Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El abogado, escritor y activista chihuahuense Jaime García Chávez, de 70 años y autor de la denuncia por peculado contra el Gobernador César Duarte Jáquez, ha enfocado la mayor parte de su vida política a la lucha contra la corrupción y por la rendición de cuentas en aquella entidad.
En 1999, por ejemplo, organizó un movimiento que recabó más de 20 mil firmas y propuso al Congreso local crear un Tribunal Estatal de Cuentas que fiscalizara las operaciones financieras de los funcionarios y particulares con acceso a dinero público. Entre 2004 y 2006, ya como Diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció constantemente al gobierno de Patricio Martínez García y trató –también sin éxito, ante la mayoría priista– de impulsar un juicio político por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias contra el ex mandatario.
Pero a finales de 2010 –dijo García Chávez en entrevista con SinEmbargo–, desde los primeros días de la actual administración, en Chihuahua se empezó a hablar tanto de todo tipo de malos manejos (en la proveeduría de medicamentos, la asignación de obras, cobros indebidos) que advirtió que el de César Duarte sería “muy seguramente uno de los gobiernos más corruptos” de la historia.
“Por mi trato directo con las personas que están en la administración, en las empresas, los proveedores, empezó a generarse muchísima información sobre cobros ilícitos y otras prácticas. Ya desde antes era muy ostensible que el gasto de su campaña no se había ajustado a los topes establecidos; fue absolutamente dispendiosa”, narró García Chávez.
Pero no todas las versiones de actos de corrupción que circulan en Chihuahua, explica, son documentables, y no porque no existan, sino porque las autoridades no investigan y porque el acceso a la información es limitado.
Y fue en ese contexto, dije, que se enteró de la existencia de un Fideicomiso –el 744743-, formado en 2012 por el Gobernador César Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, al cual aportaron 65 millones de pesos con el objeto de que Banorte adquiriera para ellos acciones del Banco Progreso de Chihuahua.
“Para este caso nos hicimos de una copia del fideicomiso que se firmó por parte de Duarte y de su esposa para adquirir acciones del futuro Banco Progreso de Chihuahua, que en paralelo podría ser impulsado como un banco regional, con todo el poder que podría darle el Gobierno, y no es que se estuviera apoyando sólo a un banco regional, sino que se trataba de su banco”, dije.
“Y tanto es así que nombra a Jaime Herrera –que participó en la creación del entramado financiero– como su Secretario de Hacienda, y empieza un movimiento económico a favor de este banco que arroja, según una información obtenida a través de la Ley de Transparencia, alrededor de 80 mil millones de pesos de recursos públicos en dos años”, agregó.
Así, trabajando desde abril, el abogado encontró que la información recabada podría ser prueba de la configuración de un delito y, el 22 de septiembre pasado, acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar al Gobernador constitucional de Chihuahua por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades más lo que resulte.
“Con total impunidad, el denunciado a partir de la contratación del fideicomiso celebrado con Banorte y adquirido su carácter de socio del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V., ordenó en beneficio propio y de su cónyuge la colocación de fondos y valores de recursos económicos públicos como lo fueron las inversiones a plazo fijo de Gobierno del Estado por un monto de $802’000,000.00 en la Unión de Crédito Progreso, institución que integró ese banco, con el objeto de fondear la adquisición de un crédito cuyo titular era Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. (Scotiabank), garantizado con el inmueble conocido como Hotel Soberano y con ello aumentar el capital social o contable del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V”, dice la denuncia.
LA INDIGNACIÓN CIUDADANA
-¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad en Chihuahua?
-Yo la veo muy favorable. Porque soy un hombre que acostumbra andar a pie por las calles de la ciudad. Y, bueno, la gente me da su solidaridad. Uso el Facebook y hay un contacto con alrededor de cinco mil gentes y me retroalimento de las opiniones, y creo que la reacción ha sido muy buena. Lo preocupante está del lado del Estado, porque hubo esta denostación, un desplegado que firmaron el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y otros, donde me acusan de ser un desestabilizador, un decrépito creando conflictos, pero yo los he encarado: fui a la oficina del rector de la UACH, lo vi afuera y le dije que era el rector más indigno del que tenía memoria en Chihuahua. En otra ocasión tuve policías estatales fuera de la casa, a principios de diciembre, que me dijeron que estaban desayunando. Hay ese tipo de cosas.
