Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– La muerte de José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, el menor de 13 años que resultó herido por el impacto de una bala de goma que –acusan los pobladores de San Bernardino Chalchihuapa– dispararon agentes de la Policía Estatal de Puebla, colocó en el ojo del huracán al Gobernador de esa entidad, el panista Rafael Moreno Valle Rosas.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio en la autopista de Atlixco cuando los agentes lanzaron granadas de humo, gases lacrimógenos, balas y proyectiles de goma para dispersar a los pobladores de Chalchihuapa que protestaban en la vía para exigir la restitución de los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares.
Dos meses antes, el Congreso local aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como “Ley Bala”, que permite el uso legítimo de la fuerza.
La ley fue propuesta por Moreno Valle, como también fue decisión del Gobernador encargar la Seguridad Pública de Puebla a Facundo Rosas Rosas, un policía con una polémica trayectoria; cercano al ex Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, uno de los responsables de la estrategia contra el narcotráfico implementada en el sexenio pasado, la cual dejó miles de muertes y desapariciones en todo el país.
Sin embargo, esta no es la primera ocasión que el gobierno de Moreno Valle es señalado por reprimir protestas. En abril pasado se le acusó de “perseguir” campesinos, ambientalistas y universitarios relacionados con la lucha en contra del llamado Proyecto Integral Morelos y otros megaproyectos emprendidos por la gestión del panista.
El Proyecto Integral causó polémica toda vez que se trata de un gasoducto que lleva el nombre de “Morelos” y que pasará en terrenos de dos juntas auxiliares de Cholula. Por oponerse a su construcción mediante protestas fueron apresados la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez; el líder campesino Abraham Cordero Calderón, y el vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Juan Carlos Flores Solís.
En este nuevo caso de represión por parte de las fuerzas del estado de Puebla, Moreno Valle ha vuelto al centro de la polémica, en gran parte porque tanto organismo civiles, como activistas y políticos de oposición le señalaron los riesgos de implementar una ley regresiva en materia de derechos humanos. Ahora, a dos meses de ser promulgada la “Ley Bala” los resultados no son nada alentadores con la muerte de un niño por disparos de sus elementos de seguridad.
Aunado a ley que propuso el mandatario poblano está el encargado de llevarla a cabo. El responsable de la Seguridad Pública del Estado: Facundo Rosas Rosas. De la experiencia de su Jefe de Policía no hay duda, incluso se le califica como un “súper policía”, especializado en labores de investigación; pero su accionar en la práctica ha generado acusaciones en su contra que incluyen corrupción, abuso de autoridad, ataques a los derechos humanos y presuntas relaciones con el crimen organizado.
De hecho, el operativo ocurrido hace dos semanas en Puebla rememora al del 12 de diciembre de 2011 en Ayotzinapa, Guerrero, cuando alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos bloquearon la Autopista del Sol en demanda de mejoras en su escuela y plazas para los egresados. En esa ocasión murieron dos estudiantes como parte de un operativo de las policías municipal, estatales y federal, ésta última a cargo de Rosas.
Como consecuencia de estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló a Rosas Rosas como omiso, ya que reconoció que se enteró del operativo una hora después, “cuando ya había tres muertos, detenidos, personas que eran golpeadas por sus elementos sin hacer uso de medios como Plataforma México o para comunicarse con el C4 para enterarse de un operativo de esa magnitud, de esa gravedad, siendo el responsable de la corporación”.
A pesar de ello Facundo Rosas no enfrentó su responsabilidad. El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa lo removió del cargo de Comisionado de la Policía Federal dos meses después de los hechos y lo nombró subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Tampoco pesaron en su contra los señalamiento de Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, quien lo acusó, junto a García Luna, de recibir dinero de los grupos criminales y de pactar con los capos de los cárteles del narcotráfico.
Por el contrario, el panista Moreno Valle lo llevó a su gobierno y le encargó las labores de seguridad.
Ya en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Rosas Rosas explicó desde los primeros días que aunque Puebla “es una entidad segura, […] no hay que esperar a que se descomponga”.
En ese ocasión, los periodistas lo cuestionaron por el calificativo de “represor”, como lo llamaron en su tiempo legisladores opositores al gobierno de Felipe Calderón. En respuesta, Facundo Rosas respondió que seguramente se debe al caso de la Normal de Ayotzinapa.
Sin embargo, dijo, es “una persona respetuosa de los derechos de las personas” y que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa fue uno de los muchos que le han tocado atender, pero siempre ha actuado con sensibilidad y sin dolo.
