A través del informe “Justicia para la gente y el planeta” recién publicado, Greenpeace revela la urgencia de actuar en la instauración de justicia para las personas y el planeta, además de poner punto final a la “colusión e impunidad corporativas”.
El estudio exhibe irregularidades desde las empresas que incluyen deforestación, contaminación atmosférica, del agua, por plástico, vertidos de residuos, derrames químicos; desastres nucleares, violaciones de los derechos indígenas, represión cívica y legal de defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, entre otras.
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Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Greenpeace destapa a 20 empresas que alrededor del mundo han dañado al medio ambiente y han pisoteado los derechos humanos con el aval de los gobiernos. En México, la organización ambientalista internacional pone la lupa en dos gigantes trasnacionales: Monsanto y Grupo Bimbo.
El resto de las empresas estudiadas en el globo terráqueo son: ACS Group (Grupo Cobra), The Carbon Majors (47 empresas), DowDuPont, Energy Transfer Partners, Exxon, Gabriel Resources, Glencore, Halcyon Agri (Sudcam), ICIG (Miteni), Keskinoğlu, Nestlé, Novartis (Sandoz), Resolute Forest Products, Rosatom, grupo Schörghuber (Ventisqueros), Total, Trafigura y Volkswagen (VW).
El estudio exhibe irregularidades desde las corporaciones que incluyen deforestación, contaminación atmosférica, del agua, por plástico, vertidos de residuos, derrames químicos; desastres nucleares, violaciones de los derechos indígenas, represión cívica y legal de defensores del medio ambiente y de los derechos humanos; elusión fiscal, corrupción, denegación del cambio climático y manipulación fraudulenta del debate público.
A través del informe “Justicia para la gente y el planeta” recién publicado, Greenpeace revela la urgencia de actuar en la instauración de justicia para las personas y la Tierra, además de poner punto final a la “colusión e impunidad corporativas”.
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MONSANTO VIOLA DDHH DE MAYAS
La corporación de agroquímicos Monsanto tiene sede en Estados Unidos, pero ha trabajado para impulsar los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el país, para lo cual ha cometido violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente mayas de la Península de Yucatán.
En noviembre de 2015, comunidades de Campeche lograron la suspensión del permiso para la siembra de soya transgénica en tanto no se realizara una consulta a los pueblos, sin embargo, denunciaron reiteradamente, a pesar de la resolución, la siembra no paró.
Las principales afectaciones que se han dado en la Península –derivadas de la siembra de soya transgénica– son: deforestación de ecosistemas completos, contaminación del agua y muerte masiva de abejas, lo cual además ha provocado un daño importante a la economía de las comunidades, ya que su principal actividad radica en la apicultura.
Aunado a ello, los afectados han acusado diversas irregularidades en el proceso para la consulta que exhiben una “flagrante violación” a lo establecido por la Suprema Corte en sus resoluciones. Entre las más graves señalaron:
• Siembra ilegal de soya transgénica, a pesar de que el permiso está sin efectos.
• Amenazas, intimidación e insultos a representantes comunitarios y asesores legales de las comunidades durante las sesiones de la consulta.
• Falta de imparcialidad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que ha promovido las bondades del modelo agrícola industrial y la inocuidad de sustancias tóxicas como el herbicida glifosato, a pesar de su papel como organizador de la consulta y no como promovente de la soya transgénica.
• Omisión de las dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Ministerio Público Federal (MPF), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para investigar y castigar la siembra ilegal de soya transgénica, la deforestación asociada a ella y la afectación a los recursos hídricos de la región.
• Falta de información a las comunidades sobre las medidas de monitoreo para evitar la siembra ilegal de soya transgénica.
Apenas hace un par de meses, un histórico dictamen revocó el permiso de siembra de soya transgénica en siete estados de la República Mexicana a la empresa multinacional por fallas graves en bioseguridad, control, manejo y prevención de riesgos por la liberación del organismo genéticamente modificados (OGM) al ambiente.
Ante este panorama, Sandra Laso, campañista de Comida Sana, Tierra Sana en Greenpeace México, dijo a SinEmbargo que “las comunidades mayas levantaron la voz, se movilizaron y detuvieron a una gran trasnacional que tienen poder económico y político bastante fuerte a nivel mundial”.
