Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– El 1 de diciembre de 2010, el priista Javier Duarte de Ochoa asumió el Gobierno de Veracruz. Se acercó a su antecesor Fidel Herrera para estrecharle la mano y se quedó esperando al ahora Presidente Enrique Peña Nieto, quien llegó tarde por el mal clima. Ese día hubo promesas y esperanzas de cambio para los veracruzanos.
“Los retos y compromisos son superiores a los enfrentamientos, divisiones, rencores y personalismos”, dijo en su discurso, en el que también afirmó: “No podemos ser ajenos a las condiciones de pobreza y desigualdad que aún privan en muchas de nuestras regiones, tampoco, a la falta de empleo y oportunidades que afectan a un gran número de mujeres y hombres” de la entidad.
Duarte es ciertamente un hombre polémico. Pero no se queda allí: su administración se ha caracterizado por el azote de la violencia: secuestros, enfrentamientos y múltiples ejecuciones. Encima, la entidad es considerada como la más peligrosa para ejercer el periodismo, aunque él acaba de recibir un premio de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos AC por sus “esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
Mostró su apoyo público e incondicional a Peña Nieto, le han criticado su cercanía con el ex Gobernador Fidel Herrera, a quien incluso llamó “turista distinguido”, y -según reportes de prensa- mientras el huracán “Ernesto” azotaba Veracruz y dejaba daños considerables en prácticamente la mitad de los municipios de la entidad, Duarte se otorgó vacaciones en Europa.
De nueva cuenta está en la mira de la opinión pública por la amenaza del Partido Acción Nacional (PAN) de presentar en días próximos una solicitud de juicio político contra el Gobernador y la Secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles.
El presidente del PAN, Gustavo Madero, los acusa de haber utilizado recursos públicos de programas sociales con fines electorales. “El Gobierno del estado interviene de manera abierta en el proceso electoral para favorecer al PRI y a sus candidatos”, dijo.
Veracruz es uno de los 14 estados que el próximo 7 de julio celebrarán elecciones locales. En ese proceso, los veracruzanos votarán por 50 diputados locales y por 212 presidentes municipales. De hecho los panistas ya presentaron una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Gobernador de Veracruz y 57 funcionarios.
Esto se deriva de más de 13 horas de grabaciones de audio y video que fueron presentadas por este órgano político en días pasados. Se trataría de un escándalo más en la larga lista que tiene Duarte de Ochoa, quien estará al frente de Veracruz hasta 2016.
“Más que polémico, Duarte es un hombre peligroso”, dice un analista consultado. “Más pronto de lo que se cree, el PRI y el gobierno federal se darán cuenta del daño que ha hecho a la imagen del partido y de la administración de Peña Nieto”.
Otros coinciden en esa misma revisión: los errores de Duarte no compensan el trabajo que hace, “incluso con recursos públicos”, para el PRI.
MÁS DEUDA
Javier Duarte de Ochoa asumió el poder en 2010 con una deuda pública –heredada del también priista Fidel Herrera Beltrán– de 21 mil millones de pesos.
El 7 de febrero de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el endeudamiento que registró el gobierno veracruzano y sus municipios, al cuarto trimestre de 2011, ascendió a 27 mil 938 millones de pesos, pero diputados de oposición afirmaron que el monto real era de más de 60 mil millones, por adeudos acumulados en otros rubros.
Datos de la Secretaría de Hacienda dados a conocer en junio de ese año, indican que en esta entidad los pasivos crecieron en 69 mil 939.9 por ciento, con lo que se convertía en la quinta entidad más endeudada con 31 mil 815 millones de pesos.
Apenas el 4 de septiembre Duarte solicitó una nueva línea de crédito por mil 274 millones de pesos, a pagar en 20 años. El préstamo fue aprobado.
TERRORISMO Y LEY DUARTE
Los episodios polémicos han marcado su gestión y muchos han quedado grabados en nuestra memoria.
