Ciudad de México, 20 de agosto (Sin Embargo).- Aunque ya había sido aprobado por integrantes de la Primera Comisión, sospechosamente se retiró del orden del día el punto de acuerdo por el que se pedía a la administración del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a realizar una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
En el punto de acuerdo que presuntamente fue retirado para no personalizarlo en la figura de Moreno Valle, sino que se redactará nuevamente para hacerlo extensivo a todos los gobernadores del país, se pedía que el Gobierno de Puebla ejerciera los recursos federales con apego a la ley y no se retrasara en su ejercicio.
Y es que en la revisión de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Puebla ejerció a destiempo los recursos entregados ese año por la Federación para gastos en seguridad pública, comprometiendo el cumplimiento de los objetivos para las que fueron etiquetados los dineros públicos.
En el punto de acuerdo eliminado de la Gaceta Parlamentaria se pedía a Puebla transparencia en la operación del FASP, en un momento que coincidía con la denuncia realizada por Artículo 19 sobre la opacidad en el gobierno de Moreno Valle.
El texto fue propuesto originalmente por el Diputado poblano Javier Filiberto Guevara González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El legislador se dijo preocupado porque Puebla carece de actividades de control adecuados para asegurar el ejercicio de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.
“El estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas”, sostuvo el priista.
Señaló que en la revisión de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Puebla ejerció a destiempo los recursos entregados ese año por la Federación para gastos en seguridad pública.
Detalló que en para el 2013 se entregaron 291,383.9 miles de pesos del FASP a Puebla, de los cuales 74.3 por ciento no se habían ejercido hacia el 31 de diciembre de ese año.
Posteriormente, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento con Enfoque de Desempeño con registro 13-A-21000-14-0499GF-615 detectó que hacia el 31 de agosto de 2014 todavía no se ejercía el 39.7 por ciento de los recursos asignados en 2013, por un importe de 127,808.0 miles de pesos.
Al cierre de la auditoría, se detectó que estaba pendiente de aclarar 12,097.8 miles de pesos de rendimientos financieros.
Para el legislador federal priista la falta de certidumbre en el gasto a tiempo de los recursos federales “impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional”.
Derivado de las observaciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación se detectó que la entidad carece de actividades de control suficientes que garantizaran el cumplimiento de las metas establecidas; no se contó con controles adecuados para asegurar el ejercicio de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.
También que el Gobierno del Estado de Puebla no contó con los controles suficientes para que sus procesos de adquisición se realizaran conforme a la normativa. La entidad no contó con los controles suficientes para garantizar que los bienes se entregaran en tiempo y forma. No hubo controles suficientes para que los bienes adquiridos se encontraran instalados y en uso.
En otras palabras, el estado de Puebla registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones y registros contables, porque carece de “actividades de control” suficientes que garantizaran el ejercicio de los recursos del FASP dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados.
Además, el Gobierno del Estado de Puebla tampoco contó con los controles suficientes para garantizar que los bienes en materia de seguridad se entregaran en tiempo y forman, ni para que se encontraran instalados y en uso.
Ante esto, el resolutivo segundo proponía un exhorto al Gobierno de Moreno Valle
para que estableciera controles suficientes que garantizaran el cumplimiento de las metas establecidas para el ejercicio de los recursos federales.
PUEBLA NO UTILIZA EL DINERO PARA SEGURIDAD
Ya desde el mes de febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación evidenció el subejercicio del Gobierno de Puebla.
De los más de 83 millones de pesos presupuestados para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar seguridad y justicia, sólo ejerció poco más de 17 millones hacia el 31 de diciembre de 2013 y 34 millones de pesos para agosto de 2014.
Caso similar el de los recursos para fortalecer los servicios de llamadas 066 para emergencias y el 089 para denuncia ciudadana. De poco más de 56 millones de pesos presupuestados en el 2013, para el 31 de diciembre sólo había ejercido nueve millones 500 mil pesos. Sin embargo, para agosto de 2014, el gobierno poblano ya había utilizado 51 millones 600 mil pesos.
En otro ejemplo, de los 15 millones 400 mil pesos presupuestados para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sólo se habían ejercido poco más de 300 mil pesos al finalizar el año, cifra que creció a 456 mil pesos en agosto de 2014. Es decir más de 14 millones de pesos sin utilizarse en avanzar hacia el modelo de justicia que permitirá agilizar los juicios.
Llaman la atención que para otros rubros, el gobierno poblano no ejerció ni un solo peso durante todo el año. Tal es el caso de los recursos presupuestados para la estrategia en el combate al secuestro, para implementar el Sistema Nacional de Información, y los recursos para genética forense.
Por estos motivos, en el Informe de la Auditoría Superior de la Federación se aseveró que el control interno del Gobierno de Puebla durante 2013 fue “bajo, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación”.
De acuerdo al informe de la auditoría, se determinaron 16 observaciones, de las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.
Las cinco restantes generaron dos recomendaciones, es decir, sugerencias a la entidad fiscalizada para fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control, así como una solicitud de aclaración y dos pliegos de observaciones.
