Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).– Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, envió una iniciativa que busca abrogar, es decir, eliminar la Ley Bala.
La decisión llega después de que José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un niño de 13 años, muriera en un operativo policiaco contra ciudadanos que exigían una oficina del Registro Civil en San Bernardino Chalchihuapan.
Víctor Manuel Giorgana Jiménez, líder de la LIX Legislatura, se reunió esta tarde con Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien es señalado por organizaciones civiles y habitantes del lugar de ser el culpable del asesinato del menor.
El legislador dijo a la prensa local que Moreno Valle envió ya la iniciativa para derogar la ley, y de hecho, aparece en la Orden del Día de la Sesión Pública Ordinaria que celebra la Quincuagésimo Novela Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha de Martes 22 de julio, es decir, mañana.
El titular de la SPP, Rosas Rosas, y el Procurador Víctor Carrancá, comparecen ante las comisiones de Gobernación, Seguridad y Derechos Humanos en ese Congreso local.
Habitantes del pueblo de San Bernardino Chalchihuapan colocaron esta tarde una manta en la que acusan a Moreno Valle de asesino. También realizan pintas.
Lo culpan de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
“Asesino” y “Represor”, se lee en varias pintas. En el puente que cruza la autopista Puebla-Atlixco, a la altura del kilómetro 14 (donde se dio el desalojo) hay varias pintas en el mismo sentido.
MUESTRAN LAS BALAS
Organizaciones civiles responsabilizaron por la mañana al Gobernador de Puebla y al Secretario de Seguridad Pública del estado de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, hecho que calificaron también como un crimen de estado, pues el deceso del menor ocurrió luego de recibir un impacto en la cabeza de un artefacto que dispararon elementos de la Policía Estatal al dispersar una manifestación el pasado 9 de julio en la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.
En conferencia de prensa, en el exterior de la Oficina de Representación del gobierno del estado de Puebla, en el Distrito Federal, Misraim Hernández Fernández, activista de la entidad, leyó un comunicado donde exigen a Rosa Rosas un informe público sobre los hechos ocurridos el 9 de julio y que dejó a cinco personas lesionadas de gravedad, entre ellas a José Luis y otro menor de 16 años.
Denunció que el gobierno del estado de Puebla “se ha empeñado en decir que no se utilizaron balas de goma, pero aquí está la prueba de que sí hay balas de goma. Estas son sólo algunas de las que la población de San Bernardino Chalchihuapan me prestaron, ellos tienen una mayor cantidad de balas, de artefactos”.
También denunció que “el sistema policial de Puebla no cuenta con la capacitación para el uso de armamento. Hay varias latas de gas lacrimógeno que están cerradas, están selladas, ni siquiera les quitaron el sello, las arrojaron directamente a las personas”.
Por su parte, Simón Hernández León, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie es un “crimen de Estado donde hay responsabilidad directa del gobierno de Puebla, del Gobernador Moreno Valle, que fue quien propuso esta legislación, de Facundo Rosas, Secretario de Seguridad del estado, quien participó en la implementación y en el desarrollo del operativo”.
Hernández León, quien participa en el área de defensa integral en el Centro Prodh, además responsabilizó al Congreso estatal, a los principales partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD) porque “autorizaron esta ley hace unos meses y a las comisiones tanto de la Estatal de Derechos Humanos en Puebla como de la CNDH que incluso avaló públicamente que esta legislación no violaba derechos humanos”.
También recordó que Facundo Rosas Rosas es un personaje que tiene antecedentes claros de violaciones graves a derechos humanos como la muerte de dos normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, que ocurrió en un contexto de manifestación pública.
Dijo que la denominada Ley Bala y sus similares, son legislaciones “altamente regresivas, ya que no sólo se limitan a la restricción de derecho a la manifestación y la utilización de espacio público, sino que habilitan la utilización de fuerza letal. Desnaturalizan totalmente las figuras jurídicas y permiten, como en este caso, que la policía intervenga de manera directa contra grupos de manifestantes utilizando armas letales o aquellas que no son calificadas por la legislación internacional como letales pero que son utilizadas para apuntar directamente al cuerpo y a la cabeza de las personas en una clara manifestación de una gobernabilidad autoritaria que se está consolidando en Puebla”.
Por su parte, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial adjunto del programa legal de la organización Artículo 19, dijo que “nominalmente, la ley busca proteger los derechos humanos, pero en los hechos lo que busca es habilitar el uso de la fuerza en contra de los manifestantes. No estamos exagerando cuando decimos que la Ley Bala fue creada para permitir disolver las manifestaciones en el estado de Puebla”.
Dijo que es preocupante el discurso oficial de las autoridades del estado, pues pretenden criminalizar a las víctimas, pretenden imputar a los grupos de manifestantes la conductas delictivas y violatorias de derechos humanos desplegadas por los propios elementos de la Policía Estatal”.
