ahí también se invierte. Vamos a aplicar un programa de ahorros de energía eléctrica, pero de cualquier forma tendremos que llegar al recorte de personal”, finalizó.
