Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– La crisis y la inestabilidad en México no responde a hechos aislados, sino a un contexto de “violaciones graves a los derechos humanos”, señala la organización Amnistía Internacional (AI).
A través de un comunicado, la organización refiere que los hechos “han rebasado los compromisos verbales de Enrique Peña Nieto” y “es momento de que el Presidente reconozca la grave crisis de derechos humanos que ha atravesado México en los últimos años y que su administración no ha logrado combatir la impunidad en el país”.
El organismo también se refiere a las declaraciones que en los últimos días ha manifestado el Presidente, en donde califica a las protestas sociales y las voces críticas a su gobierno, como intentos de “desestabilizar al país y atentar contra el proyecto que impulsa su gobierno”.
Amnistía Internacional revela que la afirmación del Presidente “pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México”.
Añade que en los últimos años la falta de acceso a la justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante.
Tras los hechos de violencia ocurridos recientemente, continúa el documento, “ha incluso justificado en el discurso el uso de la fuerza cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden”.
Además, indica la organización, su declaración “parece ignorar el elevado número de personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras oficiales son 22 mil y que la practica de tortura se ha elevado en un 600%”. Revela que a esto se suman el cúmulo de medidas que no han sido efectivas para la búsqueda de personas, así como las medidas de implementación de las bases de datos estandarizadas.
“Enrique Peña Nieto muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de desestabilizar son la piedra angular de una sociedad democrática”. aseveró Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Añade que los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma en el país. “Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques”, destaca el reporte.
Aunado a ello, AI reporta que las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación integral son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general.
Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas enfrentan en la vida diaria en México, que, continúa el documento, “evidentemente no reflejan un proyecto de nación comprometido con la protección y garantía de los derechos humanos”.
El organismo denuncia que la violencia institucional a la que se enfrentan las familias de personas desaparecidas y de las víctimas de tortura en el sistema de justicia “no ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces mientras la impunidad impera”.
Amnistía recuerda que el pasado mes de febrero el Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con Enrique Peña Nieto para expresarle las preocupaciones de la organización en materia de derechos humanos.
Durante esta reunión, señala, se entregó un memorándum acerca de los retos de derechos humanos en México, mismos que se comprometió a atender y anunciar públicamente las medidas que tomaría para hacer frente a esta grave situación, sin embargo, denuncia el organismo “este compromiso no ha sido atendido”.
Ante esta situación, AI finaliza el reporte exigiendo al Presidente Enrique Peña Nieto “reconocer la problemática de derechos humanos que atraviesa el país, que los hechos ocurridos en Ayotzinapa no son aislados y que constituyen un crimen de Estado”.
