Policías de Tierra Blanca que levantaron a jóvenes de Playa Vicente laboraban con antecedentes penales y fueron reprobados en el examen de confianza, denunciaron los padres de las víctimas. Las evidencias ofrecidas por los familiares pudieran sentar evidencias en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, pues de acuerdo con madres integrantes de colectivos, el 70 por ciento de las desapariciones apuntan a funcionarios públicos como actores materiales.
Por Miguel Ángel León Carmona
Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo/Blog Expediente).– Cinco policías detenidos por la desaparición forzada de los jóvenes en Tierra Blanca, en enero pasado, laboraban con antecedentes penales y sin haber acreditado los estándares de Control y Confianza, esa es la presunta omisión que han presentado los padres de las víctimas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Nabor Nava y Arturo Bermúdez Zurita, Secretario y Ex Secretario de Seguridad Pública en Veracruz.
“Arturo Bermúdez nombró a policías sabiendo que no habían acreditado los exámenes. Pero además los adiestró, les dio armas y poder. Tenía delincuentes trabajando con él. Así sea el ex Gobernador tiene que ser castigado porque destruyó a cinco familias”, demanda José Benítez Herrera, quien declaró a nombre de los cinco padres de Playa Vicente.
Blog Expediente tuvo acceso a la denuncia emitida por los padres de Playa Vicente ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, donde responsabilizan a cinco funcionarios y ex funcionarios de la SSP por haber expedido nombramientos de policías en favor de personas no acreditables:
1.- Arturo Bermúdez Zurita, Exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
2.- José Nabor Nava Holguín, Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
3.- Roberto González Meza, Director General de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
4.- José Alfonso Díaz Pineda, Director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
5.- Xiomara Mirón Elizondo, Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
6.- Alejandro Contreras Uscanga, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Según los argumentos presentados por los deudos, los funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habrían violado el artículo 139 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al haber dado de alta a cinco ex elementos de la corporación, incluido el Subdelegado Regional de Tierra Blanca, no obstante que todos presentaban estándares de No Acreditados.
Se trata de los ex oficiales: René Pelayo Vidal, Omar Cruz Santos, Luis Rey Landeche, Edgar Omar Ruíz Tecalco y Marcos Conde Hernández, todos recluidos en el penalices de media seguridad.
LOS POLICÍAS DE BERMÚDEZ Y NAVA
De acuerdo con el seguimiento a la evaluación en control de confianza y certificación del personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública, todos los resultados de las evaluaciones, que se realizan cada dos años, son enviados al Secretario de Seguridad Pública, en ese entonces así sucedió con Arturo Bermúdez.
Pues bien, con base en el oficio SSPO/055/2016, los cinco policías acusados de desaparición forzada fueron contratados desde el año de 2013 por el hoy ex secretario de Seguridad Pública, no obstante que hasta el 11 de enero de 2016, el día de la desaparición de los cinco muchachos, aparecían como No Certificados.
Por su parte, Nabor Nava Holguín, entonces encargado de la Subsecretaria de Operaciones, era el jefe inmediato de Marcos Conde Hernández, ex delegado de Tierra Blanca, uno de los 22 integrados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Fue el actual Secretario de Seguridad quien llenó de poder al hoy recluido en Cosamaloapan, Veracruz.
A continuación, con base en el documento 0003/2016 se comprueba que cinco de los ocho policías detenidos presentaron órdenes de captura desde el año de 1999. Se ignora por qué continuaban laborando, pues según dicta el Estatus de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, debieron haber sido dados de baja.
1.- MARCOS CONDE HERNÁNDEZ
Actualmente recluido en el Penal de Cosamaloapan, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:
Conde Hernández Marcos
RFC: COHM730425LC9
Fecha de evaluación: 06 y 07 de agosto de 2015
Estatus: No certificado
En su primera declaración ante la fiscal Verónica Zavaleta García, narró su experiencia laboral a partir del mes de octubre de 2012, cuando la SSP lo contrató. Sin embargo, omitió su historial negativo, que data desde el año 1999.
Según el expediente 0003/ 2016. Para entonces ya laboraba en la extinta policía Intermunicipal en la zona Veracruz – Boca del Río. En el mismo año, Marcos Conde fue apresado por el delito de Abuso de Autoridad, antecedente penal 35/1999.
Posteriormente, el 12 de junio de 2012 en la Ciudad de Medellín, Veracruz, Marcos Conde fue descubierto con un arma calibre 40, no obstante que permanecía dado de baja de manera temporal; delito señalado como grave y sin derecho a libertad bajo fianza, de acuerdo con la Ley Federal de Armas.
