La Comisión Permanente del Congreso aprobó citar a comparecer al secretario de la Función Pública, Salvador Vega, para que explique las anomalías que se han registrado en la construcción del monumento Estela de Luz, y pedirá al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, un informe detallado sobre los avances, el costo estimado y erogado, la viabilidad del proyecto y en su caso, la finalización del monumento.
El acuerdo contó con el respaldo de todos los diputados y senadores presentes, luego de un largo debate. Los legisladores del PAN, partido del secretario, se opusieron a la comparecencia, aunque después la aceptaron.
Los blanquiazules cambiaron su posición luego que su correligionario Ricardo García Cervantes hizo ver que entre los legisladores hay una equivocada concepción de lealtad y compromiso con los gobiernos que han emanado de sus partidos.
La Estela de Luz del Bicentenario es un monumento que se construye actualmente en el Distrito Federal en conmemoración de los 200 años de la Independencia de México. El Gobierno federal lanzó el concurso para su construcción en enero de 2010 y ésta debía ser entregada en septiembre del mismo año. Sin embargo, Lujambio dijo que el monumento estará terminado a principios de diciembre de este año.
El arquitecto César Pérez Becerril, responsable del diseño de la obra, entregó a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados documentos que acreditarían anomalías en la concesión y en el incremento del presupuesto del proyecto. Habló de corrupción y de intentos de soborno por parte de personal de la SEP. Sostiene que trataron de comprarlo para que no hablara.
El presidente de la Comisión, el diputado Pablo Escudero, dijo que Pérez Becerril denunció presión del titular de la SEP, de la empresa III Servicios y la constructora Gutsa para que elevara el costo del proyecto. El legislador agregó que el costo inicial de la columna era de 400 millones de pesos (mdp), que el gobierno entregó a Gutsa un anticipo de 200 mdp y que el gasto se elevó a 900 mdp.
Escudero también indicó que la obra se le adjudicó a la constructora Gutsa a pesar de que estaba inhabilitada para participar en proyectos de Obra Pública hasta 2015, debido a su incumplimiento en el caso de la Autopista del Sol y el concurso para una obra pública del Instituto Nacional de Cancerología.