Ahora en el caso de Chalchihuapan, Rosas Rosas negó que agentes de esa corporación hayan usado balas de goma en el desalojo de los pobladores. En una breve conferencia de prensa en la que leyó un comunicado y en donde no aceptó preguntas, el titular de la SSP de Puebla dijo que la Policía Estatal nunca ha adquirido balas de goma.
“En conclusión, se confirma que la policía del estado de Puebla no cuenta con balas de goma, y por lo tanto, en lo que va de esta administración, nunca se han utilizado balas de goma en un operativo”, leyó Facundo Rosas.
A esto se suma lo dicho por Moreno Valle, quien ha afirmado que su gobierno no encubrirá a nadie y advertido que si esta investigación arroja alguna omisión o falta de parte de algún elemento de seguridad, éste será sancionado con todo el peso de la ley. Sin embargo, ha pedido que se actúe de la misma forma si se comprueba que el incidente inició por los manifestantes.
“Pero lo mismo pedimos en caso de que se haya dado el incidente a causa de los manifestantes y también se ha presentado evidencia en este sentido, de tal suerte que lo que nosotros buscamos es llegar al fondo y que se haga justicia, que este hecho lamentable e inaceptable no quede impune”, dijo en la única conferencia que ofreció sobre lo sucedido en Casa Puebla el pasado 16 de julio.
“Nosotros lamentamos mucho los hechos que se dieron y particularmente la situación grave en la que se encuentra un pequeño de 13 años, Luis Alberto, que está prácticamente entre la vida y la muerte y en ese sentido hemos pedido que haya una investigación a fondo”, agregó.
Recordó que el día del incidente los manifestantes bloquearon una vía de comunicación, de tal suerte que el gobierno los trató de convencer de llevar sus demandas por los cauces legales y no afectando a terceros.
“En este estado nosotros buscamos que los ciudadanos tengan absoluta libertad de expresión y creo que pueden manifestar sus planteamientos, sus inquietudes, sus necesidades o defender sus causas, legitimas o no, porque eso es la democracia, sin embargo deben hacerlo en los cauces institucionales”, refirió.
A pesar de las explicaciones que dio el Gobernador, el pasado 16 de julio el Movimiento Nacional Los de Abajo exigió al Presidente Enrique Peña Nieto, así como al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong el cese a la brutalidad de lo que consideran como “la nueva ‘Ley Bala’ que el gobierno autoritario de Rafael Moreno Valle ha instaurado contra los habitantes de Puebla”.
También pidieron la renuncia inmediata de Facundo Rosas Rosas, Secretario de Seguridad Pública de Puebla, “por intento de homicidio colectivo en contra la población de San Bernardino Chalchihuapan”.
El colectivo aseguró que el mandatario poblano pretende suspender “de tajo” los derechos ciudadanos a la libre manifestación y expresión. “Los niños de Puebla no merecen balas de goma para acallarlos”.
FACUNDO ROSAS “EL SUPER POLICÍA”
Facundo Rosas Rosas es, desde el pasado 1 de abril, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.
Con 44 años de edad, los últimos 24 años de su vida los ha pasado en las filas policiacas. De su experiencia no se duda, se le califica incluso como un “súper policía”, especializado en labores de investigación; pero su accionar en la práctica ha generado acusaciones en su contra que incluyen corrupción, abuso de autoridad, ataques a los derechos humanos e incluso presuntas relaciones con el crimen organizado.
Su carrera inició en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuando el también Ingeniero Agrónomo, con maestrías en Administración y Seguridad Pública y Derechos Humanos, tenía sólo 20 años.
Si se revisa su currículum la decisión del Gobernador Rafael Moreno Valle al elegirlo como líder policiaco de Puebla no tendría objeción alguna, pues tiene una carrera que incluye capacitaciones en Estados Unidos, Colombia, Japón, Francia, España, Bolivia, Guatemala y en países árabes.
Pero el pasado reciente de Rosas Rosas pone en entredicho su nombramiento en la SSP de Puebla, luego de que finalizara sus responsabilidades en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Amigo y cercano colaborador del polémico Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal durante todo el sexenio calderonista, Facundo Rosas se desempeñó como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial (2008-2009), comisionado general de la Policía Federal Preventiva (PFP) (2008 a 2012) y subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP federal.
Como su ex jefe, García Luna, el titular de la SSP poblana, también tiene cuentas por aclarar:
El 10 de febrero de 2012, cuando era comisionado de la Policía Federal, fue relevado del cargo por órdenes del entonces Presidente Felipe Calderón, y regresó a su asignación de subsecretario de Prevención y Vinculación de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública.
La razón de este movimiento fue que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, consideró que la Policía Federal incurrió en violaciones a los derechos humanos en el fallido desalojo de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, el 12 de diciembre de 2012.
