Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– El juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, David Rodríguez Matha, desechó “por notoria improcedencia” el amparo que promovió un grupo de 23 ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes contra la Reforma Energética.
De acuerdo con fuentes judiciales, la demanda contra la Reforma Energética fue desechada porque la nueva Ley de Amparo, vigente desde abril, señala que este recurso “es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución”.
Se informó que los intelectuales quejosos pidieron a un tribunal colegiado de circuito que modifique el fallo del juez Rodríguez y remita el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante la facultad de atracción del máximo tribunal del país.
La semana pasada, por medio de una carta dirigida a la opinión pública y al máximo tribunal de justicia, el grupo de intelectuales y artistas afirmó que la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética, “afectará en gran medida a la sociedad y a los ciudadanos mexicanos de hoy y del futuro”.
La misiva fue firmada por José Emilio Pacheco, Vicente Leñero, Sergio Pitol, Luis Villoro, Vicente Rojo, Fernando del Paso, Margo Glantz, Hugo Hiriart, José Agustín, Manuel Felguérez, Federico Silva, Felipe Cazals, Paul Leduc, Jorge Fons, Graciela Iturbide, Oscar Chávez, Javier Álvarez, Jorge Alberto Manrique, Soledad Loaeza, Lorenzo Meyer, Manuel Peimbert, Margit Frenk y Hugo Gutiérrez Vega.
En el texto criticaron que los cambios hechos a la Constitución en materia energética “adolecen de un grave vicio de origen, ya que fueron votados con enorme premura por los legisladores federales y estatales, sin darse siquiera el tiempo necesario para efectuar el análisis indispensable para una reforma de tal trascendencia.”
“En algunos casos ni siquiera para leerlos, llegando a constituir un contrasentido de tener parlamentos sin parlamento y sin, por otra parte, proporcionar información clara y veraz a los ciudadanos que somos los principales afectados”, denuncian en la misiva los firmantes.
Informaron que ante esta situación acudieron a un amparo de doble instancia, con el objeto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza la facultad de atracción que le concede el artículo 40 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso en el que subyace una cuestión de constitucionalidad, a fin de que se pronuncie, con plena jurisdicción, en torno a la sustancia de nuestro recurso de amparo.
“Más allá de su contenido y de sus efectos en la soberanía nacional, la economía, la vida política y la cultura de nuestro país, sostenemos que con procedimientos como los realizados para asegurar la irreflexiva aprobación de la reforma energética, se prefiguran formas de ejercicio del poder público que dañan a la sociedad y hacen retroceder, peligrosamente, a México a los tiempos del autoritarismo que dábamos por superados”, afirmaron.
Citaron como precedente cuando la Suprema Corte declaró inválidos en noviembre de 2008 varios decretos legislativos promulgados en el estado de Colima por ’no cumplir con los principios democráticos que sustentan la forma de gobierno, al ser resultado de un proceso sumario en el que los legisladores no tuvieron tiempo para su real revisión y análisis’.