Conde Hernández, fue trasladado al CEFERESO 5 de Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, donde se tiene registro que permaneció detenido hasta el 30 de julio de 2012. Sin embargo, Conde confesó ante la Fiscal Verónica Zavaleta García, que en el mes de octubre del mismo año 2012, fue afiliado al corporativo de la Policía Estatal.
Se desconoce la manera en que consiguió su libertad y más aún el contrato y la confianza de Arturo Bermúdez para llegar a nombrarlo delegado del regimiento octavo, en Tierra Blanca.
Actualmente, en el expediente de Conde, prevalecen dos órdenes vigentes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado, además de un señalamiento ante la Procuraduría General de la República por presuntos nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
2.- OMAR CRUZ SANTOS, ALIAS “EL MAMADINO”
Permanece detenido en el penal de San Andrés Tuxtla. De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:
Cruz Santos Omar
RFC: CUSO790113UB5
Fecha de evaluación: 04 y 05 de agosto de 2015
Estatus: No certificado
Con base en el expediente 0003/ 2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, fue detenido por abuso a la autoridad.
Su ex compañero de trabajo, Rubén Pérez Andrade, quien relató el presunto fin de los cinco jóvenes playavicentinos, declaró saber que “El Mamadino”, había laborado en negocios en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin detallar sus quehaceres.
Aunado a lo anterior, El Mamadino presenta en su informe policial homologado que fue agredido por impactos de bala en Ciudad Juárez, Chihuahua.
3.- RENÉ PELAYO VIDAL
Recluido en el penal de Pacho Viejo, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:
Pelayo Vidal René
RFC: PEVR820118LMA
Fecha de evaluación: 24 y 25 de septiembre de 2015
Estatus: No certificado
4.- ÉDGAR OMAR RUÍZ TECALCO, ALIAS “LA PERRITA”
Recluido en el penal de Misantla, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/DJ/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:
Ruiz Tecalco Édgar Omar
RFC: RUTE830525KY4
Fecha de evaluación: 24 y 25 de septiembre de 2015
Estatus: No certificado
Con base en el expediente 0003/ 2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, fue denunciado en el año de 2013 por delitos contra la salud, caso 319/2013.
Al detenido, la señora Clara González Ramírez, lo señala como responsable del asesinato de su hijo, Egon Abad López González, de 23 años y del joven Rafael Thiel Vera, de 18 años, la madre, asegura tener un testigo de los hechos ocurridos el pasado 15 de enero de 2015, en Tierra Blanca, quien señala a Ruíz Tecalco como el responsable de haber entregado a los jóvenes con integrantes del crimen organizado.
5.- LUIS REY COLORADO LANDECHE
Recluido en el penal de Acayucan, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/DJ/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:
Landeche Colorado Luis Rey
RFC: LACL8508164WA
Fecha de evaluación: 24 y 25 de septiembre de 2015
Estatus: No certificado
Es el resumen de cinco de los ocho policías que han sido detenidos por la desaparición forzada de Susana Tapia Garibo, de 16 años, José Benítez de la O, 24 años, Alfredo González Díaz 25 años, Mario Arturo Orozco Sánchez, 27 años y Bernardo Benítez Arróniz.
Una denuncia federal por parte de los deudos que abre brecha en Veracruz, que además se trata una diligencia que omitió la misma Fiscalía General del Estado. Ahora los padres esperan que sus argumentos sean tomados en cuenta por la PGR y los responsables paguen hasta con 12 años de cárcel y la inhabilitación para ser servidor público, según dicta la Ley general del sistema nacional de seguridad pública.
Pero además, las evidencias ofrecidas por los padres de Playa Vidente, pudieran sentar evidencias en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, pues de acuerdo con madres integrantes de colectivos, el 70 por ciento de las desapariciones apuntan a funcionarios públicos como actores materiales.
“Yo aplaudiría que más gente fuera valiente y exigiera sus derechos, que se pusieran en el papel de víctimas y denunciaran. Como ese hijo de la chingada de Bermúdez era intocable todos le tienen miedo, pero él ahora es un ciudadano como yo y si cometió delitos debe de pagarlos”, abunda José Benítez Herrera.
Han pasado nueve meses desde la desaparición de los cinco muchachos en Tierra Blanca, con la última diligencia ante la PGR, José Benítez asegura que seguirán peleando hasta que los agresores de sus hijos cumplan con el castigo que les merece.
“Hay miedo, porque al declarar exponemos la vida nuestra, pero si no lo hacemos, ¿quién va a exigir justicia por nuestros hijos? Las consecuencias las conozco, pero no me voy a sentar en una esquina a llorar, ellos nos llenaron de infelicidad y si ahora nos pasa algo a nosotros, serán los únicos culpables”, sentencia el padre de Playa Vicente.
