Por Marco Antonio Martínez y David Martínez
Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– Los ofrecimientos de gestores a alcaldes para obtener recursos federales vía el Congreso de la Unión provienen de todos los partidos, dice Ricardo Baptista González, presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México, AC (ALMAAC).
El representante de la organización que agrupa a presidentes municipales emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) explica la mecánica bajo la cual, desde la Cámara de Diputados, les piden dinero a los alcaldes que año con año peregrinan para demandar recursos para sus municipios.
Dice que es ahí, cuando gestores les garantizan que podrían recibir recursos etiquetados. Pero a cambió de 10 por ciento de comisiones. La cultura del diezmo que ponen en práctica integrantes de todos los partidos –y que aceptan alcaldes– es de todos los colores, señala.
“Es una problemática que no es de ahorita. Existe desde hace tiempo y lamentablemente siempre ha existido la cultura del diezmo. Esto es desde las obras públicas: algunos funcionarios cobran el 10 por ciento o las empresas ofrecen el 10 por ciento. Con el paso del tiempo también se hablaba de recursos públicos para autorizar alguna obra o para bajar recursos del porcentaje de los egresos de la Federación”, dice.
“Es una realidad, lamentablemente no es de un solo partido, no es de un solo color. Es injusto e incorrecto porque a los municipios mexicanos les cuesta mucho trabajo acceder a recursos públicos federales y luego se ha creado toda esta situación de coyotaje”, agrega.
Una situación que se ha agravado desde el año pasado. Afirma que se la han planteado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia que les ha dicho que ellos no tienen gestores.
También se la han planteado a los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el año pasado ocupada por el priista Francisco Arroyo Vieyra, y éste por el panista Ricardo Anaya Cortés.
Ambos se dijeron sorprendidos, reprobaron la práctica y dijeron que investigarían, pero el caso fue detonado hace una semana, y no precisamente por la Cámara de Diputados, sino por un medio de comunicación, Reforma, cuyas notas señalan al Coordinador del PAN en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal García, como uno de los que piden comisiones a cambio de asignar recursos. Otro de los involucrados es Max Cortázar Lara, quien estuvo a cargo de Comunicación Social en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
El académico del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Iberoamericana, Eduardo Bueno, coincide con Baptista, al decir que todos los partidos piden su “comisión” a cambio de asignar recursos.
Eso se nota con el reparto de comisiones y el interés que concita en los partidos.
“Vamos a ver siempre al PRI, al PAN, al Partido Verde, el partido lobbysta por excelencia, al PANAL defendiendo los intereses del magisterio; en menor medida a las izquierdas, al PRD, al Movimiento Ciudadano, menos visibles o más discretos, porque hay tantos conflictos en la izquierda que la conflictividad funciona como un mecanismo de control y se exponen a que quienes están fuera del juego los denuncien. En cambio en el PRI institucional nadie se confronta y en el PAN se reprodujo el sistema PRI, pero éste ya no se da luego de que dejaron el poder (de ahí las denuncias)”, explica.
COYOTAJE LEGISLATIVO
Baptista recuerda que el fallecido alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán Ygnacio López Mendoza, quien el 4 de octubre se puso en huelga de hambre por la quiebra municipal del ayuntamiento que gobernaba, y a días concluir su huelga, el 7 de noviembre sufrió un accidente que acabó con su vida.
“Es un asunto que también planteó el alcalde, el doctor Ygnacio hablaba de cómo acceder a los recursos, que las participaciones federales cayeron, que el único mercado donde les ofrecen dinero (a los municipios) es en los créditos bancarios o estos recursos federales mediante pago de contraprestación y que se ha recrudecido”.
Explica que el problema de las comisiones ha sido un tema planteado por las diferentes asociaciones de municipios, entre ellas la ALMAAC desde hace unos 10 años
Sin embargo en los últimos tres años ha venido creciendo el número de acusaciones de presidentes municipales que es más necesaria la comisión para recibir recursos federales.
