El Dr. Narro lleva poco más de un año al frente de la Secretaría de Salud (SS), dependencia a la que entró en pleno colapso del sistema de salud pública causado por la epidemia de obesidad y diabetes. Él mismo ha señalado que si se cubriera la diálisis, este servicio se llevaría gran parte del presupuesto del Seguro Popular. Nombrado el 8 de febrero de 2016 Secretario de Salud, el 14 de noviembre del mismo año, su administración declararía dos emergencias epidemiológicas, una por obesidad y la otra por diabetes.
El Dr. Narro, al tomar el cargo de Secretario de salud, no sólo se enfrentó a esta realidad, se encontró con una política contra la obesidad secuestrada por los intereses económicos de las grandes corporaciones de alimentos y bebidas. Se encontró con que la industria de alimentos y bebidas había penetrado hasta la cocina de la SS. Seguramente, algo sabía al respecto, pero no conocía la magnitud de cómo la estrategia para la prevención y combate de la obesidad y la diabetes estaba en manos de la industria.
A tan sólo 3 días de haber tomado el cargo, el 11 de febrero de 2016, ante la polémica impulsada por los estudios pagados por la industria refresquera que concluían que el impuesto a las bebidas azucaradas no estaba reduciendo el consumo, es decir, no estaba siendo efectivo, el Dr. Narro declaró: “Si un sector está contratando un servicio para financiar estudios ahí hay un sesgo desde el origen”. No dijo algo improvisado, es lo que han demostrado diversos metaanálisis: los estudios pagados por la industria concluyen que las bebidas azucaradas no se relacionan con la obesidad, ni la diabetes, ni las enfermedades cardiovasculares y que tampoco las regulaciones como los impuestos sirven.
En esas fechas la industria refresquera y los columnistas de finanzas vinculados a esta industria, difundían que las ventas de bebidas azucaradas habían aumentado en 2015 y, por lo tanto, había aumentado también su consumo. Un análisis muy simple publicado en el blog de la revista The Lancet mostró como el crecimiento de la población mexicana era mayor al aumento de las ventas de estas bebidas en nuestro país, demostrando así que se había registrado una reducción mayor en el consumo por persona de bebidas azucaradas en 2015, que la registrada en 2014. Estos datos se confirmaron más tarde, con el estudio publicado recientemente en la revista científica Health Affairs.
Lo que se encontró el Dr. Narro en la SS fue algo más grave, la instancia que se había creado desde esa Secretaría para evaluar la política contra la obesidad y la diabetes, el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), estaba dominado por la propia industria refresquera y la industria de alimentos, por quienes se han opuesto a toda regulación efectiva que pueda afectar sus ventas. Tenía a los lobos encargados de cuidar el gallinero.
La propia coordinación del OMENT está en manos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una institución con fuertes vínculos a FEMSA. De hecho, uno de los estudios difundidos por la industria para argumentar que el impuesto a las bebidas azucaradas no funciona, viene de la UANL. Es más, la semana pasada, se ha distribuido entre los legisladores este estudio, publicado en forma de libro por la propia UANL. El libro va acompañado de una hoja informativa de FEMSA, por si existiera una duda entre estos vínculos. En el mismo sentido, en el blog del Banco Interamericano de Desarrollo se publicó un artículo firmado por el mismo autor de la UANL que apareció suscrito por FEMSA. Un análisis detallado del OMENT muestra que más del 50 por ciento de sus integrantes o representan a la industria o han recibido financiamiento de la industria.
Por otro lado, las regulaciones impulsadas como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPOD), como el etiquetado frontal y la regulación de la publicidad dirigida a los niños, habían sido diseñadas por la propia industria, como se ha revelado a través de solicitudes de acceso a la información. De hecho, los criterios establecidos para el consumo de azúcar en el etiquetado frontal violaron lo establecido en la propia ENPOD y recibieron la crítica de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) por representar un riesgo a la salud.
No sabemos si al Dr. Narro, al tomar el cargo de Secretario de salud, se le entregó la documentación confidencial que sostuvo esa Secretaría con la OMS/OPS y en la cual el organismo internacional le advertía el peligro de los criterios utilizados por el gobierno mexicano en el etiquetado frontal y los problemas para que la población lo pudiera entender. Es posible que funcionarios, allegados a la industria, no estuvieran interesados en compartirle esta información o se la compartieron dándole una serie de juicios en contra de estas recomendaciones de la OMS/OPS.
