El Instituto Nacional Electoral (INE) le cuesta muy caro a los mexicanos: más de 15 mil millones de pesos al año, un monto que lo coloca entre los aparatos de vigilancia electoral más costosos del mundo, afirman analistas.
Sin embargo, a pesar del alto costo que pagan los mexicanos para garantizar procesos democráticos en los comicios, el órgano falla en uno de sus principales objetivos: fiscalizar debidamente y con imparcialidad a los partidos políticos.
Este es el INE que velará la aplicación de la Ley en la elección presidencial de 2018: uno debilitado y desprestigiado por el actuar de sus consejeros, afirman los especialistas en el tema.
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Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– México cuenta con uno de los aparatos de vigilancia electoral más costoso del mundo, pero también con uno de los más desprestigiados. Este es el Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrá a cargo de organizar, vigilar y hacer cumplir la Ley en la elección presidencial de 2018, cuyo talón de Aquiles, de acuerdo con los analistas electorales, es precisamente una de sus funciones más importantes: la fiscalización.
El INE captó un presupuesto de 15 mil 071 millones 176 mil 879 pesos en 2017, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, de los cuales 4 mil 138 millones 727 mil 092 pesos son destinados al financiamiento de partidos políticos y el resto –10 mil 932 millones 449 mil 787 pesos– son utilizados por el organismo para gastos de operación.
“El año que entra, con las elecciones federales, el presupuesto del INE estará cercano a los 20 mil millones de pesos. Yo no conozco el costo de las autoridades electorales de todos y cada uno de los países del mundo, pero hasta donde yo conozco, es la institución que tiene más presupuesto. En democracia, en general, México es la más cara del mundo porque impera la desconfianza. En democracias más desarrolladas los electores no necesitan tener una credencial para votar con tantas medidas, la gente va y vota con la credencial que trae en la bolsa, hasta con la del supermercado”, dijo Roberto Duque Roquero, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en Derecho Constitucional.
El Consejo Electoral del INE lo conforman Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente; Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo, y los consejeros electorales Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Adriana Margarita Favela Herrera, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Hernández, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y Beatriz Claudia Zavala Pérez.
Cada uno de esos consejeros del Instituto Nacional Electoral tiene autorizado entre 218 mil 469 y 259 mil 547 como sueldo mensual. Los consejeros ganan entre 177 mil y 180 mil 003 pesos, además de recibir entre 41 mil 317 y 69 mil 544 pesos por concepto de “prestaciones”, ya sea en efectivo o en especie.
El Manual de Percepciones del INE indica que además de su salario, los consejeros electorales tienen derecho a prestaciones económicas y sociales entre las que se cuentan: prima vacacional equivalente a cinco días del salario base por cada periodo vacacional –tienen dos periodos de 10 días hábiles cada uno–. Aguinaldo [40 días de salario]. Paga de defunción equivalente a cuatro meses de salario [casi 1 millón de pesos]. Seguro de vida institucional “mediante el pago de una suma asegurada básica que consiste en un pago de 40 meses de sueldo tabular bruto” [alrededor de 9.5 millones de pesos].
Los consejeros del INE tienen además un seguro colectivo de retiro, otro más de gastos médicos mayores con una suma asegurada básica de de 111 a 295 salarios mínimos “cuya prima, así como las de su cónyuge e hijos menores a 26 años son cubiertas por el Instituto”. También gozan de un seguro de separación individualizado de entre el 2 y el 10 por ciento del salario tabular, y una “ayuda para gastos alimentarios” de casi 12 mil pesos mensuales, así como de vehículos para uso institucional.
Eduardo Huchim May, experto en el sistema político mexicano y ex consejero en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), recordó que entre el INE y los organismos electorales locales, el presupuesto anual se eleva a los 35 mil millones de pesos, lo que hace al sistema de vigilancia electoral de México uno de los más robustos y costosos del mundo. Sin embargo tiene un problema elemental: falla al momento de fiscalizar los recursos de los partidos, una de los principales puntos de inconformidad durante los procesos electorales.
“El talón de Aquiles es la fiscalización. Por ejemplo, en el Estado de México hubo un empleo de programas sociales evidente con fines proselitistas y denuncias en contra de la campaña de Alfredo del Mazo Maza. El INE fijó como tope de gasto de campaña de Alfredo del Mazo 169 millones de pesos, algo irrisible porque ahí se emplearon algunos miles de millones de pesos relacionados con la compra y coacción del voto. Entonces, en materia de fiscalización el INE es insuficiente, deficiente; esto es muy mala noticia de cara a las elecciones de 2018 en donde no sólo habrá comicios en tres estados, sino en todas las entidades federativas”, alertó Eduardo Huchim.
