2018 es el año en que más mujeres participarán como candidatas a puestos públicos en México, debido a la llamada cuota de género, incluida en la Constitución desde el año 2014. En un principio, esto se ve como un gran avance. Sin embargo, la realidad podría estallarnos en el rostro: entre 2012 y 2016 se han detectado 156 casos de violencia política contra las mujeres.
Según cifras de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) los estados con más casos registrados de violencia política contra las mujeres son: Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco. En muchos de estos casos se debe, según expertos, a la ley de usos y costumbres que aun rigen en estos lugares. Un ejemplo claro de esta represión sólo por el hecho de ser mujer, es el de Eufrosina Cruz, nacida en Santa María Quiegolani, Oaxaca, donde en el 2007 las mujeres no tenían derecho a votar ni ser votadas.
–Especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- México está inmerso en un proceso electoral controvertido e histórico. Este es el año en que más mujeres participarán como candidatas a puestos públicos, debido a la llamada cuota de género, incluida en la Constitución desde el año 2014 y que obliga a los partidos políticos a asegurar la paridad entre géneros: 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres. Esto significa que, desde las pasadas elecciones del 2015, la Cámara de Diputados está integrada en la LXIII legislatura por 212 mujeres entre 500 integrantes. Se traduce en un 42.4 por ciento de representación femenina y es la más alta en la historia de este espacio legislativo.
En un principio, esto se ve como un gran avance para México; el cual se encuentra entre los países del mundo con mayor representación de mujeres en la Cámara baja, pasando de la posición 17 a la 8, a la par con Finlandia. Parecería que esta decisión marca un cambio en cuanto al respeto a los derechos civiles de las mujeres y su participación en la toma de decisiones. Sin embargo, la realidad estalla en la cara cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales muestra que entre 2012 y 2016 se han detectado 156 casos de violencia política contra las mujeres. De esos casos, 92 se registraron en 2015 y 60 en 2016, lo que es un claro repunte desde que se dio la paridad de género en los partidos.
Teresa Hevia Rocha, quien es consultora especializada en participación política de las mujeres y ha analizado a fondo el fenómeno de la violencia contra mujeres candidatas, revela en entrevista, el origen de estas agresiones:
“Es una violencia que se ejerce por el simple hecho de ser mujeres. Porque se considera que el espacio político no es un espacio propio de las mujeres, que a ellas lo que les corresponde es el espacio privado, el ámbito familiar, del cuidado de los hijos. Y que ellas están ‘invadiendo’ un ámbito que en teoría es masculino. Entonces, hay un rechazo a su presencia y eso es lo que caracteriza la violencia. Obviamente, el efecto o la razón que tiene esta violencia es cancelar, anular, disminuir el efecto de sus derechos políticos”.
El intento por abrir brecha para que las mujeres puedan gobernar en México, está haciendo emerger los demonios de la intolerancia, la inseguridad, la discriminación y el machismo. Según explica Teresa Hevia, las maneras en que mujeres candidatas han sido violentadas se pueden detectar en muchas formas:
“Están ligadas a las diferentes etapas del proceso electoral. Cuando están por ejemplo como aspirantes o como precandidatas, pueden sufrir violencia por parte del propio partido político y de los correligionarios, porque justamente son los hombres de su partido político quienes se sienten desplazados por la nueva normatividad que obliga a que las mujeres estén presentes en las listas de candidaturas de manera paritaria. Entonces ahí empezamos con una serie de ataques hacia ellas para disuadirlas o de plano negarles que ellas puedan participar como candidatas”.
Patricia Mercado, quien fue candidata por el Partido Alternativa Socialdemócrata a la Presidencia de México en 2006, revela que también sufrió violencia y resistencia a su candidatura:
"Yo fui tres veces al tribunal electoral a defender mi candidatura. Fui impugnada, había un grupo importante del partido, sobre todo una dirigencia varonil que impugnaban mi candidatura o sea no se resignaban a que yo fuera la candidata, decían: una mujer no va a ganar. Tenían otros prospectos de candidatos hombres. Me decían: no traes dinero y para hacer una campaña se necesita que tú traigas dinero. Cuando en realidad el partido tiene financiamiento público para realizar la campaña, solamente había que invertir en mi candidatura. Incluso en algún momento hubo una confrontación violenta, una confrontación física donde no me permitieron hacer una asamblea”.
Pero los episodios violentos contra las mujeres candidatas van subiendo de tono conforme se vuelven formalmente candidatas, como lo explica Teresa Hevia:
“Pueden sufrir amenazas, sabotaje a su campaña política, pueden sufrir un trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación, en donde estén menos presentes, por ejemplo, en las noticias, en las menciones de los candidatos. También tenemos ataques francos, violencia física. Y una vez que llegan al poder, hemos estado presenciando en los últimos dos años que por ejemplo a presidentas municipales que llegan al cargo y que no las dejan asumir el poder, bloquean el acceso al palacio municipal, destruyen propiedades del municipio como vehículos para dificultarles el ejercicio del cargo.”
Un ejemplo claro de este tipo de violencia, es el de Felicitas Muñiz, quien es Presidenta Municipal de Cuilapan, Guerrero y quien ganó las elecciones el 7 de junio de 2015.
