La Red Compartida busca desplegar infraestructura necesaria para una cobertura mínima del 85 por ciento del territorio para servicios de telecomunicaciones, lo cual conectaría a más mexicanos. Se espera que empiece a operar en 2018. Sin embargo, a raíz de un conflicto jurídico entre la empresa Rivada y la SCT –ésta última previamente involucrada en polémicas y presunta corrupción en otros procesos de licitación como la del Tren de Alta Velocidad– este gran proyecto se retrasará.
Inverosímil. Incumplen requisito básico en licitación y atacan el proceso que elogiaron antes de ser descalificados. https://t.co/bfqD7saIyz
—Mónica Aspe Bernal (@maspeb) December 21, 2016
Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), debe iniciar una investigación sobre los indicios de supuestas irregularidades por parte de dos funcionarios públicos de esa Secretaría durante el proceso de licitación de la Red Compartida, el proyecto más importante del sexenio en materia de comunicaciones, aseguró el abogado Agustín Ramírez, ex director de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Dudas por la opacidad y posibles conflictos de interés rodean varias de las licitaciones de la SCT, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, quien fue demandado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntamente haber participado y atestiguado el fraude en la licitación para la construcción del Viaducto Bicentenario en 2007.
El Consorcio Altán, constituido por Morgan Stanley, Axtel, Megacable y otras ganó en noviembre el contrato para la Red Compartida, que requerirá inversiones por 7 mil millones de dólares.
Ante ello, el presidente ejecutivo de Rivada Networks, Declan Ganley, acusó que “francamente, el proceso en México apesta” porque se favoreció “a un ganador preelegido” e interpuso un juicio de amparo por su descalificación y otro en contra del fallo.
La SCT descalificó del concurso a esta firma, con sede en Estados Unidos, porque no cumplió en tiempo y forma con su garantía de seriedad para avalar mil millones de pesos.
“Al ser un supuesto, a decir de Rivada, de hechos de corrupción, lo que procede es que la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control de la SCT [de fiscalización], inicie una investigación en relación con esos supuestos hechos. La Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos es muy clara de que para iniciar una averiguación se requieren al menos indicios. Hay dos funcionarios públicos directamente imputados: la Subsecretaria de Comunicaciones Mónica Aspe y el otro que no se tiene certeza de que esté en la SCT”, dijo en entrevista Agustín Ramírez.
Mario Góngora Preciado, ex director general en la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, pidió a la consultoría Deloitte que favoreciera al Consorcio Altán para ganar la Red Compartida, acusó ayer la empresa Rivada basándose en una comparecencia del directivo de esta consultora celebrada en una corte de Virginia, Estados Unidos.
Como respuesta, ayer la SCT aclaró que Mario Héctor Góngora Preciado no labora en la SCT desde junio de 2015, más de medio año antes de la publicación de la convocatoria del concurso de la Red Compartida, por lo que “no tuvo injerencia alguna en el proceso de licitación, ni contacto con los consorcios participantes en el concurso”.
Pero Rivada tuiteó que el proceso de la Red comenzó cuando el funcionario señalado aún laboraba en la SCT y “tuvo acceso a la información”.
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Asimismo, este miércoles la Secretaría dirigida por Gerardo Ruiz Esparza informó que contrató a la firma de abogados Jones Day para iniciar acciones contra el consorcio Rivada y Declan Ganley en los Estados Unidos por “los daños ocasionados” al “honor y reputación” al realizar “diversas manifestaciones sin sustento que pretenden desprestigiar” a las instituciones mexicanas.
“Las omisiones de Rivada y su falta de seriedad en el concurso, no deben dañar el honor y la reputación de las instituciones de nuestro país”, expuso la SCT en un comunicado publicado este miércoles. “La SCT reitera que el proceso se apegó a las disposiciones legales de nuestro país, siguiendo los estándares más altos de transparencia […] toda la información relativa al concurso se encuentra en el portal de transparencia de la SCT”, añadió.
Sobre los servicios prestados por la consultora Deloitte, su contrato fue concluido previamente al diseño definitivo del proyecto de la Red Compartida, dijo la SCT.
Cuando se hace una licitación, explicó el abogado Agustín Ramírez, se contratan despachos para que asesoren a la SCT para elaborar las bases de la licitación y las propuestas técnicas. Esos documentos son confidenciales, pero Rivada acusó, a decir de Brett Haan, directivo de la consultoría Deloitte, que alguno de esos “se filtró al Grupo Altán”, ganador del proyecto.
