El polémico Ramo 23, puesto recientemente en entredicho por Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, debido a su uso político y discrecional por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también fue reprobado por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la Cuenta Pública 2016.
La ASF expuso que en ese rubro hay riesgo de que autoricen adecuaciones presupuestarias sin dar cumplimiento al fundamento legal, soporte documental y suficiencia presupuestaria. En total, la Auditoría realizó nueve observaciones, de las cuales cuatro fueron solventadas.
“El diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno [del Ramo 23] tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un daño o perjuicio al erario público federal”, planteó la ASF.
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Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión de la Cuenta Pública de 2016, enfatizó la opacidad y la “excesiva” discrecionalidad con la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manejó en ese periodo el Ramo 23.
La revisión al Control Interno en los Procesos de Transferencia y Administración y Recursos del Ramo 23 se enfocó en la evaluación del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por su responsabilidad en los procesos de recepción, asignación, transferencia y administración de esos recursos, que le da la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En teoría, el Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, tiene el propósito de integrar, registrar, administrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno federal que no es posible prever en otros ramos administrativos o generales, o cuando su ejercicio sólo es posible por conducto de este Ramo.
Por medio de este Ramo, la SHCP realiza adecuaciones por motivos de control presupuestario, en el análisis y seguimiento a la ejecución del presupuesto y con el fin de garantizar el cumplimiento de las políticas de gasto, los objetivos y las metas para contribuir al equilibrio presupuestario en el marco global de las finanzas públicas.
Sin embargo, la ASF encontró problemas desde la planeación estratégica y en sus manuales de organización.
Sobre las ampliaciones y las reducciones de presupuesto del Ramo, la ASF detectó que se manejan “con exceso de discrecionalidad”. En consecuencia, las recomendaciones emitidas giran en torno a que Hacienda realice los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz.
Además emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no realizaron los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Insistió en que hay un riesgo para que se autoricen adecuaciones presupuestarias sin dar cumplimiento al fundamento legal, soporte documental y suficiencia presupuestaria.
En total, se determinaron nueve observaciones, de las cuales cuatro fueron solventadas. Seis fueron recomendaciones y dos, promociones de responsabilidad administrativa sancionadora.
“El diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un daño o perjuicio al erario público federal”, plantea la ASF.
Las principales problemáticas son el presupuesto modificado que incrementó 567 millones 394 mil 933 pesos y que no están identificados y están en la discrecionalidad y que la Matriz de Administración Riesgos Institucional no incluyó riesgos por la corrupción y que está relacionada con el Ramo 23, por lo que entonces, de existir, no se pudo mitigar.
“Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la SHCP y que, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar”, agrega la revisión.
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UN FONDO POLÉMICO Y OPACO
El Ramo 23 se vio envuelto en polémica a finales de 2017 e inicios de 2018, luego de que el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunciara que Hacienda le había retenido recursos por la investigación que lleva a cabo sobre la desviación de recursos de esa entidad al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2015.
El Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) perteneciente al Ramo 23, funcionó solamente en 2016 y 2017; en el primer año se le aprobaron mil 481 millones 010 mil 478 pesos y se ejerció una cantidad 41 veces mayor: 62 mil 258 millones 129 mil 860 pesos.
En 2017 se le aprobaron 3 mil 244 millones 754 mil 300 pesos y, hasta el cierra de septiembre pasado, se habían ejercido 35 mil 064 millones 129 mil 860 pesos, de acuerdo con México Evalúa. Esto es, 911 por ciento más de lo que se aprobó en el Congreso de la Unión.
En total, el presupuesto del que gozó el Fondo de Fortalecimiento Financiero fue de 95 mil 064 millones 129 mil 860 pesos.
Como quedó establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2016 –entregado todavía al Congreso por el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y negociado por su sucesor José Antonio Meade Kuribreña– dicho fondo se creó para promover acciones de desarrollo regional y se ejecutaría a través del Ramo 23, que es el único que se maneja con una lógica diferente al resto y cuya operación ha sido señalada por diversas organizaciones de transparencia como “opaco” y “discrecional”.
Un estudio de México Evalúa expone que para 2017, el monto aprobado en el PEF para el Fortafin fue de 3 mil 244 millones de pesos, tuvo un incremento de 108% por ciento real respecto a los aprobado en 2016. Y con la última información disponible, se sabe que a través de Fortafin se habían gastado 32 mil 806 millones de pesos.
Chihuahua fue el estado que menos recursos recibió, solo 61 millones de pesos, cuando en promedio los estados recibieron mil 023 millones.
En contraparte, la entidad que más dinero recibió fue el Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017.
