Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– A seis días de que se cumpla un mes de la desaparición de 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa –hoy lunes hace 24 días–, la situación política y social de Guerrero ha entrado en una fuerte tensión.
El partido del Gobernador Ángel Aguirre se ha dividido entre los que apoyan su permanencia y los que lo quieren fuera, en tanto que el gobierno federal asume, poco a poco, el control de más municipios. Y en ese mismo marco político, las distintas fuerzas insurgentes (guerrilleros) que operan en el país –y en particular en esa entidad– desde hace años, han registrado una nueva y creciente actividad: lanzan comunicados, convocan a organizar autodefensas y llaman a ir contra lo que identifican como un “narco Estado”.
Ayer, Alejandro Encinas, Senador del Partido de la Revolución Democrática, dijo que “es evidente que el Gobernador Aguirre ya no es un interlocutor válido, no [sólo] con los estudiantes normalistas, sino con muchos sectores de la sociedad guerrerense”.
“Hay una situación de ingobernabilidad. Ya no es la desaparición de los 43 muchachos normalistas o los 6 homicidios que se presentaron en esa noche de terror en Iguala. Es el surgimiento todos los días de fosas con cadáveres y muertos que dan cuenta de un clima de ingobernabilidad en el estado y una vez que prácticamente el estado sea ocupado por la autoridad federal, pues, el Gobernador ya no tiene las riendas del estado”, agregó.
Su posición, que es la misma que la del Senador Miguel Barbosa y otros líderes perredistas como René Bejarano, se topó el sábado por la noche con un Consejo Nacional que pide mantenerlo en el poder y exculparlo políticamente de los hechos en Iguala, donde murieron 6 estudiantes normalistas y desaparecieron 43, mientras que el ex Alcalde, José Luis Abarca, continúa prófugo de la justicia.
Carlos Navarrete Ruiz, presidente nacional de la fuerza política, informó el sábado que de los 291 consejeros nacionales que asistieron a la plenaria, 272 votaron a favor de mantener el apoyo a Aguirre. Navarrete pertenece a la corriente conocida como “Los Chuchos”, que es la que sostiene al Gobernador.
Mientras tanto, miembros del Ejército Mexicano y la Policía Federal avanzaron en el control de distintos municipios tanto de Guerrero como del Estado de México. El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, informó que el Gobierno Federal asumió el control de la seguridad en 12 municipios de Guerrero y 1 del Estado de México. En conferencia de prensa indicó que el Ejército y la Policía Federal asumirán las labores de vigilancia ante presunciones de infiltración del crimen organizado en corporaciones policiacas.
LAS PROTESTAS NO PARAN
Familiares, amigos, estudiantes, organizaciones, activistas, intelectuales, políticos, medios de comunicación nacionales e internacionales mantienen la presión sobre Aguirre y sobre el Presidente Enrique Peña Nieto, de quien cuestionan la situación de violencia que se vive no sólo en la entidad, sino en todo el país.
El fin de semana las miradas se mantuvieron en Guerrero. El sábado 18, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y normalistas tomaron la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, en el municipio de Chilpancingo, como parte de su plan de acción para pedir la aparición con vida de los 43 normalistas de la Normal Rural.
Los manifestantes permitieron el paso libre a automovilistas y retuvieron vehículos de empresas transnacionales para darles un volante que explicaba las causas de sus movilizaciones. También tomaron el libramiento de la carretera de Tixtla.
Ese mismo día, estudiantes de la Escuela Normal tomaron radiodifusoras en Chilpancingo. Demandaron que se investigue a la brevedad posible el asesinato y desaparición de los normalistas. Y el domingo también salieron a las calles. Más de 300 personas, entre pobladores de Tixtla y normalistas de Oaxaca, partieron desde las 12:00 horas, recorriendo las calles principales de la ciudad con rumbo a la escuela.
Durante su recorrido hicieron una pausa en la parroquia San Martín, donde pidieron por la vida de los desparecidos. Con pancartas como “Vivos los queremos”, los manifestantes exigieron justicia a las autoridades. La marcha se realizó sin incidentes y se reportó saldo blanco. También en los municipios de Ayutla de los Libres y Atoyac de Álvarez, maestros, estudiantes y campesinos marcharon también este domingo para condenar los hechos de violencia del 26 de septiembre en Iguala y exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la marcha se exigió castigo al Gobernador y al ex Alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
ACTIVIDAD DE GRUPOS GUERRILLEROS
Distintos grupos guerrilleros reconocidos por las fuerzas de seguridad del gobierno de México han estado más activos. Emitieron distintos comunicados y han lanzado al menos un video en el que culpan al “narco Estado” por la violencia contra ciudadanos, y a los tres principales partidos (PRI, PRD y PAN) de cómplices. En particular, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) señala a la corriente perredista conocida como “Los Chuchos”.
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) es el último en aparecer. En un segundo comunicado, llamó anoche a la autodefensa y culpó al “narco-Estado” por los ataques a los estudiantes. “Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o no”, advirtió. Y a partir de los eventos en Iguala, Guerrero, estos grupos han emitido una serie de comunicados cada vez con mayor frecuencia.