“Estamos en presencia de un gran indicio de irregularidad y por tanto de un acto de corrupción. Pero eso se debe de demostrar. Una declaración de un directivo de Deloitte en una Corte de Virginia no es una prueba contundente para la autoridad judicial en México. Se necesita una investigación”, dijo el especialista en telecomunicaciones.
El que debe realizar la investigación, el Órgano Interno de Control, no depende del Secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, sino de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez.
LA RED PODRÍA ATRASARSE
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La Red Compartida busca desplegar infraestructura necesaria para una cobertura mínima del 85 por ciento del territorio, para servicios de telecomunicaciones. Se espera que empiece a operar en 2018 y requerirá de inversiones por 7 mil millones de dólares. Sin embargo, ante este conflicto judicial podría retrasarse.
“Si se retrasa la red, los índices de competitividad del país seguirán en un nivel que no responde a las expectativas de México como miembro de la OCDE. Es una desventaja en términos de accesos a servicios y de competitividad”, aseguró el abogado Agustín Ramírez.
De acuerdo con el experto en telecomunicaciones, la empresa Rivada insiste en el juicio de cancelación del contrato porque el despliegue de la infraestructura de la Red Compartida es un negocio millonario que implica para Altán un margen de recuperación de ganancias muy importante.
“La pérdida del contrato y la creencia de que hay casos de corrupción hace que la firma insista en el litigio. Cualquier elemento que cumpla sus expectativas, en este caso la declaración de Deloitte, le sirven como un mecanismo de presión; son estrategias jurídicas”, expuso Ramírez.
Sin embargo, acusaciones de corrupción envuelven a varias de las licitaciones de la SCT encabezada por Gerardo Ruiz Esparza.
El 5 de noviembre del año pasado, por ejemplo, el titular de la SCT anunció al ganador para el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro: el consorcio liderado por la empresa China Railway Construction Company, junto con la Constructora Teya –filial del viejo conocido Grupo Higa–, además de Grupo GIA, China South Rolling Stok Corporation y GHP Infraestructura Mexicana.
Horas después de ese anuncio, y en el marco del escándalo de la Casa Blanca, Gerardo Ruiz Esparza salió de nuevo ante los medios de comunicación para anunciar que… la licitación se cancelaba.
La constructora de esa mansión de 86 millones de pesos fue ni más ni menos que Grupo Higa, propiedad de Armando Hinojosa Cantú.
“En razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a reponer la convocatoria para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro”, dijo el Secretario.
Además está el caso de la constructora española OHL, conocida por la serie de audios filtrados en YouTube sobre supuesta corrupción que involucra a diversos funcionarios públicos.
Existe una demanda en la Procuraduría General de la República (PGR) por actos de corrupción y asociación delictuosa en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza por haber participado y atestiguado el fraude en la licitación para la construcción del Viaducto Bicentenario en 2007.
En esa acusación también están señalados el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y su Secretario Técnico de Gabinete, Apolinar Mena Vargas.
El abogado de la empresa, Paulo Díez Gargari, aseguró que Ruiz Esparza pudo haber incurrido en delitos por autorizar a OHL, entonces representada por Juan Osuna, la ampliación por 30 años de la concesión de la autopista Amozoc-Perote y 20 años la del Libramiento de Perote.
La demanda establece que el titular de la SCT y OHL presentaron información falsa con la cual justificaban la ampliación de la concesión e incrementos anuales de 6 por ciento a la tarifa.
Finalmente, en noviembre la SCT otorgó un contrato por 466 millones para ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, a una constructora española vinculada a escándalos de corrupción, informó Reforma. Antes, ganó otra licitación por 200 millones de pesos para modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz.
Copisa Constructora Pirenaic, empresa propiedad del catalán Jordu Pujol Ferrusola, es investigada en España por una serie de fraudes cometidos en México, en los que empresarios y autoridades de este país están vinculadas.
Pujol Ferrusola era investigado por haber realizado cobros encubiertos en un proyecto turístico de México, donde habría invertido un peso pero cobró comisiones por 243 mil euros a través de GBI & Monic Productions, una empresa fantasma; el cobro lo realizó por un asesoramiento en el proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en Ecatepec, Estado de México, y en las ciudades de Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y Ciudad de México.