La mecánica es aplicada por “consultores” o “gestores”. Las amenazas están descartadas. Más bien ofrecen recursos, y a partir de 2012 los destinados para asuntos deportivos y culturales, que eran asignados directamente, también deben negociarse. Más recursos para que los diputados asignen.
“Antes año con año los presidentes municipales iban a presentar a la Cámara de Diputados a presentar sus proyectos. Obras de infraestructura ya no hacen porque esa las hace el gobierno federal o los estatales. Si los gobiernos se los llevan los municipios los etiquetan, pero no los ejecutan los gobiernos municipales. En cambio desde 2012 esta bolsa de los recursos de espacios deportivos, de cultura. Las pavimentaciones es a través de los diputados federales, se asigna una bolsa, ellos asignan a qué distrito o municipio los canalizan, eso pareciera bueno, el problema es que de acuerdo con el señalamiento de diversos alcaldes es que se les pide una comisión o les sugieren la constructora que debe hacer el trabajo. Ahí se ha desviado el espíritu de los recursos”.
Cuestionado sobre si tienen registrados nombres de diputados, dice que los presidentes municipales evaden darlos´, sabedores de que participan de la dinámica.
“Por nombres no se maneja, pero es evidente que cuando alcaldes plantean el tema dicen ‘bueno le entro o no le entro o quienes llegan a hablar a nombre de funcionario federal o diputado, les dicen que llegará seguro, y rápido pero piden contraprestación. Normalmente son gestores los que a nombre de esos funcionarios o diputados se acercan a los municipios”.
El tema ya ha sido planteado ante el Congreso de la Unión, aunque reconoce que no ha habido una acusación formal.
“Lo que está saliendo es gracias a los medios de comunicación y quienes lo han reconocido, saliendo a la luz pública. Es un problema que últimamente empieza a afectar a buena parte de alcaldes del país”.
Reconoce que hace falta denunciar, y eso se debe a que hay alcaldes que aceptan la práctica, aunque con la complicidad del cabildo.
“Pues sí, no es fácil que tú lo hagas a título personal aunque seas electo”.
Espera que el escándalo sirva para que los recursos lleguen a los municipios sin intermediarios.
“Es buen momento para que cosas ya no sucedan y los pocos recursos que llegan a los municipios que nadie los manosee”.
Con él coincide, el líder parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien denunció que el coyotaje parlamentario es una práctica común en San Lázaro, que la realizan la mayoría de coordinadores de los grupos parlamentarios y que convierten a los legisladores en “delincuentes con fuero”.
“La investigación sobre la extorsión y el coyotaje presupuestal que presuntamente practican algunos legisladores de esta legislatura va más allá de los diputados de un partido político o de los diputados del PAN y su actual coordinador. Cobrar una mordida o una comisión es incorrecto, ilegal e inmoral, en ese momento el legislador también se convierte en el mejor de los casos, en un coyote del presupuesto y en el peor de los casos en un delincuente con fuero”, afirmó el legislador de izquierda.
Monreal diferenció la gestión de recursos que cada legislador tiene derecho a realizar para realizar obra pública en sus distritos de la lamentable práctica de algunos líderes parlamentarios de exigir diezmo para aprobar determinados proyectos.
“Lo condenable, lo inmoral, lo ilegal no es la gestión de recursos para sus entidades o sus municipios o sus distritos, lo repudiable, lo inmoral, lo ilegal es cobrar una comisión por esa gestión o incluso proponer constructores para realizar esas obras que están en el contenido del presupuesto”, apuntó.
El líder parlamentario anunció que presentará un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades pertinentes investigar las recientes denuncias de presidentes municipales de Guanajuato, que acusan a diputados federales –encabezados por Villarreal- de pedirles una comisión de 10 por ciento sobre cada proyecto, para destinar recursos a sus ayuntamientos y que incluso les exigen favorecer a contratistas asociados a los legisladores.
“No nos hagamos tontos, tanta responsabilidad tiene el que ofrece la vaca presupuestal, como el legislador que jala la pata de la vaca, y el constructor que le encaja el colmillo al presupuesto. Finalmente prácticas corruptas que nosotros no aceptamos”, enfatizó Ricardo Monreal.
