Por Cristian Torres Cruz e Inés García Ramos
Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo/ZETA).– Para el Secretario de Desarrollo Económico de Baja California, Carlos Bonfante Olache, no existe ningún impedimento legal para que empresas propiedad de su familia puedan adquirir apoyos económicos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
El funcionario estatal aseguró que la dependencia a su cargo no cuenta con el control de los proyectos que solicitan el apoyo de fondos destinados a la ciencia, tecnología e innovación.
“No hay ningún impedimento en la ley y el mismo Conacyt te reitera que un familiar que tenga una empresa tenga el acceso a fondos federales para empezar y eso está estipulado en los mecanismos de operación de la Conacyt” consideró el funcionario.
Este miércoles 19 de agosto, Bonfante Olache fue abordado por representantes de medios de comunicación, quienes cuestionaron al funcionario respecto al reportaje publicado en ZETA que demuestra diversas irregularidades en la distribución de fondos destinados a ciencia y tecnología.
“A todas y cada una de las empresas que se mencionaron como fantasmas, a esas empresas se les ha solicitado desde el día lunes que presenten sus proyectos a los medios […], son empresas que se han comunicado a la SEDECO indignadas y lo mejor que les he dicho es ‘chamba mata grilla’, mejor presenta tus proyectos y será más claro el objeto de que estamos contestando”, dijo Bonfante.
El semanario ZETA publicó esta semana cómo desde la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Baja California, se distribuyen millones de pesos a empresas propiedad del propio titular Carlo Bonfante Olache, de su esposa, así como de amigos, socios y para empresas fantasma.
Estos recursos tienen el objetivo de “impulsar la innovación y productividad entre las empresas”, asegura la Sedeco, dependencia encargada de promocionar y coordinar los Programas de Estímulos a la Innovación de la mano con el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología (CONACYT).
El Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid presume a Baja California como “una de las cinco entidades de México con mayor presencia en la agenda de ciencia y tecnología”. Lo cierto es que entre 2013 y 2015, se han repartido 51 millones 935 mil 935 pesos a empresas sin registro ni domicilio físico, y que incluso, utilizan sitios web idénticos como única forma de presentación.
Mientras que las compañías propiedad del funcionario estatal y de su pareja sentimental, así como de empresarios asociados y amigos han recibido 14 millones 213 mil 947 pesos en “estímulos”, invertidos supuestamente en programas que, comparados a proyectos rechazados, resultan ser un fiasco.
Por ejemplo, a las empresas propiedad de un socio de Eva María Gallego Salas, la esposa del secretario de Desarrollo Económico, se les asignaron recursos para que desarrollaran un sistema de enfriamiento de vegetales, dejando fuera proyectos para evitar la amputación de pie diabético, tratamientos contra el cáncer, o la creación de un laboratorio para quimioterapia dirigida.
Al hacer esto, Bonfante Olache incurre en la comisión de un hecho delictivo. El Artículo 228 del Código Penal de Baja California estipula que el delito de peculado es cometido por aquel “servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o municipios, a organismos descentralizados”.
También el Artículo 305 castiga a los servidores públicos que cometan negociaciones ilícitas al otorgar “por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público”. Estas acciones también son consideradas delitos cuando los beneficios económicos se extienden, como es este caso, “a su cónyuge, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.
Ambos delitos se castigan tanto con prisión como con inhabilitación. En el caso de peculado, el monto máximo de multa es de 600 días multa, es decir, 420 mil pesos y hasta 14 años de cárcel. Por el delito de negociaciones ilícitas, las sentencias van de los seis meses a los cinco años de prisión, así como un máximo de 17 mil 500 pesos de sanción económica.