Lo que ha encontrado el Dr. Narro es un desastre absoluto en materia de prevención frente a lo que su administración ha declarado una emergencia epidemiológica. El conflicto de interés en el OMENT es profundo y es un caso extremo en un ámbito, el de la salud, donde las recomendaciones internacionales están claramente dirigidas a que las políticas estén libres de la interferencia de los regulados. Es decir, las prácticas internacionales establecen que los regulados, en este caso la industria de alimentos y bebidas, no participen en el diseño, implementación y evaluación de las políticas. Pueden y deben ser escuchados, pero no participar en estos procesos y menos aún en su diseño, como ha ocurrido en México. En este hecho se origina el fracaso de la política en salud pública para la prevención de la obesidad y la diabetes.
Las tendencias en la salud de los mexicanos son catastróficas, por no decir que la situación actual es ya catastrófica, una de las más graves a escala global. Sabemos bien que continuar haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, solamente agudizará la situación que ya conocemos. Sabemos bien que la política interferida por el conflicto de interés es similar a dejar a los actores autorregularse, es decir, es solamente mantener la situación sin cambios o, incluso, puede ser peor, como en el caso del etiquetado frontal.
Las recomendaciones internacionales, las de la Organización Mundial de la Salud, las de la Federación Mundial contra la Obesidad, están dirigidas a provocar cambios en nuestro entorno para lograr que las opciones menos saludables dejen de ser las más atractivas por precio y disponibilidad. La industria está en contra de que sus productos o una parte importante de ellos lleven etiquetados de advertencia, tengan fuertes restricciones en publicidad, no puedan entrar en las escuelas, etc.
Sabemos bien que estas políticas son combatidas por la industria de alimentos y bebidas que busca incrementar sus ventas, que los consumidores que ya consumen sus productos los consuman más y que los consumidores que aún no los consumen, los consuman. Lo intereses de la industria no son los de la salud pública y, por lo tanto, no puede dejarse en manos de la industria la definición, implementación y/o evaluación de estas políticas.
Con la administración de la Dra. Mercedes Juan, durante los primeros 3 años de la presidencia de Peña Nieto, la Secretaría de Salud estuvo cerrada a los investigadores independientes, al propio Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). El INSP es la instancia del gobierno mexicano que asesora en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de salud pública, una instancia que se ha mantenido independiente y con un enorme prestigio internacional, es uno de los institutos de investigación de nuestro país más reconocido internacionalmente.
El INSP no sólo no fue invitado a formar parte del OMENT, tampoco fue consultado por COFEPRIS para elaborar el etiquetado frontal ni la regulación de la publicidad dirigida a los niños. El INSP había realizado una evaluación de ese etiquetado encontrando que no era entendible y que representaba un riesgo a la salud. El INSP era la única instancia que tenía estudios sobre la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, tampoco fue consultada al respecto. El OMENT había sido diseñado para proteger los intereses de la industria y la presencia del INSP era incomoda. La responsabilidad de aislar al INSP y proteger a la industria no recaen solamente en la Dra. Mercedes Juan, también en varios funcionarios que han estado aliados a los intereses de la industria desde el sector salud.
El Dr. Narro, a partir de su ingreso a la SS, comenzó a dar indicios de apertura, al invitar al INSP a sesiones del OMENT y a abrir el auditorio de la Secretaría de Salud para la presentación de sus estudios. Por otro lado, es una señal de apertura el hecho de que en eventos nacionales e internacionales, funcionarios de la Secretaría de Salud y COFEPRIS reconocen que el etiquetado debe reformularse y que la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia requiere profundizarse ampliando horarios, programas, medios y herramientas.
También reconocen que la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas no se está implementando. Sin embargo, dicen que esto le corresponderá al OMENT y que la revisión del etiquetado se hará en 3 años por este organismo cooptado. También, participan en eventos públicos promocionando el etiquetado que saben que representa un riesgo a la salud. Es decir, reconocen en algunos actos la necesidad de reformular estas políticas, pero nuevamente las dejan en un organismo dominado por la industria, pareciera que no hay ninguna epidemia y menos aún una emergencia epidemiológica.
Si la situación permanece así, terminará la administración del Dr. Narro con una política cooptada por la industria, sin una política de prevención. Mientras que en Chile la política contra la obesidad avanza fuertemente con el Ministerio de Salud enfrentando campañas en contra por parte de la gran industria; mientras que en Brasil el Ministro de Salud anuncia políticas firmes y objetivos muy claros en materia de etiquetado y en medidas dirigidas a bajar el consumo de bebidas azucaradas y enfrentar la obesidad; la Secretaría de Salud de México se mantiene inmóvil, con la política cooptada por la industria, en un callejón sin salida. En nuestro país, sumido en la corrupción, el conflicto de interés no es más que otra forma de esa corrupción: servir a los intereses privados por encima del beneficio público, incluso en su contra.
El Dr. Narro está, junto con la nación, en un callejón, está en él la posibilidad de salir y sacar país de ese callejón. La declaratoria de emergencia epidemiológica debería ser una herramienta de dónde afianzarse para hacerlo.
