El pleno del Senado aprobó con 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones el nuevo marco legal que tiene como sujetos obligados cumplirla a los tres Poderes de la Unión, los órganos autónomos como el INE, la CNDH, y el Banco de México.
México, 19 Nov (Notimex).- El Senado aprobó en lo general la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obligará que los tres Poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos e incluso empresas que reciban recursos públicos, transparenten su labor y manejo.
En el marco de una larga sesión, el pleno senatorial aprobó con 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones el nuevo marco legal que tiene como sujetos obligados cumplirla a los tres Poderes de la Unión, los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Banco de México.
También partidos políticos, sindicatos, fideicomisos e incluso particulares y empresas que manejen recursos públicos.
La nueva ley incluye 272 obligaciones específicas de transparencia adicionales a las establecidas en la Ley General de Transparencia que fue derogada: 79 son para el Poder Ejecutivo Federal, 23 para el Legislativo, así como ocho al Poder Judicial de la Federación.
Además, 85 a distintos organismos autónomos y 77 a sujetos obligados en materia energética, como son las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, entre otros.
Establece medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, desde amonestaciones públicas hasta multas de hasta 105 mil 150 pesos, más tres mil 505 pesos de multa adicional por día, a quien persista en negar la información.
El castigo será de hasta el doble en caso de reincidencia. Se establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
En su posicionamiento por escrito, el senador Arturo Zamora Jiménez, del PRI, expuso que a partir de este nuevo marco legal, “no habrá dinero público que vaya a fideicomisos, federaciones deportivas, sindicatos o partidos políticos”.
“Instituciones privadas o empresas, que no se transparente y se conozca su destino, a quiénes beneficia, y el impacto que tiene en la población”.
Alejandro Encinas, integrante de la bancada perredista, indicó que con la nueva ley “los agremiados de los sindicatos pueden recurrir y requerir información, por ejemplo de aportaciones de las cuotas sindicales a partir de las obligaciones en materia de transparencia”.
La senadora Pilar Ortega Martínez expuso que se establecen obligaciones específicas de acuerdo con su naturaleza y sus facultades, competencias y funciones para los sujetos obligados de los tres Poderes de la Unión, los organismos públicos, los garantes de los derechos humanos.
Layda Sansores San Román, senadora del Partido del Trabajo (PT), ironizó que la transparencia no se materialice al interior del Senado.
La senadora Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso que la reforma modifica las obligaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
En ese sentido, dijo, debe poner a disposición del público y actualizar la información relativa al diseño de la política nacional de evaluación de la educación, así como programas y resultados que en el marco de su competencia lleve a cabo.
