Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– México llegó al momento en el que ya no puede ocultar violaciones a los derechos humanos de parte de elementos militares, pues la fallida guerra contra el narco está orillando al país a una especie de “guerra civil” en la que cada vez sean más acotadas las opiniones críticas o se vean masacres como la de Tlatlaya, advirtió el General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez.
En entrevista con SinEmbargo, Gallardo Rodríguez habló de cómo debe replantearse la estrategia de seguridad para regresar al Ejército y a la Marina a los cuárteles, en lugar de mantenerlos en las calles haciendo labores que deberían estar a cargo de corporaciones civiles. el General impulsa un proyecto que sume a las Fuerzas Armadas en una sola dependencia cuyo mando esté a cargo de un civil –sin detallar aún por quién debería ser nombrado.
Este es el momento, asegura, para evitar que el país siga caminando hacia una guerra civil en la que se siga limitando la libertad de expresión y se sigan cometiendo nuevas masacres.
Gallardo Rodríguez es un General Brigadier del Ejército Mexicano, que cobró relevancia en 1993 cuando fue encarcelado por la institución castrense acusado de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y calumnias al Ejército, entre otros, luego de hacer pública su postura a favor de la creación de un defensor de los derechos humanos de los militares.
En 1993 publicó en la revista Fórum un artículo –sobre su tema de tesis– en el que sugería la creación de la figura de un Ombudsman militar, con el propósito de que éste regulara los abusos dentro de la vida castrense.
Un mes después de publicar dicho texto –titulado “La necesidad de un Ombudsman Militar en México”– fue arrestado acusado de 27 delitos en nueve averiguaciones previas.
De acuerdo con la historia que aún recuerda Gallardo, la Fiscalía Militar lo acusó de haber efectuado depósitos en su cuenta maestra número 77-44026-1, por 2 millones 957 mil 548 pesos, mientras que “por concepto de haberes, sobrehaberes y demás emolumentos percibidos 1981 a 1991 –tiempo en que fue servidor público en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– se acreditaron 102 mil 082 pesos”
El ahora profesor universitario y asesor parlamentario fue condenado por un Consejo de Guerra a 14 años de prisión.
Desde su encarcelamiento, organismos nacionales e internacionales iniciaron una intensa lucha para conseguir su liberación. En 1996, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una recomendación al Gobierno mexicano pidiendo que fuese liberado. Sin embargo, el Estado nunca avisó a este organismo sobre los avances, por ello en 1997 fue declarado por Amnistía Internacional (AI) como “preso de conciencia”.
Sobre su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió 37 amparos en contra de la justicia militar y del alto mando, pero ninguna se cumplió.
En 2002, el Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada ordenó su liberación y desde entonces ha mantenido su exigencia de crear una figura que actúe ante los abusos al interior de los instituciones castrenses.
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–A raíz de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera [líder del Cártel de Sinaloa], algunos analistas empiezan a hablar de cierta molestia en las Fuerzas Armadas porque sienten que la autoridad civil de alguna forma echa por tierra su trabajo de inteligencia para atrapar a estos capos…
–No son molestias declaradas. La molestia real es porque hay un empuje muy fuerte de la sociedad para que se aclaren muchos los crímenes y, aunque sí se ha señalado al Ejército en algunos casos, se puede notar una política de Gobierno para encubrir a la milicia y los crímenes que ha cometido el Ejército, y esto viene también desde el Poder Legislativo y Judicial. Eso va a provocar un conflicto muy grave de derechos humanos: va a haber más masacres más presiones en contra de la sociedad civil, del periodismo crítico, las voces críticas… en contra del cualquiera que no esté de acuerdo con este régimen.
–¿Estamos a tiempo de sacar al Ejército de las calles para evitar que se den otros Tlatlayas y otros Ayotzinapas?
–El Ejército Mexicano se debe retirar de la lucha contra las drogas y de los asuntos de seguridad pública. Yo he dicho que va a ser más fácil armar otro Ejército que sacarlo de las calles; si quieren tener una policía militarizada, ya la tienen y empecemos a hacer un Ejército nuevo. Es un tema muy espinoso que ha sido intocado en México, y el que el Ejército sea intocable ha provocado muchos conflictos. Actualmente está en la crítica, en la vitrina, pero no pasa nada. Son pocos los procesados por las masacres que ha hecho el Ejército en México. Ahí está el soldado que está a expensas de lo que le diga la autoridad y ese soldado que está ahí es el que va a aguantar la prisión y va a salir libre dentro de un tiempo. Yo me pregunto: ¿cuantos militares hay procesados por la masacre del 68, por la Guerra Sucia? Ninguno.
