Pendiente su reglamento –el cual debió ser emitido por el presidente Felipe Calderón el pasado 21 de noviembre–, la nueva Ley de Migración se detuvo en un limbo jurídico al quedar bajo la discrecionalidad de los funcionarios públicos.
Legisladores y dirigentes de asociaciones civiles acusan que del discurso del Presidente de México a los hechos hay distancia en millas porque la escena del fenómeno migratorio sigue intacta: por un lado, los operativos en contra de centroamericanos en tránsito no han cesado y por el otro, las reglas laxas para el ingreso de extranjeros siguen vigentes.
En mayo pasado, disparada la presión internacional en torno a México, después de la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, el Presidente promulgó la nueva ley de Migración. Dijo, en Los Pinos, que así se derogaba por completo la criminalización del fenómeno migratorio.
Pero México concluirá 2011 en un vacío legal y una estampa inamovible: según organismos civiles el promedio de 400 mil migrantes indocumentados no disminuirá al concluir este año y los 9 mil 758 secuestros ocurridos en sólo cinco meses de 2011, documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pueden repetirse en tanto no haya legislación clara.
“Es muy lamentable cerrar el año sin reglamento. La nueva ley de Migración es una legislación de avanzada que topó con un dique. Por ahora, quedó a discrecionalidad de los servidores públicos. Y ello representa un riesgo para todos”, afirma el senador Francisco Herrera León, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur.
Desde otra trinchera, esa misma preocupación la comparte Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. “La ley no está entrando en vigor en su totalidad. Eso está generando una falta de claridad. Eso, nuevamente, es una situación propicia para la arbitrariedad en los derechos humanos”. Nancy Pérez, directora de la asociación civil Sin Fronteras –abocada a estudiar los delitos de seguridad nacional por migración–, va más allá: “No ha sido posible despojar a los migrantes en tránsito del estigma de criminales. En su contra continúa la política de operativos en diferentes puntos del país en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Y hasta ahora, no se sabe de ninguna sanción para los funcionarios involucrados”.
Para el reglamento de la nueva Ley de Migración no hay fecha marcada en el calendario. Tampoco convocatoria para impulsarla. Su retraso se debió, sobre todo, al fallecimiento del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, de acuerdo con asesores del despacho de Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Migración en la cámara de diputados. La legisladora no respondió a la petición de este sitio digital para explicar el panorama migratorio de México en estos momentos.
María Isabel Merlo Talavera es integrante de esa comisión. Del letargo, esta diputada poblana dice: “No es atribuible a nadie en lo particular. Fue multifactorial. Esperemos que durante el receso del congreso se retome el tema. La legislación es de vanguardia, es perfectible; ya estamos en el camino”.
País sigue de puertas abiertas
Entre los lineamientos que serían derogados una vez emitido el reglamento de la nueva Ley de Migración, se encuentra el Manual de Criterios y Trámites Migratorios.
Este documento fue emitido por la Coordinación de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM). Lo elaboró Tonatiuh García Castillo, un funcionario destituido de su cargo después de que la Procuraduría General de la República iniciara una investigación por el ingreso de terroristas iraquíes a México en febrero pasado. A él se le arraigó en una casa de la colonia Doctores. En marzo, abandonó su puesto. Su paradero, según la propia procuraduría, es desconocido.
Bastó una notificación –la CRM/008/08 enviada el 9 de enero de ese año a los delegados regionales, locales, así como a los subdelegados del INM, para cambiar los procedimientos de internación y permanencia en México, establecidos en la Ley General de Población (LGP).
Por ejemplo, la ley obliga a las empresas e instituciones educativas a precisar el domicilio de los inmigrantes que lleguen a México a través de ellas, así como su razón social.
A partir del manual se permite que “no se vincule a los extranjeros a un empleador, persona, empresa o institución ni se limite su actividad a un área geográfica, este último caso con la salvedad que se determine mediante disposición de carácter general”.
Otra disposición del manual que contraviene a la LGP es que el inmigrante podrá dedicarse “a cualquier actividad lícita y honesta”, sin importar cuál sea. No está obligado a aportar prueba de ello, según el acuerdo segundo, párrafo I.
En cambio, la letra de la LGP indica que la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del INM, debe conocer las actividades de los extranjeros con el fin de evitar delitos de seguridad nacional; es decir, la autoridad debe cuidar que los inmigrantes no sean terroristas, narcotraficantes o tratantes de personas.
Una vez puesto en vigor el manual, de 2009 a 2010, el refrendo de inmigrantes al país (quienes regularizaron su permanencia), creció 75.6% al pasar de 26 mil 321 a 46 mil 227, en tanto que las entradas por vía terrestre se incrementaron en 41.4%, unas cifras sin precedentes, según el Sistema Electrónico de Trámites del INM.
“Se trata de un resultado que se enmarca en un fenómeno de migración global imparable”, expresa el senador Francisco Herrera, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. “En México, lo que urge es regular para tener seguridad sobre quiénes ingresan y cuál es el propósito de los que se quedan. Y respetar a los que se quedan en forma legal. La nueva legislación nos permitiría conocer el estatus de quienes integran los flujos migratorios. Lo que necesitamos es el reglamento. Por ahora estaremos sujetos al manual de procedimientos y a su interpretación discrecional”.
El debate, ausente
Más allá de su postergación, el reglamento de la nueva Ley de Migración no generó una consulta “amplia y transparente” entre representantes de las organizaciones civiles enfocadas a la migración, como lo afirmó la Segob.
En un boletín, la dependencia expuso que en la elaboración del reglamento contó con la participación de académicos y organizaciones de una manera amplia.
Pero representantes de asociaciones civiles niegan tal inclusión. Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, relata que la única convocatoria a debate fue un correo electrónico abierto en agosto, con destinatario impreciso. Un mecanismo lejano a representar un foro, dice la defensora de los derechos humanos.
De hecho, la organización Sin Fronteras prepara algunas misivas para el Sistema Interamericano, basado en Washington, en las que expondrá la ausencia del debate de las organizaciones civiles en la elaboración del reglamento de la nueva Ley de Migración.
Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, relata: “No se ha generado consulta participativa y transparente. Hemos hecho llegar observaciones y propuestas pero a la fecha no tenemos ninguna respuesta oficial de si se van a incluir, o no y por qué. Lo único que hemos obtenido han sido algunas reuniones informales con el subsecretario de Población (René Zenteno). En la última, que fue el 17 de noviembre, nos prometió que nos compartiría el anteproyecto de la ley y no hemos recibido nada”.
¿Qué le falta al reglamento?
Venet expone que sobre todo, el reglamento carece de enfoque de género. “Para empezar, no cuenta con un lenguaje incluyente a pesar de que le presentamos propuestas a los legisladores. En la exposición de motivos se considera la importancia de la participación de las mujeres en la migración; 40 ó 50% son mujeres y niñas. Merecían cierta consideración y no fue así”.
A los inmigrantes hay que despojarlos de la calidad de “criminales”. Esa es la esencia faltante en el reglamento, indica en un documento, IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC. “El reglamento vincula a la migración con los delitos de seguridad nacional, por lo que persistirá la participación de la Secretaría de Seguridad Pública en las acciones de control y verificación migratoria”, vaticina esa asociación civil.