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2017 SEMEJANTE A 2012, EN FALLAS
Lo sucedido este año recuerda la forma en la que el antecesor del INE, el Instituto Federal Electoral (IFE), falló al momento de fiscalizar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012, como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República.
“Ahora con este escándalo de Emilio Lozoya Austin [ex Director general de Petróleos Mexicanos] hay un elemento más que acredita lo que algunos dijimos en 2012: que hubo un gasto descomunal en la campaña de Peña Nieto y el IFE determinó que la campaña costosísima, ostentosísima, costó menos que la relativamente modesta campaña de Andrés Manuel López Obrador. Eso lo hizo el IFE, ahora el INE hizo lo mismo en el Estado de México; entonces, el INE en lugar de ser una solución, es parte del problema”, explicó Huchim.
La elección del Estado de México y la de Coahuila fueron las que pusieron en tela de juicio la capacidad del INE y de sus consejeros para actuar con imparcialidad.
En el primer caso, a pesar de que había denuncias de todos los partidos de oposición por el uso de recursos públicos para comprar votos y promover la candidatura del priista Alfredo del Mazo, el INE determinó que no había rebase de tope de gastos de campaña. En Coahuila ocurrió, además, una falla en el Programa de Resultados Electorales Preliminares de México (PREP), algo imperdonable para un órgano que cuenta con recursos millonarios, de acuerdo con los especialistas.
Para Iliana Rodríguez Santibáñez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey y ex observadora electoral, los resultados del INE en las elecciones de este año “dejaron mucho que desear”.
“Las instituciones electorales fueron vanguardistas cuando se crearon, lograron autonomía, en este momento han dejando atrás las expectativas de los votantes. La cultura ciudadana cada vez está más decepcionada de la política nacional que tiene poca participación, pero también poca exigencia de los resultados. Hay un hartazgo de la ciudadanía por la ineficacia de los resultados de la institución”, dijo.
Roberto Duque Roquero explicó que el INE es una “mole”, uno de los institutos más “robustos”, que lamentablemente en las elecciones de este año se le “ha doblado una rodilla”, debido a que logró salir airoso en los comicios de 2015 y 2016, sin embargo en los de 2017 flaqueó.
Flaqueron sus consejeros, dijo.
“Los consejeros electorales no son el INE, pero son la fachada del INE. No es bueno tener consejeros electorales que los ciudadanos perciban que hay “bancadas de consejeros” y que están enfrentadas en defensa o ataque de determinado partido y coalición”, expuso.
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CAMBIAR DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS
Delfina Gómez Álvarez, ex candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, ha insistido en la necesidad de que los consejeros del INE sean removidos, tras el resultado de este año que dio como ganador en el Edomex al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfredo del Mazo Maza.
“No podemos llegar así a 2018, la gente lo que quiere es certeza, es transparencia, que no es el poder lo que nos preocupa, sino la actuación, que quieren imponer…ahorita están midiendo; sí pedimos la renuncia de estos consejeros”, dijo Gómez Álvarez el pasado 8 de agosto durante un mitin en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), horas antes de que los consejeros locales votaran entregar la constancia de mayoría a Del Mazo, a pesar de que aún no han concluido todas las impugnaciones presentadas por los partidos de oposición ante la autoridad electoral.
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Sin embargo, el analista Duque Roquero explicó que la remoción de lo consejeros a meses de la elección de 2018, sería contraproducente. Planteó en su lugar un cambio de metodología para nombrarlos.
“Cambiar los nombres no resolverá el problema, porque es de origen: la elección se da a propósito de las bancadas parlamentarias en el Congreso; ese patrocinio de origen no abona a la democracia”, precisó.
El experto recordó que los consejeros ya arrancan “maiceados” de origen, pues son nombrados por los partidos políticos.
“Ya van pintados de colores desde el principio. Han conformado al INE con una suma de parcialidades, creyendo torpemente los legisladores que la suma de parcialidades es la solución, que da lugar a la imparcialidad. Necesitamos una suma de imparcialidades. Este método es parte de una de las razones por las que estamos viendo así al INE”, dijo.
Duque Roquero detalló que es más importante que la persona que llegue a ser consejero, sea imparcial, aunque no sea un experto técnico especializado en materia electoral.
El especialista Agregó que los futuros consejeros deberían ser electos por un comité ciudadano compuesto por expertos prestigiosos, y no como actualmente se eligen por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, quienes se reparten entre los partidos mayoritarios los nombramientos para que el pleno avale las propuestas con las dos terceras partes de los votos.
“El método que aprobaron para el SNA[Sistema Nacional Anticorrupción] del Comité de Participación Ciudadana me parece muy bueno: que agarren a nueve especialistas con un prestigio inmenso, que ellos sean los que designen a otras personas”, explicó.
–Con información de la Unidad de Datos de SinEmbargo.