–Hablando del momento actual, ¿el Ejército está capacitado para enfrentar el poderío de los cárteles mexicanos?
–El Ejército está capacitado para aniquilar a los grupos de narcotraficantes; sí los mata a todos, los aniquila, así como dijo el Secretario de la Defensa al Presidente Carlos Salinas en 1994, cuando surgió el EZLN [Ejército Zapatista de Liberación Nacional]: ‘en 24 horas terminamos con el asunto’. Pero ahora hay una presión internacional, y saben que el Ejército no puede hacer eso. Lo puede hacer, pero no debe.
–Y por qué en Tlatlaya, aparentemente, sí lo hizo…
–También en Chiapas hubo un fusilamientos en Ocosingo que nunca se esclarecieron, pero ahora con las redes sociales y todo, el sistema está abierto. El asunto de Tlatlaya pasó junio, julio, agosto, 90 días estuvieron ocultándolo hasta que Peña Nieto se fue de gira y le saltó el asunto.
–Un militar obedece órdenes, ¿eso fue lo que hicieron en Tlatlaya?
–No. La Ley Militar prohíbe que un militar obedezca órdenes cuando son contrarias a la Constitución y a las leyes militares, está por escrito. Por un lado, el artículo 129 constitucional dice de manera textual: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.
–Y oficialmente no estamos en guerra.
–Exacto, pero, hay que explicar que los reglamentos militares dicen que todo militar que reciba una orden contraria a la Constitución no tiene que obedecer. Y por otro lado, la misma ley castrense dice que se prohíbe a todo militar realizar funciones de policía. Entonces estamos viendo que es una violación que hace el mismo Ejército.
–Volvamos al caso de Tlatlaya. Yo, como soldado, si recibo la orden de abatir a las 22 personas que tengo enfrente, ¿puedo decir no?
–Puedes decir no, y te van a arrestar, pero ya no cometiste el crimen. La molestia del Ejército es porque la sociedad civil ya sabe muchas cosas y fue mi caso, hace 21 años, el que abrió todo eso. El Ejército mexicano debe ser reformado y modernizado para que cumpla con su función de defensa nacional.
UN CIVIL A LA DEFENSA
–Hacia dónde vamos con una delincuencia tan organizada, una Presidencia tan debilitada como la de Peña Nieto y un Ejército combatiendo la delincuencia común en lugar de cuidar la seguridad nacional?
–Tal parece que el poder público le apuesta a una guerra civil, lo estamos viendo en Michoacán con el levantamiento de los grupos de autodefensa que son grupos armadas. No nada mas es ahí: son 16 estados en los que hay grupos de autodefensa que el poder público lo oculta y a éstos les sumaría las policías comunitarias de más de 600 pueblos indígenas [población estimada en 15 millones de personas]. Ahora es el momento de poner controles, de destituir a todos los funcionarios incompetentes y corruptos y poner gente honesta.
–¿Y si se regresa a las Fuerzas Armadas a los cuarteles se evitaría esa guerra civil?
–En la situación que estamos viviendo deben de regresar. Se puede implementar una reforma para que el Secretario de la Defensa Nacional sea un civil, se pueden cambiar las misiones del Ejército para que todos los militares que quieran estar en la policía se den de baja y se sumen a las fuerzas civiles. Se debe hacer una sola Secretaría de la Defensa que sume a todas la Fuerzas Armadas y esté a cargo de un civil porque este es un asunto sólo de la sociedad civil no de los militares. En todos los estados democráticos hay una sola Secretaría de Defensa que está a cargo de un civil. Tenemos ejemplos como el de Estados Unidos, Alemania, Francia y Chile, donde la actual Presidenta [Michel Bachelet] fue Secretaría de Defensa siendo civil.
–¿Quién debe dirigir la política criminal del Estado?
–Los civiles con los militares y a partir de eso empezar a reformar toda la estructura.
–¿Cuáles las principales razones por las que el Ejército tendría que regresar a los cuarteles?
–Primero, porque es necesario para que exista una reforma hacia las Fuerzas Armadas y termine las funciones de seguridad interior; luego, para que junto con el nombramiento de un Secretario de la Defensa civil se dé una reestructuración del Ejército y una reforma del sistema de justicia administración, procuración de justicia así como del sistema carcelario. Estoy hablando un cambio de régimen.
–¿No es un proyecto muy ambicioso?
–No lo sé, pero caminar hacia ella es la única alternativa que nos puede ayudar a recomponer todo esto que se ha descompuesto en estos nueve años.