Sin embargo, en mayo de 2016, tres regidores de su cabildo exigieron su renuncia argumentando que una mujer no iba a ser capaz de conseguir obras y acusándola de desvío de recursos, sin que dichas acusaciones fueran fundamentadas. En una conferencia de prensa que dio en agosto de 2016 para denunciar estos y otros hechos, Felicitas Muñiz expresó:
“Desde la candidatura hasta la toma de protesta, hemos sido chantajeados, nos han extorsionado, nos han hasta amenazado para que dejemos el puesto. A mí me pidieron 10 millones de pesos, 10 dirigentes del municipio (Cuilapan) que estaban tomando el ayuntamiento porque así lo acostumbran”.
Felicitas relata que este grupo de personas entró a saquear la casa de su madre y de su hermano, llevando todos los enseres domésticos (televisores, camas, hasta ropa de dormir) a la cancha municipal para quemarlos públicamente. Otros enseres, dice, los estuvieron vendiendo o regalando. Además, señaló a Crisóforo Nava (expresidente municipal de Cuilapan) como el autor del robo de material de construcción para obras públicas y de amenazarla de muerte. En dicha conferencia, también reveló: “Nosotros estamos cansados de esa violencia política de género que han empleado porque siempre han manifestado que no es posible que una mujer siga gobernando. No les cabe en la cabeza que una mujer sepa gobernar y sepa hacer obras”.
Para Teresa Hevia, estos actos tienen consecuencias desastrosas para el objetivo inicial de la paridad de género en los partidos: “Todo este tipo de acciones hacen que, o bien menos mujeres quieran participar en política o que las que están se vayan replegando, porque frente a un sistemático ambiente hostil, ellas pues a lo mejor se van callando, se van volviendo más pasivas, etc.”.
Según cifras de la FEPADE, los estados con más casos registrados de violencia política contra las mujeres son: Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco. En muchos de estos casos se debe, según expertos, a la ley de usos y costumbres que aun rigen en estos lugares. Un ejemplo claro de esta represión sólo por el hecho de ser mujer, es el de Eufrosina Cruz, nacida en Santa María Quiegolani, Oaxaca; donde en el 2007, las mujeres no tenían derecho a votar ni ser votadas.
Aun así, Eufrosina se preparó y se postuló como presidenta municipal para luchar por los derechos de las mujeres de su comunidad; y a pesar de que ganó la elección, no le permitieron tomar posesión del cargo; como lo cuenta en entrevista:
“El día de la elección, inicia como a las 10 de la mañana, empiezan los señores a ir a dejar sus papeletas y cuando estos señores que estaban vigilando la mesa, vieron que había más “palitos” a mi favor, pues deciden anular las boletas que estaban a mi nombre. Ni siquiera tuvieron un argumento sólido, que me dijeran las razones”.
El 8 de marzo de 2008, durante la conmemoración por el día de la mujer que llevó a cabo el ex presidente Felipe Calderón, Eufrosina expresó así su frustración e inconformidad por no haber podido tomar el cargo como presidenta municipal: “Competí para ser presidenta municipal de Quiegolani, bajo el régimen de usos y costumbres; pero el poder, la violencia, la intimidación y la intolerancia de los hombres del poder, me arrebataron el triunfo que mis paisanos me habían concedido. La razón, soy mujer y profesionista y en Quiegolani más que privilegio es delito y es casi un pecado. Hoy pido el derecho de las mujeres indígenas a ejercer el voto activo y pasivo en todas las comunidades de México, mi causa es una voz que grita en el páramo desolado. Mi causa es la causa de cientos de pueblos indígenas, en Oaxaca y en México y de millones de mujeres de las distintas etnias”.
Hoy, 10 años después, la lucha de Eufrosina ha dado frutos. Llegó a ser diputada federal y logró modificar la constitución de Quiegolani para que las mujeres puedan votar y ser votadas. Al paso del tiempo, dice confiada:
“Sigo creyendo que la educación es la única alternativa para romper miedos en mi país. Entonces yo creo que también las mujeres debemos demostrar que sabemos debatir, que sabemos cuestionar y que sabemos levantar la mano diferente, no como lo marcan los de arriba”.
Los avances, no sólo se han visto en Oaxaca. Las elecciones del primero de julio de 2018, serán las primeras en la historia de México en las que habrá una obligatoriedad para los partidos de postular a las mujeres a las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de manera paritaria. De este modo; en todas las entidades donde se van a renovar ayuntamientos, estará la presencia de las mujeres en las listas en todos los cargos de elección popular, salvo las gubernaturas. En una cifra sin precedentes, casi 3 mil mujeres contendrán por cargos de elección popular en el país, además de competir por ocupar un escaño en el Congreso. Pero este progreso, se ve opacado por el hecho de que la violencia política contra las mujeres aún no alcanza la tipificación de delito y hasta este momento, esa propuesta todavía se está analizando en el Senado de la República.
Mientras tanto, se siguen rompiendo esquemas e ideologías para abrir paso a las mujeres y según Patricia Mercado, estos episodios de violencia son el reflejo de que el cambio se está dando:
“Necesitamos una relación nueva y creo que está construyendo, se está construyendo con dolor, se está construyendo con violencia, nos está costando mucho trabajo, pero creo que finalmente puede venir en los próximos años una situación distinta, que cambie esta división de trabajo y que podamos tener los hombres y las mujeres relaciones de mayor respeto, de mayor congruencia, solidaridad y no como las tenemos ahora tan violentadas por estos cambios que estamos sufriendo”.