-Su denuncia ha aglutinado a diferentes fuerzas políticas y de la sociedad civil del estado, de diferentes partidos aún…
-Ha habido una vieja relación de la izquierda con el Partido Acción Nacional (PAN), desde los tiempos del Partido Socialista Unificado de México ha habido un acercamiento porque, en mi visión, en Chihuahua ha habido un movimiento democrático que en diversas ocasiones se ha expresado por la izquierda o por Acción Nacional (dos integrantes de ese partido, el Senador Javier Corral y el ex Gobernador Francisco Barrio, impulsan a la fecha la denuncia penal contra Duarte desde la agrupación Unión Ciudadana). Y esa gente, al momento de dar respuesta a un momento como este, rebasa su condición partidaria para, como ciudadanos, irse a cuestiones de fondo. Y no es una relación de ayer, sino de tiempo y en la que nos tenemos confianza, cada quien con su visión política, pero en congruencia con sus principios.
Unión Ciudadana ha tenido reuniones en diferentes municipios del estado y con diferentes representantes de la sociedad civil, como integrantes del Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social de Ciudad Juárez, que aglutina a decenas de organizaciones que realizan trabajo comunitario en los sectores más pobres de aquella frontera.
Y, analizando el “qué sigue” en el movimiento formado, agregó el entrevistado, justo ayer en la ciudad de Chihuahua planteó la necesidad de llevar a las calles la presión para exigir la denuncia de Duarte.
“Tuvimos una reunión y dije que estamos llegando al límite en el que tenemos que lanzar la movilización ya en las calles para quitar a Duarte del cargo y forzar su salida. Eso puede traer por consecuencia represión política, pero creo que esta decisión (salir a las calles) es lo que está esperando la gente, que se dé la decisión y ver cómo emprendemos esta tarea”, dijo.
“El tema es que tampoco estamos muy convencidos de que quitar a un Gobernador sea una solución, porque pondrían a otro igual, pero en el debate que tenemos hay un planteamiento para abrir un movimiento social en Chihuahua, e incluso si cae Duarte, buscar una alternativa diferente, porque lo que ocurre en Chihuahua (la corrupción) ya no se sostiene”, agregó.
-¿Qué expectativas tiene de la actuación de la PGR?
-Hay una visión de buena fe, en la que uno piensa que la PGR ya dispuso una serie de investigaciones que podrían esclarecer el tema. En contra de esta opinión está otra: que la PGR disponga de estas pruebas y que, quitándose la responsabilidad de entrar al asunto, diga que mejor se acuda y se presione a otras instancias.
UNA HISTORIA DE LUCHA
García Chávez recordó haber realizado su primera actividad en lucha por la justicia social a los 15 años, en 1960, cuando en su natal Camargo –al sur del estado- se involucró con los trabajadores de una compañía estatal textil y escribió un volante denunciando las injusticias del Gobierno. Luego, durante sus años de estudiante de Derecho en la UACH, ingresó al Movimiento Popular Guerrillero de Óscar González Eguiarte, del que salió cuando discrepó por un ataque a un aserradero en la sierra de Chihuahua. Luego se dedicó a defender los derechos de los trabajadores, ingresó al Partido Comunista, escribió para diversas publicaciones y, en 1992, “con la intención de fortalecer la izquierda en Chihuahua”, participó como candidato externo del Partido de la Revolución Democrática al gobierno del estado, que perdió frente al panista Francisco Barrio. Con el PRD, luego, ocupó la dirigencia estatal y luego llegó al Congreso del Estado (renunció al partido en 2013).
Y a esa experiencia apela para responder cuando se le pregunta si no tiene miedo de vivir en Chihuahua, la entidad más violenta del sexenio pasado (con más de 10 mil homicidios) y que aún se mantiene entre los primeros lugares de asesinatos del país: “Debo decir que aplico normas para cuidarme, porque de mi vida en la guerrilla y en los movimientos sociales sé que uno no debe poner en el ‘tocadero’; es decir, no andar en lugares inadecuados. Yo llevo una vida muy ordenada y siempre he sido así, y por eso he esquivado la represión”.