LOBBY INFORMAL
Al académico Eduardo Bueno no le sorprenden estas prácticas en la Cámara de Diputados, ya que ejercen un lobbysmo informal a través de las comisiones en las que participan.
“Muchos diputados ven su participación como una inversión”.
Pero también reprocha que los presidentes municipales no denuncien. Explica que sólo con acusaciones formales se puede acabar la práctica, ya que los diputados carecen de cultura de vigilancia.
“Yo diría que la vigilancia va más por el lado de los presidentes municipales, por los diputados es muy difícil mientras tengan absoluta impunidad e inmunidad. Lamentablemente se confunde inmunidad con impunidad.
“Los presidentes municipales son los que entran en la dinámica. El diputado de distrito y el presidente municipal convergen para desarrollar obras y las posibilidades de complicidad son altas, con empresarios amigos, ventajas institucionales en los partidos, apoyos a alianzas políticas., si ellos no se prestan los diputados pasarían de largo”.
Agrega que también estas prácticas no se pueden dar sin la anuencia de los gobernadores, ya que los diputados federales no se mueven si no lo hace su mandatario estatal.
“Significa que la gobernabilidad en México se sostiene en la corrupción, que las complicidades e impunidad de corrupción atraviesa el sistema político, esto garantiza la paz social”, ironiza.
MÁS DE 10 MILLONES PARA CADA LEGISLADOR
En el intermedio, el Diputado del blanquiazul, Fernando Rodríguez Doval, informó que en el Presupuesto 2014 se permitió a cada legislador etiquetar 10.1 millones pesos para obra pública en sus distritos o municipios.
Esta cantidad de recurso etiquetados sumarían cinco mil 50 millones de pesos para el gasto de los 500 diputados federales, cantidad muy superior a los tres mil millones de pesos que se destinarán al fondo de compensación para las zonas fronterizas, que busca disminuir los efectos de aumentar el IVA al 16 por ciento, autorizado en la reforma fiscal.
Para evitar especulaciones sobre el uso de estos recursos públicos, el legislador panista por el Distrito Federal pidió que cada legislador transparente el destino final de los más de 10 millones de pesos que reciba.
“Creo que es muy importante que se conozca, para evitar que parezca que esto es un derecho que discrecionalmente cada diputado puede ejercer o puede hacer y no es así, esto es un recurso ciudadano y por lo tanto, tenemos que informar en qué los estamos gastando”, puntualizó.
Y puso el ejemplo. “En mi caso pues ya quise hacer público tanto los proyectos de infraestructura, como los de pavimentación y alumbrado público, y también los de cultura”, informó el Diputado Fernando Rodríguez Doval.
La también panista, Raquel Jiménez Cerrillo, informó que dentro del PEF 2014 se lograron etiquetar 10 millones de pesos para proyectos culturales de la Universidad Autónoma de Querétaro.
“Debo mencionar que desde que nos fue presentado, el proyecto me cautivó, no solamente porque rescata de una manera inteligente y vanguardista un espacio que a primera vista pudiera parecer poco atractivo o inutilizable; sino porque en su objetivo o razón de ser encierra un aspecto que ninguna Universidad debe dejar pasar por alto, el desarrollo humano integral”, puntualizó la diputada queretana.
Sobre este tema, el líder de Movimiento Ciudadano Monreal, Ricardo Monreal, señaló que es válida la gestión de recursos que cada legislador tiene derecho a realizar anualmente para recabar recursos públicos que financien proyectos comunitarios o infraestructura pública en sus distritos, municipios o estados, lo incorrecto es que no es parejo para todos los casos.
“Hay de diputados a diputados, hay diputados más influyentes que dicen ‘10 millones, no pues eso no me interesa, hay mucho más’, pero lo importante sería que todos ellos transparentaran, aunque fuera por gestión qué fue lo que pidieron y qué es lo que aceptaron en el presupuesto”.
Señaló que él personalmente no gestionó un solo peso del Presupuesto para su comunidad, aunque reconoció que algunos de los legisladores de Movimiento Ciudadano sí lo hicieron para favorecer a sus comunidades.
