Tuxtla Gutiérrez, 20 Feb. (Notimex).- Un centenar de personas representantes de ocho grupos de campesinos indígenas desplazados se instaló hoy en plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en demanda de solución justa a sus demandas.
El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Mario Álvarez Rodríguez, señaló que exigen la reubicación de tres mil 800 desplazados en los municipios de Catazajá, Palenque, Ocosingo, Altamirano, Chiapa de Corzo.
Dijo que también se pide la indemnización por daños causados a bienes muebles e inmuebles, la recuperación de casas, tierras y cultivos.
Recordó que el 28 de enero de este año firmaron un acuerdo en la Secretaría de Gobernación, con la intervención de autoridades federales y estatales para que se presenten predios alternativos para la reubicación.
En entrevista en la plaza central de la capital de Chiapas, planteó que se debe dar una solución definitiva al carácter de desplazado, para lo que habrá que aplicar la Ley de Desplazados Internos del Estado de Chiapas, creada el 14 de febrero del 2012.
"Hoy necesitamos resolver los expedientes, ya no dar más largas al asunto y negociar la reubicación, no queremos convenios de volver a regresar al lugar de origen", anotó.
Además, expuso, "no se están tratando las pérdidas del patrimonio, ni las averiguaciones previas, ni las órdenes de aprehensión, está quedando muy blando".
Los grupos de desplazados son de Agua Fría del municipio de Catazajá; José María Morelos y Pavón, de Palenque; Velasco Suárez, Las Delicias y Nuevo Acteal, de Ocosingo; Chigtón, de Ixtapa; Las Esperanza, municipio de Chiapa de Corzo, y Canolal, de Chenalhó.
Los desplazados perdieron ganado, café, viviendas y tierras, y esperan que "con el nuevo gobierno de Manuel Velasco deben caminar las cosas más concreto, a diferencia de Juan Sabines, que solo administró el problema", indicó.
Los de Agua Fría y José María Moreno y Pavón llevan nueve años de desplazados, los de Viejo Velasco cumplieron seis, los de Las Delicias llevan cuatro desalojos en seis años, los de la Esperanza llevan dos años y los de Chigtón van a cumplir un año.
Ninguna de las víctimas encuentra soluciones, demandan seguridad para sus familias, tierras y la recuperación de bienes, y piden una respuesta digna, anotó.
En el caso de las 16 familias de desplazados de Chigtón, municipio de Ixtapa, ya hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que las autoridades intervengan y den soluciones pronto, pero no hay avances, lamentó.
