Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no sólo dejaron 43 normalistas desaparecidos sino más de 800 afectados entre víctimas directas –la mayoría jóvenes y menores de edad-, desaparecidos, heridos muertos, así como familiares que han debido enfrentar las consecuencias, reporta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un documento llamado “Los temas claves del Informe Ayotzinapa del GIEI”, difundido este domingo, la comisión independiente que investiga la desaparición de los 43 alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que resalta los puntos más relevantes del informe presentado hace una semana, señala que existen 180 víctimas directas: 6 ejecutados extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas de persecución y atentados, más de 30 que sufrieron ataques contra la vida así 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos forzosamente.
Pero también existen al menos 700 familiares directos de las víctimas directas que “han tenido que enfrentar también las consecuencias de los hechos, el impacto del dolor y el miedo, y las consecuencias del trato recibido en estos meses, situación que se documenta en un capítulo específico del informe”.
Para el GIEI, comprender la experiencia de las víctimas es fundamental para poner en marcha medidas para su atención y prevenir la victimización secundaria que los familiares han enfrentado. “Cualquier programa de atención debe partir de este análisis que el informe reconstruye a partir de entrevistas con los familiares de 47 víctimas entre familiares de desaparecidos, normalistas asesinados y heridos, así como con normalistas sobrevivientes”.
“Yo lo que puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano, que tenga fuerza y que tenga la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Y si regresa mi hermano con vida, seré muy feliz, con mi hijo, con mi esposa, toda mi familia. Lo agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida, igual agradecerle a toda la gente. Pero debo ser positivo mientras no haya pruebas. Y aquí debo estar con los padres y luchar, encontrarlos”, relató una de las víctimas entrevistadas para el informe.
MÁS DE TRES HORAS DE ATAQUES
El documento destaca que los estudiantes atacados que participaron durante el secuestro de cinco autobuses que usaría para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, sufrieron al menos nueve ataques directos por parte de las policías de Iguala y Cocula durante aproximadamente tres horas, mismos que expone de manera detallada:
• Calle Galeana: Disparos al aire y contra autobuses y normalistas tras salir de la central.
• Cruce Juan N. Álvarez y Periférico norte: Concentración de 3 autobuses y unos 70 normalistas entre dos fuegos. Al menos 10 patrullas de policía de Iguala y Cocula. Ataque indiscriminado a normalistas hiriendo de extrema gravedad a uno y a otros dos de forma grave. Un autobús con al menos 25 normalistas detenidos y luego desaparecidos. Disparos dirigidos al autobús con pasajeros dentro.
• Frente al Palacio de Justicia: un autobús con entre 15 y 20 normalistas es detenido y destrozado por los policías de Iguala. Los ocupantes son golpeados, forzados a bajar, detenidos y luego desaparecidos.
• Salida de Iguala antes del Palacio de Justicia: Un autobús tomado por 14 normalistas es detenido y sus ocupantes amenazados con armas de fuego y perseguidos, escondiéndose en un cerro.
• Crucero Santa Teresa: Ataque contra autobús de Los Avispones, que habría sido confundido con un autobús de normalistas y varios autos más. Se produjeron tres muertos y cuatro heridos muy graves y varios heridos graves.
• Mismo lugar, momentos después un segundo ataque: otro taxi y otro autobús fueron baleados, varios heridos por arma de fuego.
• Carretera de entrada a Iguala y Periférico. Persecución y disparos contra un grupo de 14 normalistas, que no fueron heridos y sobrevivieron.
• Juan N. Álvarez y Periférico: rueda de prensa de normalistas. Patrullaje de policía municipal y protección civil antes. Dos normalistas fueron asesinados con disparos a quemarropa, uno es herido de gravedad y hay varios heridos más.
• Camino al Andariego. Homicidio de un normalista que previamente fue brutalmente torturado.
El documento define el nivel de agresión por parte de los cuerpos policiacos como “indiscriminado”, ya que “el ataque con disparos contra los autobuses con jóvenes fue desproporcionado y sin sentido”, toda vez que los normalistas no iban armados, no boicotearon ningún acto político –como se dijo inicialmente- y no atacaron a la población.
