En el aniversario de las Fuerzas Armadas, celebrado el domingo pasado, el discurso del General Salvador Cienfuegos resultó acertado al insistir en que no se debe impulsar una ley de seguridad interior “a modo”. Después de las preocupaciones planteadas por académicos y organizaciones de la sociedad civil, sobre los riesgos de las iniciativas de ley que hasta hoy se han presentado, vale la pena atender esa solicitud, con la intención de fortalecer la legitimidad de las fuerzas armadas que no debe arriesgarse obviando los contrapesos mínimos que requiere un sistema democrático.

Los diferentes debates surgidos a partir de su solicitud de normar la participación del Ejército y la Marina en la estrategia nacional contra el crimen organizado, dieron lugar a tres distintas iniciativas de ley presentadas por los legisladores César Camacho, Roberto Gil Zuarth y Miguel Barbosa, cuyo común denominador busca sustentar legalmente su operación en espacios y contextos diversos, sin que prevalezcan algunas condicionantes importantes.

Entre las debilidades de las iniciativas planteadas, las organizaciones de defensa de derechos humanos y los especialistas en seguridad nacional advierten las siguientes: Los estados de emergencia atentan contra la médula constitucional, contra la división de poderes y contra los derechos fundamentales; se faculta a las fuerzas armadas para reprimir cualquier tipo de resistencia social, aunque esta fuera no agresiva; las fuerzas armadas tendrían acceso a todo tipo de información independientemente de la autonomía las instituciones en las que decidan intervenir.

Concentrémonos en la última, en tanto la declaración del General Cienfuegos coincide con la decisión del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública INAI, de dar a conocer la versión pública del expediente de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Tlatlaya, Estado de México. De acuerdo con las conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 30 de junio del 2014 en la comunidad de San Pedro que pertenece al municipio de Tlatlaya, murieron 22 personas. En su recomendación, la CNDH señaló que 15 de las víctimas fueron ejecutadas por militares, que el lugar de los hechos fue alterado y que algunos de los fallecidos eran civiles que no estaban relacionados con el motivo del enfrentamiento armado.

La trascendencia de esta obligación para hacer pública la información responde a dos garantías que se deben conservar. La primera es la posibilidad de que la CNDH realice investigaciones e integre documentación sobre casos de violación de derechos humanos, con la tranquilidad de que la investigación no será interceptada ni los documentos serán sustraídos por instrucciones de las fuerzas armadas. Ya que de hacerse efectiva la intención de las iniciativas de ley, de que las fuerzas armadas tengan acceso a cualquier información mediante cualquier método, se facilitaría una intromisión injustificada que dificultaría el ejercicio de funciones de los defensores de derechos humanos del Estado, vulnerando su autonomía.

Además, no solo la CNDH podría ver afectada su autonomía, sino que, de aprobarse una Ley de Seguridad Interior en esos términos, también el INAI podría ser objeto de intervención de información por parte de las fuerzas armadas.

Es importante que atendiendo el llamado del General Cienfuegos para que el marco jurídico responda a las necesidades del Estado, tanto los legisladores, como la sociedad y las instituciones, nos tomemos el tiempo necesario para construir un marco normativo integral en materia de seguridad que no ponga en riesgo la independencia de los órganos autónomos, ni sirva de blindaje a la impunidad de acciones violatorias de derechos humanos.

El reto es enorme, sobre todo cuando la autoridad civil no está preparada para hacerle frente al crimen organizado. Sin embargo, debemos confiar en que es posible diseñar un esquema de mediano y largo plazo en el que paralelamente se fortalezcan las policías y se construyan las vías progresivas para ir regresando al Ejército a sus cuarteles.

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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