BIMBO Y SU VENENO PARA SUELOS, AGUAS Y EMPLEADOS
Grupo Bimbo es una empresa mexicana que se ha posicionado como la panadería líder a nivel global y es la tercera marca más consumida en México.
La corporación fundada en 1945 ha sido señalada por Greenpeace México porque las prácticas de sus proveedores en la cadena de suministros “permiten la violación de los derechos humanos relacionados con la salud, un medio ambiente sano, alimentación adecuada y con el acceso a la información”.
Dichas violaciones, ha criticado la organización ambientalista, están íntimamente ligados con el uso de insumos tóxicos como son plaguicidas y fertilizantes que dañan principalmente la salud de los campesinos, además de causar afectaciones al agua, aire y suelo.
Por ello, en 2015 la organización lanzó una petición en línea para solicitar a Bimbo apegarse a la producción local con agricultores de pequeña escala, al respeto de los derechos humanos de productores y comunidades, a la protección de la biodiversidad, al uso sostenible del suelo y de los recursos hídricos.
La petición fue firmada por más de 160 mil personas y finalmente en agosto pasado, el gigante panadero se comprometió a establecer un cambio paulatino en sus prácticas agrícolas de alto impacto como son el uso excesivo de plaguicidas, además de asegurar que buscará la implementación de un programa piloto de abastecimiento de maíz basado en producción local y sustentable, dio a conocer la ONG.
“Gracias a la movilización social decidieron tomar acciones sobre su cadena de suministros. Este caso muestra cómo sí es posible, a pesar de los vacíos regulatorios en el marco legal, hacer un cambio. Las empresas tienen un poder también sustancial y clave para hacer las cosas diferentes. Gracias a la gente esto se puede lograr. Aunque no debería ser así porque hay un Estado que es el responsable de regular y de velar por los derechos de la gente […]Los casos en el país muestran que es posible una forma diferente de hacer negocios y es gracias a las personas”, manifestó Laso.
RECOMENDACIONES PARA GOBIERNOS
Ante el panorama descrito, dentro de su reporte, Greenpeace hizo un llamado a los gobiernos de los países donde se cometen violaciones a los derechos humanos por la participación de grandes corporaciones.
Entre dichas naciones se encuentran México, Filipinas, India, Canadá, Rusia, India, Chile, Brasil, Alemania, Guatemala, Estados Unidos, Turquía, Italia, entre otras.
Aquí la lista de Principios de Responsabilidad Corporativa que Greenpeace solicita sean adoptados para salvaguardar los derechos humanos y la salud del planeta:
1. Las personas y el medio ambiente, no las empresas, han de estar en el centro de la gobernanza y la vida pública.
2. La participación pública debería ser inherente a toda formulación de políticas.
3. Los Estados deberían abandonar las políticas que afectan al medio ambiente y a los derechos humanos.
4. Las corporaciones deberían estar sometidas a reglas vinculantes tanto donde están basadas como donde operan.
5. Los Estados deberían exigir informes de diligencia debida y responsabilidades de principio a fin por productos y servicios de las empresas.
6. Los Estados deberían apoyar que se haga esto prohibiendo a las corporaciones que realicen actividades en el extranjero que están prohibidas en su país de origen por motivos de riesgos al medio ambiente o a los derechos humanos.
7. Los Estados deberían formular políticas que proporcionen transparencia en todas las actividades empresariales y gubernamentales que tengan un impacto sobre el medio ambiente y los derechos humanos, inclusive en regímenes de comercio, impuestos, finanzas e inversión.
8. Las empresas y aquellas personas que las dirigen deberían ser responsables de las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales cometidos en su país o en el extranjero por compañías bajo su control.
9. A las personas afectadas por violaciones de los derechos humanos y daños medioambientales se les debería garantizar su derecho a un acceso efectivo a compensación, cuando sea necesario, incluso en los países de origen de las empresas.
10. Los Estados han de hacer cumplir de verdad los marcos normativos y políticos que crean.
“Creemos que es necesario y urgente adoptar esos 10 principios de responsabilidad corporativa que pongan en el centro de la toma de decisiones a las personas y al medio ambiente y no a los intereses económicos y a las corporaciones”, destacó Laso.