Ese operativo, del que Rosas Rosas fue responsable, dejó como saldo la muerte de dos estudiantes por disparos de arma de fuego de los policías a su cargo.
También se le ha señalado de recibir sobornos por parte de capos de la mafia y se le ha ligado con los dramáticos resultados de la guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno de Calderón, de la mano de García Luna, y que dejó más de 80 mil muertos, unos 20 mil desaparecidos y más de 250 mil desplazados.
El 28 de noviembre pasado, cuando Felipe Calderón aún era Presidente de México y García Luna y el propio Facundo Rosas todavía desempeñaban sus cargos en la SSP, Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, los acusó de recibir dinero de los grupos criminales y de pactar con los capos de los cárteles del narcotráfico.
En una carta publicada por el diario Reforma, presuntamente redactada por “La Barbie”, acusado de trabajar para el cártel de los Beltrán Leyva y actualmente preso en el penal del Altiplano, se planteó que desde 2002, el titular de la SSP (García Luna) y algunos de sus colaboradores más cercanos recibían dinero de la delincuencia organizada: “… Me consta que ha recibido dinero de mi, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que a un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mi”, destacó el capo en esa misiva.
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CINCO BREVES
DUARTE DICE HARÁ VALER LA LEY EN CASO DE MARYJOSE
El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró que en el caso de Mary José Gamboa Torales, directora del Instituto de la Mujer de de Boca del Río su administración está obligada a “respetar la Ley y al mismo tiempo hacerla cumplir”.
El pasado domingo, 13 de julio Gamboa Torales acusó a Duarte de Ochoa, de querer hundirla después de atropellar a un joven quien perdió la vida. “El gobierno del estado está descargando su furia porque no puede detener mi labor informativa, arremete con la fuerza del estado y difunde para variar mentiras”, escribió en una carta que difunde el diario Notiver, donde es columnista.
Un día después, Torales fue consignada como presunta responsable del delito de homicidio en agravio de José Luis Burela López. En respuesta su abogado, Jorge Wincler Ortiz sostuvo que el ejercicio de la acción penal que se hizo contra su cliente “tiene muchas inconsistencias e irregularidades”, por lo que no descarta presentar un amparo para obtener su liberación.
En este contexto, el pasado 15 de julio Duarte de Ochoa dijo: “En este caso lo único que puedo decir es que el gobierno a través de las instituciones está obligado a respetar la Ley y al mismo tiempo hacerla cumplir”.
Y agregó: “Sobre el caso que ha despertado tanta atención, lo que les puedo decir es que es lamentable, es triste, resulta triste para todos todo caso donde existe la pérdida de la vida de cualquier persona”.
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MANCERA ANUNCIA RESTRICCIONES PARA VEHÍCULOS DE CARGA
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) dio a conocer las restricciones que desde el miércoles pasado regula a los vehículos de carga. Informó que estos no podrán circular de 7:00 a 9:00 horas, de lunes a viernes, en las principales avenidas de acceso a la capital del país.
Al firmar un convenio de colaboración con las cámaras empresariales del ramo para la regulación del transporte de carga y distribución de mercancías detalló que estas avenidas serán Eje 1 Poniente, Calzada Vallejo, Avenida Ceylán y Cuitláhuac.
Además Constituyentes, Calzada Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, Viaducto Tlalpan, Calzada de Tlalpan, Avenida de Los Insurgentes Sur y Norte, Avenida 602, Vía Tapo, Oceanía y la Autopista México-Puebla.
Mancera Espinosa dijo que la restricción de circulación será total de lunes a domingo las 24 horas del día en carriles centrales del Anillo Periférico, Circuito Interior y Viaducto Miguel Alemán.
Asimismo, esta prohibición aplica para Avenida de Los Insurgentes en el tramo comprendido entre Eje 2 Norte y Eje 10 Sur, en tanto que en Paseo de la Reforma la medida aplica de Eje 3 Sur a Eje 4 Sur.
Mientras que en el Eje Central Lázaro Cárdenas la restricción es en el tramo de Eje 4 Sur Xola a Eje 2 Norte Manuel González, y en esta vialidad la medida aplica de lunes a sábado de 6:00 a 23:00 horas.
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GOBERNADOR DE MICHOACÁN ALISTA OPERATIVOS EN ALBERGUES
Salvador Jara Guerrero, Gobernador sustito de Michoacán, informó que su administración realizará operativos en todos los albergues para jóvenes y niños del estado.