El 2 de septiembre de 2011, Duarte defendió la decisión de su Gobierno de acusar de terrorismo a dos tuiteros que el 25 de agosto de ese año difundieron rumores sobre ataques a escuelas en el puerto de Veracruz.
Insistió en que era “correcta” la acusación contra la periodista María de Jesús Bravo y el profesor Gilberto Martínez, pues la conducta de terrorismo y sabotaje que aparece tipificada en el Código Penal de Veracruz, “concuerda perfectamente con la actividad que estas dos personas realizaron y que puso en riesgo a miles de niños”.
Era la primera vez en la historia mexicana que dos internautas eran detenidos. Y también la primera ocasión en que estos cargos eran presentados.
Ese mismo mes el Congreso local del estado de Veracruz aprobó la Ley de Perturbación que tipifica como delito la perturbación del orden social y la difusión de rumores a través de las redes sociales. Con 33 votos a favor y 14 en contra, los legisladores aprobaron la llamada Ley de Perturbación o “Ley Duarte”, que plantea imponer cárcel o multas de 500 a mil días de salario mínimo a “quien o quienes provoquen alarma con la intención de perturbar el orden público difundiendo información falsa” sobre la existencia de artefactos que puedan causar daño a la salud.
Días más tarde, Duarte envió una iniciativa al Congreso de Veracruz para modificar el código penal estatal. Así fue que María de Jesús Bravo y Filiberto Martínez Vera, acusados de “terrorismo equiparado y sabotaje” (el 31 de agosto de 2011 se les dictó auto de formal prisión) alcanzaron la libertad bajo fianza.
Duarte finalmente anunció que la autoridad desistiría de la acción penal en contra de los dos tuiteros acusados de terroristas. “Al existir una nueva legislación que tipifica la conducta de las dos personas que causaron disturbios, es que la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado) se desistirá de la acción penal”, escribió en su cuenta de Twitter.
HALLAZGO MILLONARIO
La noche del viernes 27 de enero de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Miguel Morales Robles y a Saíd Sandoval Zepeda, colaboradores del Gobernador de Veracruz, por transportar 25 millones de pesos en un avión oficial. El dinero en efectivo se encontraba en dos maletas, cuyo origen y destino no pudo ser acreditado.
Tras el aseguramiento, Vicente Benítez González, tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación, renunció sin aclarar nada. Antonio Tarek Abdala Saad quedó como su sucesor.
Entre pesquisas, peticiones y dudas, el 5 de junio la PGR devolvió al Gobierno de Veracruz el dinero asegurado e incluso el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes entregó además 236 mil 586 pesos por concepto de intereses.
Por otra parte, a principios de 2013 Benítez, fue nombrado subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol estatal.
UN PREMIO DUDOSO
Veracruz se ha convertido en una de las entidades de más alto riesgo para el ejercicio periodístico en México y América Latina, a pesar de las reiteradas promesas y compromisos del gobierno estatal por esclarecer estos homicidios, que continúan impunes.
Para muchos comunicadores y algunas ONG’s existe un severo control y censura en el estado contra los periodistas.
En un caso reciente, el Gobierno de Veracruz negó la existencia de grupos de autodefensa en la entidad, pero la agencia Cuartoscuro demostró evidencia fotográfica de que sí se han originado estos movimientos.
El pasado 14 de marzo se publicó un reportaje del fotoperiodista Félix Márquez, sobre habitantes del predio “El Inglés”, ubicado en la localidad de Piedras Negras, municipio de Tlalixcoyan, quienes se agruparon para conformar la Guardia Civil de Autodefensa. En las instantáneas se muestra a personas encapuchadas, con rifles y palos en medio de la calle.
Tras la publicación de las imágenes, el fotoperiodista fue acusado de usar fotos de archivo y posteriormente, de pagar para que “los encapuchados posaran” ante su cámara.
Javier Duarte aseguró: “Esa nota es una vacilada tiene el mismo efecto de tomar una foto disfrazada de Blue Demon, La Mujer Maravilla y Batman, no tienen ninguna consecuencia es un tema que no tienen que ver con la realidad”.