“Hay un enorme nivel de miedo, aún hoy, debido al grado de control que se percibe, por lo que se requiere proteger a los testigos”, advierte.
Reitera que además de policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores, en las dos escenas de Juan N Álvarez y el Palacio de Justicia, donde fueron detenidos y desaparecidos normalistas, hubo en algún momento presencia de agentes del Ejército, de agentes la Policía Federal y ministerial mientras sucedían los hechos. Dicha presencia está registrada en documentos en el expediente.
Detalla que después de la detención de normalistas, una patrulla del Ejército visitó la comisaría de barandilla, tras lo cual se dirigió al Hospital Cristina en donde se había refugiado un grupo de normalistas. Una patrulla del Ejército resguardó la escena del crimen de Juan N. Álvarez y Periférico tras el segundo ataque. Otra se dirigió al escenario del ataque al equipo de futbol de los Avispones.
Otra patrulla del Ejército llegó al lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón, entre las 6:00 y 7:00 horas tras una llamada al C-4, resguardando la escena antes de que llegaran autoridades civiles.
Esa noche, especifica el documento, no hubo ningún tipo de protección a los normalistas frente a los ataques, en cambio, sí fue posible comprobar un retraso en la atención a las víctimas.
“La violencia de esa noche muestra un panorama de indefensión de las víctimas frente a los agresores. Ello no sólo por el hecho de que se trataba de Policía Municipal sino porque ninguna otra fuerza del Estado que estaba teniendo conocimiento de los hechos o estuvo presente en algunos escenarios cuando se producían y fue testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos, actuó en protección de los normalistas”, señala.
“En el caso de Aldo Gutiérrez –uno de los agredidos- la atención se demoró por el ataque que siguieron sufriendo quienes trataban de atenderlo y la falta de condiciones de seguridad para las ambulancias. Los dos normalistas muertos en el segundo ataque no fueron siquiera atendidos, quedando tendidos en el suelo, con disparos a quemarropa, y pasando más de 2 horas sin ser tapados, mientras llovía”.
Por otro lado observa que el traslado del chofer del autobús de Los Avispones se atrasó por más de una hora y media, muriendo al llegar al hospital.
“La falta de diligencia en el traslado de enfermos y su demora por hora y media estuvo a punto de costarles la vida a dos personas heridas de gravedad en el ataque al bus de Los Avispones. El normalista herido grave E.V. estuvo cerca de hora y media en la clínica Santa Cristina sin ningún tipo de ayuda médica”.
El GIEI señala que en el relato de este caso se da frecuentemente una desconexión entre la primera parte del operativo llevado a cabo por agentes del Estado, de la segunda en que supuestamente se entrega a los normalistas desaparecidos a un grupo de la delincuencia organizada para desaparecerlos. Sin embargo existe una continuidad de la acción por lo que independientemente de los dos escenarios diferentes en distintos momentos, no se puede desvincular, como si la policía y autoridades implicadas no tuvieran decisión sobre el destino de los normalistas detenidos.
Sobre la desaparición de los 43, hace casi un año, la decisión sobre su destino no parece haberse tomado inmediatamente y sin preparar la infraestructura necesaria para ocultar a un grupo tan numeroso de personas en un corto tiempo después de la detención.
“Las condiciones del acto y las versiones de los hechos siguen siendo contradictorios, existiendo cuatro escenarios y versiones distintas. Las contradicciones en dichas versiones sobre los hechos, por parte de los acusados de ser parte de Guerreros Unidos, y haber llevado a cabo el asesinato y desaparición, muestran fuertes inconsistencias respecto a: cómo se enteraron de los hechos; la supuesta valoración de que los normalistas fueran infiltrados; la acción de los distintos inculpados; las horas en que se habrían dado los hechos; las circunstancias de los hechos que ya han sido probadas que no se dieron; el traslado de los normalistas detenidos; las contradicciones entre el relato del asesinato, quema y desaparición final de los normalistas, y las acciones llevadas a cabo posteriormente para borrar cualquier huella. Dichas contradicciones llevaron al GIEI a pedir un peritaje independiente sobre la dinámica de fuego en el basurero”.
