En un informe sobre el seguimiento de la situación en México, dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial del organismo para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, Christof Heyns, afirmó que las medidas tomadas por el Gobierno para proteger el respeto a la población y su derecho a la vida siguen siendo insuficientes desde hace dos años. Recomendó que las acciones de seguridad estén a cargo de las fuerzas civiles y no de las fuerzas armadas.
Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, Christof Heyns, dijo hoy que las medidas tomadas por el Gobierno de México para proteger a la población y respetar el derecho a la vida siguen siendo “insuficientes” desde su visita al país en 2013.
“Las medidas de protección siguen siendo insuficientes e ineficaces; la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida siguen siendo un desafío, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”, denunció Heyns.
En un informe sobre el seguimiento de la situación en México dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra estos días en Ginebra, Suiza, el experto recalcó que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”.
En dicho documento, Heyns analiza si las autoridades han implementado las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, y si se han seguido las recomendaciones que hizo el experto hace tres años.
Aunque el relator reconoció al Gobierno mexicano por los avances que se han llevado a cabo, enfatizó que siguen siendo necesarias “medidas adicionales” que se apliquen siguiendo sus recomendaciones para asegurar “que se protege el derecho a la vida”.
En concreto, Heyns urgió al Gobierno a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza y a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.
Asimismo, en relación a las actividades policiales, recomendó que “se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas”.
En la actual Administración se recuerdan al menos tres casos de ejecuciones extrajudiciales que fueron objeto de observaciones y protestas por parte de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
LAS MASACRES DEL SEXENIO
La primera fue la ejecución de 22 civiles a manos de elementos del Ejército, en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. De acuerdo con la versión oficial, el enfrentamiento se registró mientras los militares perseguían a una supuesta banda de delincuentes. Testimonios de una sobreviviente, publicados por la revista Esquire señalaron que las víctimas habían sido asesinadas cuando ya se habían rendido.
El 6 de enero de 2015, en Apatzingán, Michoacán, se registró un enfrentamiento entre policías federales, elementos del Ejército y la población civil con saldo de 10 muertos y 21 heridos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló a elementos de la Policía Federal (PF) como responsables.
La CNDH emitió la recomendación 3VG/2015 en la que señala que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la PF, lo que provocó la muerte de al menos cinco personas, además de “dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica pre hospitalaria que derivó en cuatro fallecimientos, en tanto que habría indicios de la responsabilidad de policías federales en una muerte más por atropellamiento”.
También resaltó la “dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica pre hospitalaria que derivó en cuatro fallecimientos, en tanto que habría indicios de la responsabilidad de policías federales en una muerte más por atropellamiento”.
El 22 de mayo de 2015, en Tanhuato, Michoacán, en un supuesto enfrentamiento murieron 42 civiles y un policía federal; de acuerdo con una investigación presentada por el periodista Carlos Loret de Mola, el 70 por ciento de las víctimas presentaban el tiro de gracia.
El Relator Especial de la ONU lamentó en su informe de seguimiento la ausencia de avances en la implementación de su recomendación e hizo alusión a una serie de acontecimientos trágicos que han hecho de las fuerzas armadas blanco de acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.
Entre los grupos que considera más vulnerables a ser víctimas de esta práctica están los niños, mujeres, reclusos, detenidos, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos.
LA GUERRA SUCIA
El Relator Especial expresó en su informe “consternación” por el hecho de que hasta ahora no se haya iniciado ninguna acción judicial por la “Guerra sucia” de los años 60 y 70, en la que fueron ejecutadas un número aún desconocido de personas. Recomendó que las ejecuciones extrajudiciales y las masacres cometidas durante ese período fueran debidamente investigadas, procesadas y juzgadas, que los responsables fueran castigados y que las víctimas y sus familiares recibieran una reparación adecuada. El Gobierno respondió que la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) estaba tramitando 247 investigaciones por delitos cometidos durante ese período, entre ellos homicidios, detenciones arbitrarias y desapariciones”.
No obstante, según el documento, algunas fuentes no gubernamentales observaron que no se había avanzado en las investigaciones y el enjuiciamiento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante este periodo.
A manera de conclusión señala que en los dos años transcurridos desde la visita del Relator a México, han existido algunos avances: el Gobierno ha adoptado diversas medidas positivas en un intento por hacer frente a la impunidad, reducir la militarización de la seguridad pública, mejorar la coordinación institucional y la recopilación de información en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos y ofrecer protección jurídica a los grupos vulnerables.
“Sin embargo, México sigue afrontando diversas dificultades en relación con la protección del derecho a la vida. Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables.
Las medidas de protección de los grupos en situación de riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces. A pesar de una serie de reformas jurídicas e institucionales, la falta de rendición de cuentas por las violaciones del derecho a la vida sigue siendo un grave problema que fomenta la percepción pública de impunidad y alimenta el ciclo de la violencia. Las víctimas siguen sin recibir una reparación adecuada. Deben adoptarse medidas adicionales para aplicar plenamente las recomendaciones anteriores del Relator Especial a fin de garantizar mejor la protección del derecho a la vida”, finaliza.