El anuncio lo hizo Jara en Guerrero en entrevista con Milenio Televisión el 16 de julio, un días después de que fuerzas federales y estatales cerraran la casa hogar La Gran Familia, ubicada en Zamora. Según dio a conocer el Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, en e lugar fueron rescatadas 596 personas, entre ellas 432 menores de edad, que vivían en condiciones deplorables, recibían golpes y abusos sexuales
Los padres de los menores denunciaron ante las autoridades maltratos físicos y psicológicos por parte de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, directora de la casa hogar de 40 años de antigüedad, entre ellos ser alimentados con comida en mal estado, abusos sexuales, dormir en el suelo entre plagas y la obligación de salir a pedir dinero a las calles.
En este contexto, el Gobernador michoacano giró instrucciones para que se haga una rápida revisión de todos los albergues de Michoacán, no sólo éste [La Gran Familia), sino de todos los demás.
“No imaginábamos que se iba encontrar esto, yo lo único que sabía era que el albergue tenía buen prestigio. Ante las denuncias que recibimos por parte de unas diputadas y quejas de padres de familia, hubo un intento de contacto con el albergue pero no fue posible, ante eso pedí que se hiciera un cateo cuidadoso al lugar”, dijo Jara a la televisora sobre el caso.
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GABINO CUÉ DESCARTA QUE HAYA RIESGOS EN LA GUELAGUETZA
El Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, aseguró que ha dado repuesta puntual a los profesores que integran la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por lo que descartó que haya riesgos en la realización de la Guelaguetza que da inicio mañana.
“Espero que el magisterio oaxaqueño encauce bien su movimiento, hemos dado respuesta puntual a todos sus planteamientos. No veo motivo por el cual poner en riesgo la fiesta de los oaxaqueños que es la Guelaguetza”, dijo Cué Monteagudo en entrevista con reporteros el pasado 16 de julio.
La Sección 22 ha realizado protestas en contra de las fiestas de la Guelaguetza. En dos ocasiones los profesores se manifestaron en vandalizaron la sede de este espectáculo folclórico.
El mandatario informó que se han desplegado cerca de mil 600 elementos policíacos para garantizar la integridad de propios y turistas.
“La Guelaguetza se erige como la fiesta de nuestra identidad, pero sobre todo como un gran encuentro de hermandad y solidaridad. Por ello es necesario generar todas las condiciones de seguridad y vialidad para recibir con las puertas abiertas y hospitalidad a nuestros visitantes y compartir con el mundo la esencia profunda de la entidad”, destacó el Gobernador.
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PADRES LLAMA A NO “BAJAR LA GUARDIA” EN LUCHA POR POLÉMICO ACUEDUCTO
El Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, dijo que el Acueducto Independencia ya les pertenece a todos los ciudadanos de Hermosillo por lo que pidió a los ciudadanos “no bajar la guardia” en la protección del agua.
Luego de que un tribunal colegiado revocara el pasado 14 de julio la decisión de un juez que ordenó el cierre del Acueducto Independencia, Padrés dijo que su gobierno combatirá contra viento y marea” los intentos de un grupo político de quitarle el agua a los hermosillenses.
“No hay que bajar la guardia ni descansar, hay que defender el derecho de tener agua para todos los sonorenses”, comentó.
La obra, que tiene un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Las autoridades no realizaron un estudio sobre el caudal ecológico que indique la cantidad de agua que se puede extraer dependiendo de los escurrimientos y la disponibilidad de agua.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el gobierno de Padrés Elías emprendió una “argucia estatal” en contra de los dos voceros de la Tribu Yaqui frente al conflicto sobre el Acueducto Independencia.
Mario Luna y Tomás Rojo enfrentan una orden de aprehensión por robo de vehículo y privación ilegal de la libertad agravada, así como por delitos federales por el cierre de la carretera internacional desde el año pasado.
Sin embargo, Padrés Elías insistió que el tema es un instrumento de lucha política. Pidió a los opositores “que se tienten el corazón para no dañar a niños y ancianos y a la población en general; el agua es vital para los hermosillenses”, sostuvo.
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FRASES
“México debe ser atractivo para invertir, pero no por sus salarios de explotación, porque ya está comprobado que con ese sueldo una familia sufre para sobrevivir, y a la vez, estas dificultades económicas pueden derivar en conductas delictivas”, dijo el Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, al proponer un debate nacional sobre el salario mínimo.
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“Estamos trabajando porque se respete el derecho a la vida, por ningún motivo debemos dejar que se instale el aborto aquí en Guanajuato..por ningún motivo…¡por ningún motivo!, y eso lo defenderé siempre, y no tengo la menor duda”, comentó el Gobernador Miguel Márquez Márquez en una entrevista a Gaudium, semanario de la Arquidiócesis de León.
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“Los resultados los he podido constatar en mis giras a los municipios donde las personas que se me acercan lo primero que agradecen es haber recobrado la tranquilidad para sus familias, pues ahora ya pueden transitar libremente por las calles y carreteras del estado”, aseguró el Gobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes.