Guerrero es una entidad en donde estos grupos armados han hecho presencia durante décadas desde la clandestinidad. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), brazo armado del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), nació el 28 de junio de 1996, aniversario de la matanza de campesinos de Aguas Blancas ordenada por el ex Gobernador Rubén Figueroa, quien nunca pagó por el ataque con policías.
Por el contrario, Figueroa apareció recientemente en una cena de gala junto con el actual Gobernador, Aguirre, un ex priista que ahora es miembro del PRD.
Lucio Cabañas Barrientos, un símbolo en la lucha guerrillera, fue un maestro rural de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Fue líder estudiantil y después encabezó el Partido de los Pobres.
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) advirtió en su segundo comunicado, dado a conocer el sábado en la noche y en las primeras horas del domingo, que “en el ambiente de terror del narco-Estado que vive México, se hace necesario el ejercicio de la autodefensa. Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o no”.
En la comunicación 42 que está firmada por los comandantes Hermenegildo, Cuauhtémoc y Santiago, el ERPI responsabilizan directamente del ataque a los normalistas a “José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal de Iguala; Ángel Aguirre Rivero, Gobernador del estado; Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República; el comandante del 27 Batallón de Infantería, de Iguala; Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional; Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, y Enrique Peña Nieto, Presidente de México”.
Los acusan de haber constituido una “fuerza paramilitar que va más allá de sicarios y pistoleros de la delincuencia; es el Estado el que opera como sicario del narconegocio y de la ocupación de territorios que pretenden las trasnacionales”.
Advirtieron “al régimen” que será responsabilizado de cualquier acto de represión y persecución contra las y los estudiantes, maestros, comunidades y organizaciones que se están movilizando, “los organismos defensores de derechos humanos, presos y ex presos políticos y periodistas que defienden del derecho del pueblo a exigir justicia y a protegerse del terror de Estado”, detallan.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) también emitieron un comunicado, donde acusaron que “los tres partidos políticos y los tres niveles de gobierno son culpables” de los hechos ocurridos en Iguala. Además exigieron la presentación con vida de los estudiantes.
Los sucedido en Iguala “es consecuencia obligada de un paulatino proceso de descomposición social en todo el país. Demuestra que la base económica del país se está desmoronando. Muestra que los ‘cambios estructurales’ son sólo cambios de fachada que no conducen a nada extraordinariamente bueno: la desigualdad social sólo se agudiza día con día”, señalan.
Las FARP fue el primer grupo armado en alzar la voz. EN días pasados exigieron la renuncia del Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, “quien vuelve a ensangrentar sus manos en su administración, le quedó grande Guerrero, traicionó al pueblo que lo eligió, se doblegó a los intereses y ambiciones de poder, su alianza con la delincuencia organizada y el pago de favores a los amigos que lo llevaron al poder”.
En esa ocasión, las FARP señala que el tema “del crimen organizado” se ha convertido en una excusa “genial para encubrir un hecho cada vez más inocultable: ‘el crimen organizado’ es el poder político”. Señalaron que si todas las políticas de seguridad implementadas han fracasado, se debe a que “hay una organización criminal más compleja y poderosa que pernea al propio ‘crimen organizado’ y ésta se llama gobierno mexicano”.
“Una prueba de ello es el juego perverso y tramposo con el que el gobierno del PRI trata de remarcar la innegable vinculación del PRD en los sucesos criminales de Iguala. Pero eso, en sentido estricto, se vuelca sobre el mismo PRI por una razón histórica: ¿qué es de buena parte de la dirigencia del PRD? ¿No son, muchos de ellos, mafiosos del PRI conversos a “demócratas” del PRD? El origen turbio y corrupto de esos políticos proviene del PRI, el ala mafiosa triunfante de la Revolución Mexicana. Los dirigentes más honestos del PRD quedaron atrás, en la historia, luego de ser asesinados por el PRI. Por lo demás, eso de que hay avances en el asunto de la “seguridad pública” es un argumento muy frágil. Cualquier mediocre es mejor que aquellos aspirantes a nazis que gobernaron México durante 12 años”, cuestionaron las FARP.
El pasado 9 de octubre, el Comité Estatal de Guerrero del ERPI convocó al interior de sus filas y al pueblo en general a conformar la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre” para enfrentar “en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos”.
Este es el segundo llamado en una semana que hace un grupo insurgente guerrerense para responder por la vía armada contra un narco estado refiriéndose propiamente al grupo criminal de los Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.
En esta ocasión, el ERPI dijo que la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es cómplice de los hechos del 26 de septiembre donde tres normalistas murieron y otros 43 fueron secuestrados en Iguala por agentes municipales en complicidad con integrantes del narcotráfico. Nueva Izquierda, tribu conocida como “Los Chuchos”, llevó a la dirigencia nacional perredista a su actual presidente Carlos Navarrete.
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente también pidió a sus integrantes y “al pueblo mexicano toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía pública o secreta”.
Refirió que se vio obligado a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el Estado de Guerrero.
