Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirma que es del “montón” y que se conduce con las mismas prácticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) a lo que tanto criticó, afirmaron analistas políticos a SinEmbargo.
El Semanario Zeta reveló esta semana que el ex Gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, es el segundo político mexicano en tener una isla privada –después de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari– valuada en 106 millones 214 mil 254 centavos.
El 7 de diciembre de 2012, y tras 20 meses de haber dejado el cargo en el gobierno de esa entidad, Agúndez Montaño registró a su nombre 2 mil 230 hectáreas en el punto conocido como Cabo San Lázaro, ubicado en la parte norte de Isla Magdalena.
El islote, que según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Biológicas, el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), posee “uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad, riqueza pesquera y atractivo turístico del Estado” y es también la principal puerta de entrada del Santuario Ballenero localizado en el complejo lagunar de Bahía Magdalena, en el municipio de Comondú.
“El PRD está igual que el PRI desde hace mucho. Están igual y demostró lo que sabemos: que hay corrupción por todos lados en todos los partidos. Que hay impunidad y no han hecho gran cosa por cambiar esa situación”, dijo José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Para el politólogo, el hecho de que Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente de México Enrique Peña Nieto, posea una casa valuada en 86 millones de pesos, y un ex Gobernador del PRD sea dueño de una isla de más de 100 millones de pesos, significa que ambos están al mismo y nivel y no por un descuido de las dirigencias de ambos partidos, sino por “corrupción”.
“No es un descuido, es parte de la corrupción de los partidos, de la complicidad”, afirmó Crespo Mendoza.
Edwin Ramírez Lemus, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió con Crespo y agregó que la noticia de la isla en Baja California Sur, es una “raya más al tigre” y a la manchada reputación del Sol Azteca.
“El PRD ya se volvió como el resto de los partidos, como lo que criticaba del PRI y en su momento del PAN. Es una mala noticia. Realmente el PRD ha venido cayendo para instalarse como el resto de los partidos, forma parte del montón y le va a impactar al partido en general”, opinó.
Ramírez Lemus explicó que el escándalo del ex Gobernador de Baja California Sur y el de Angélica Rivera, son similares: ninguno es mayor ni menor que el otro.
“La clase política tiene que tener claro algo: son servidores públicos y deben tener vocación de servicio. Así sea una casa, un carro, cualquier cosa que se preste para malas interpretaciones, le da al traste a un sistema político que lucha por ser democrático y que guarda conductas de un sistema autoritario. Hechos como la casa blanca y esta isla, son escándalos de una dictadura”, mencionó.
El politólogo explicó que acciones como el poseer una isla o una casa de un valor millonario, le resta credibilidad a los partidos y origina que la población busque otras formas de organizarse.
“Que no siempre son las más adecuadas, y eso es lo más preocupante”, expuso.
El politólogo Salvador Mora opinó que el caso del ex Gobernador perredista de Baja California Sur, es un ejemplo de nepotismo y del uso del cargo público para beneficiarse en el ámbito privado.
Zeta reveló en su investigación que Narciso Agúndez planeó adquirir la isla el 26 de octubre de 2006, luego de haber registrado formalmente una acta de posesión a favor de su amigo y prestanombres, Luis Raymundo Cano Hernández, en la Dirección de Catastro del XII Ayuntamiento de Comondú, quien figura como posesionario del predio denominado Cabo San Lázaro.
De acuerdo a la carta de manifestación, el empresario expuso ser posesionario de esa extensión de tierra desde mayo de 2006, la cual, según su propia declaración, estaba estimada en un valor de 200 mil pesos.
“Esto es un mal de todos los partidos y se tiene que resolver en un futuro cercano. Hay que localizar varios puntos: una cosa es el partido que nomina a un candidato y otra, cuando son funcionarios. Hay que mirar hacia la ineficacia de la ley para sancionar estas prácticas de nepotismo”, dijo Mora.
