Es la primera vez que el Sistema de Administración Tributaria tomará el control del cobro de impuestos en un estado. El Diario Oficial de la Federación expone que en el Gobierno de Sonora, durante la administración del panista Guillermo Padrés Elías, se avalaron préstamos millonarios sin realizar procedimientos para verificar su procedencia.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– El Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, asumirá el cobro y revisiones de contribuyentes relacionados con impuestos federales del Gobierno de Sonora, desde mañana y hasta el 31 de diciembre de 2015, por incumplimiento con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal durante la gubernatura del panista Guillermo Padrés Elías (2009-2015).
La entidad, actualmente bajo la dirigencia de Claudia Pavlovich Arellano, no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes por cobro de impuestos federales.
“El Gobierno del Estado de Sonora, durante dicho periodo, dejará de ejercer las facultades de comprobación, y no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes. A partir del 1 de enero del año 2016, el Gobierno del Estado de Sonora retomará a su cargo las atribuciones, facultades, derechos y obligaciones derivadas del ejercicio de las facultades de comprobación”, se informó en el Diario Oficial de la Federación.
Además, Sonora deberá reintegrar a la Federación 70.2 millones de pesos de incentivos “cobrados indebidamente” en la pasada gestión y 34.2 millones de pesos que fueron reportados de manera incorrecta al Fondo de Fiscalización, ahora llamado Fondo de Fiscalización y Recaudación.
El SAT refiere que esa determinación es resultado de un proceso que inició a principios del año en curso, derivado de tres denuncias anónimas en las que se expuso un beneficio a 574 contribuyentes mediante 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del estado de Sonora.
Menciona que de acuerdo con la información proporcionada, se señaló un monto de mil 705 millones de pesos que se dejaron de cobrar en perjuicio del fisco federal.
En el análisis realizado a los expedientes que corresponden a las actuaciones de la pasada administración estatal, se comprobó que esa gestión autorizó pagos en parcialidades de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de retenciones de este gravamen y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en contravención al Código Fiscal de la Federación.
En el diario se expone que en otras auditorías se detectó que se avalaron préstamos millonarios sin realizar procedimientos para verificar su origen y procedencia.
También, abunda, se validaron operaciones con clientes o proveedores con las copias de las facturas, y se omitió el procedimiento de comprobar con el tercero las operaciones realizadas principalmente, lo que generó afectación a los intereses del fisco federal.
El SAT aclara que están en proceso las auditorías a los mismos contribuyentes y analiza la posibilidad de gestionar el correspondiente juicio de lesividad en 32 casos detectados, a fin de salvaguardar los intereses del fisco federal.
En octubre la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del (SAT) le confirmó al Gobierno de Sonora “el incumplimiento a la normatividad para los efectos de las cláusulas novena y décima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal”.
El 13 de septiembre pasado, en medio de señalamientos de corrupción y tráfico de influencias por parte de la oposición, activistas y padres de los 49 menores que perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano se convirtió en la primera mujer en ocupar la gubernatura de Sonora.
“Nada ni nadie quedará en la impunidad, ni los de ayer ni quienes en mi gobierno sean sorprendidos en conductas ilícitas”, expresó la Gobernadora en su discurso de toma de posesión donde también se comprometió a establecer una Fiscalía Anticorrupción en menos de dos semanas.
LOS TEMORES DE PADRÉS
Según el gobierno de Pavlovich, Padrés Elías dejó un sobregiro de 10 mil millones de pesos en el erario de Sonora y no pagó cuentas a proveedores por un monto aproximado de seis mil 200 millones de pesos, por lo que se estima una deuda de 17 mil millones de pesos.
El diario Reforma en julio pasado publicó en gobierno de Estados Unidos investigaba al todavía Gobernador de Sonora por el presunto lavado de dinero proveniente de supuestos sobornos de contratistas.
La información indica que desde el 21 de mayo, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó a la Procuraduría que había iniciado una investigación contra Padrés en Arizona y solicitó intercambiar información con México para reforzar sus pesquisas.
El diario capitalino citó bitácoras de encuentros binacionales, en materia de procuración de justicia, del 3 de junio y el 8 de julio, cuando se reunieron funcionarios de los dos países para intercambiar información sobre el caso.
El pasado 5 de marzo, The Wall Street Journal reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigaba el envío de 3.3 millones de dólares de Mario Aguirre –un importante empresario de Sonora que ha ganado millones de dólares en uniformes escolares– a las cuentas de Guillermo Padrés Elias, así como a uno de sus hermanos.
En octubre pasado, Guillermo Padrés Elías realizó un trámite de amparo contra cualquier acción legal que pueda ejercer la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra luego de que fue denunciado en 2014 por el presunto uso de recursos ilícitos en la construcción de una presa en el rancho de su familia.
Padrés Elías tramitó el amparo debido a que la PGR no se ha pronunciado ni ha dado respuesta sobre el cierre o la continuación de una indagatoria en su contra.
El recurso legal fue promovido por el mandatario el pasado 16 de octubre ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en el Distrito Federal, el cual fue admitido tres días después.
Los abogados de Padrés Elías alegaron que el pasado 9 de octubre la PGR, a cargo de Arely Gómez González, se negó a dar una respuesta sobre la investigación en su contra.
Por ello, el ex Gobernador sonorense promovió un juicio de ampara ante la “ausencia de pronunciamiento o respuesta al escrito presentado el 9 de octubre de 2015”, en relación a la averiguación previa AP/PGR/UEAF/002/2014-11”.
En octubre de 2014 la organización civil llamada “Los Malnacidos”, presentó una denuncia en contra del entonces Gobernador Guillermo Padrés ante la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR por la presunta inversión de 10 millones de pesos de procedencia ilícita en la construcción de una presa en su rancho.
Por el caso de la presa, el ex mandatario y su familia fueron multados con 4.5 millones de pesos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Además de que se le ordenó la destrucción de la obra.