“Veracruz es un estado que está estabilizado, esto no significa que ya se hayan ido los malos, significa que el control de la calles lo tenemos nosotros”, expresó.
Paradójicamente, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos AC entregó el pasado 2 de abril a Javier Duarte de Ochoa un reconocimiento “a los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
El organismo también reconoció el “empeño” del mandatario estatal por “proteger” a los comunicadores con la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, lo que consideró “un marco legal inédito en el país y en el mundo”.
El premio fue muy cuestionado. De acuerdo con el informe Doble asesinato: la prensa entre la violencia y la impunidad, presentado el 13 de marzo pasado por la oficina para México y Centroamérica de la organización internacional Artículo 19, los estados en los que se ejerció más violencia contra periodistas durante el 2012, fueron en primer lugar Veracruz, con 28, y el Distrito Federal con un número igual.
De acuerdo a la organización, en el lapso comprendido entre el 28 de abril y el 14 de junio de 2012 fueron asesinados cinco periodistas en las ciudades de Xalapa y Veracruz. En el tiempo que Duarte de Ochoa lleva al frente del Gobierno veracruzano un total de nueve periodistas han sido asesinados.
Calificado por distintos medios e internautas como “un premio chayotero”, el 4 de abril diversos diarios que conforman la AMEPAC se deslindaron del reconocimiento.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también marco distancia en cuanto a la premiación y Reporteros sin Fronteras (RSF) criticó que haya sido galardonado.
A unos días de que Duarte recibiera su premio, Verónica Danell, ex directora editorial y conductora de Mega Noticias, acusó al Gobierno de Veracruz de haber ejercido presión a su empresa para que la despidieran por llevar una línea crítica contra la administración.
“No se puede hacer periodismo en tiempos de Duarte. No se puede. Ya no hay reportes de los hechos violentos en el estado. Hablan de que tenemos un bajo índice delictivo y ya no se publica información sobre violencia, pero la Secretaría de Seguridad Pública sigue presentando detenidos por secuestro y secuestro exprés. ¿Existe o no existe el delito? Pues sí, sí existe. Lo que no existe es información. Ya no se hace periodismo en tiempos de Duarte”, acusó.
En otros hechos, la revista Proceso denunció el 16 de abril que su reportero Jorge Carrasco Araizaga estaba en peligro, luego de recibir información donde indicaba que presuntos agentes policiacos del estado de Veracruz se trasladaron a la Ciudad de México para capturarlo. Al día siguiente, el Procurador general de Justicia de la entidad, Felipe Amadeo Flores Espinosa, rechazó estas acusaciones y las calificó de “infundadas”.
VIOLENCIA IMPARABLE
La violencia es otra de las constantes en el Gobierno de Duarte.
El 14 de enero de 2011, cuando Duarte sólo tenía un mes al frente del Ejecutivo local, sicarios de diversos grupos criminales se enfrentaron entre sí y con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en varios lugares de Xalapa, dejando un saldo de 14 muertos y con ello marcando el inicio de ejecuciones y luchas.
El 20 de septiembre de ese mismo año 35 cadáveres fueron arrojados en medio de la glorieta de los Voladores de Papantla en la Avenida Ruiz Cortines y Ejército Mexicano, en Boca del Río.
Al siguiente día el Gobernador expresó en Twitter: “Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están en los registros de Plataforma México”.
Conforme avanzaron las investigaciones, se supo que entre los muertos se encontraban menores de edad sin ninguna relación con el crimen organizado. Incluso esta aclaración salió de Los Pinos.
También el 5 de octubre, se informó el descubrimiento de 32 cuerpos en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, y de otros cuatros en diversos puntos del puerto sumando un total de 36.
En agosto de 2012 siete personas fueron degolladas en una congregación del municipio de Manlio Fabio Altamirano, muy cerca del puerto de Veracruz, entre ellos cuatro niños.
El primer año del Gobierno de Javier Duarte estuvo marcado por estos homicidios, pero la ola de violencia no ha desaparecido en el estado.
