El Administrador de CAPUFE en Camargo, Tamaulipas, fue secuestrado de sus oficinas y llevado a un rancho. De acuerdo con nuevos testimonios, elementos del Ejército mexicano entraron al lugar y “ejecutaron a Jorge Antonio Parral Rabadán a corta distancia”. Después, el funcionario federal fue presentado como uno entre los sicarios.
Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El 24 de abril de 2010, en Camargo, Tamaulipas, Jorge Antonio Parral Rabadán fue privado de su libertad por un comando de la delincuencia organizada en las instalaciones de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), donde laboraba. Dos días más tarde fue ejecutado en el Rancho “El Puerto”, en Nuevo León, por militares que incursionaron en el lugar. Después, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) declaró que su muerte sucedió durante un “enfrentamiento entre elementos del Ejército y sicarios”. Y entre esos últimos fue enlistado Parral, dice un reportaje de la revista VICE publicado en Estados Unidos.
La nota firmada por el periodista Daniel Hernández está basada en las denuncias que ha realizado la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Indica que la asociación civil fundada en 1989 exige al gobierno mexicano que “es imprescindible el esclarecimiento de los hechos, la consignación de quienes resulten responsables, así como la redignificación del honor y dignidad de Jorge Antonio Parral Rabadán”, de 38 años de edad, y quien se desempeñaba como Administrador General del Puente Internacional de CAPUFE en Camargo.
Su hermana Jesica, en un video realizado por la CMDPDH, narra que su hermano estaba preocupado por el clima de inseguridad y la serie de sucesos violentos suscitados en su lugar de trabajo, por lo que solicitó a sus superiores en CAPUFE tomaran cartas en el asunto y les brindaran protección con autoridades federales. Cuando a Jorge se lo llevaron, narra su hermana, CAPUFE no levantó una denuncia sino hasta dos días después, a exigencia de sus padres.
Camargo, Tamaulipas, es una población asolada por la violencia. Cuando el entonces Presidente Felipe Calderón declaró la guerra a las drogas, la ciudad vivió combates diarios, lo que provocó una migración de habitantes pocas veces vista en México.
La familia dice la tardanza de CAPUFE para denunciar los hechos contribuyó a la muerte de Parral Rabadán. “Se perdió tiempo valioso para rescatar a Jorge con vida. Independendientemente de que era responsabilidad de CAPUFE el proporcionarle un lugar de trabajo seguro. Tuvieron que pasar 10 meses para que finalmente con nuestra labor familiar de búsqueda supiéramos que dos días después del secuestro, es decir, el 26 de abril de 2010. Jorge fue víctima mortal de los abusos extraordinarios de la fuerza y del poder por parte del Ejército mexicano, quienes sin ninguna estrategia irrumpieron en el lugar donde se encontraba privado ilegalmente de su libertad, y le dispararon a una muy corta distancia”, narra la hermana de Jorge Antonio.
“…a pesar de que se encontraba vulnerable, lo ejecutaron. Asimismo, en el afán de ocultar la verdad, el Ejército alteró la escena del crimen y alteró los hechos, e injustamente se refirieron a él como un sicario, ante los medios de comunicación nacionales e internacionales. Su paradero fue ocultado por los militares, en contubernio con las autoridades de Nuevo León, quienes en su informe cambiaron sus características personales y no le notificaron a la familia que ahí se encontraba mi hermano, no obstante que en el lugar en que Jorge fue privado de la vida, fue recuperada su identificación de CAPUFE”, aseguró la hermana de Parral en la misma grabación publicada en la plataforma YouTube.
VIDEO: Los años negros de Camargo.
“La verdad y la justicia, son las principales formas de reparación”, señala la CMDPDH, que cuenta con estatus consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que también es miembro de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas.
Tras la insistencia continua de la familia Parral Rabadán, la investigación del secuestro y desaparición de Jorge A. Parral fue atraída en junio de 2010 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (entonces, SIEDO, hoy SEIDO). Sin embargo, denuncia la CMDPDH, no ha habido avances significativos, y nadie ha sido consignado por las violaciones cometidas en contra de Parral, con excepción de los cuatro civiles detenidos por el Ejército en el lugar de los hechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una Recomendación el 21 de noviembre de 2013, la cual no incluyó a autoridades que vulneraron seriamente los derechos humanos de Parral y su familia, como CAPUFE y la Procuraduría General de la República (PGR), asegura la asociación civil.
“CAPUFE, no sólo al incumplir con su deber de prevención y protección de los derechos de Jorge Antonio Parral, sino que además en uso de su carácter oficial y con recursos otorgados por el Estado, cometió y sigue cometiendo violaciones en contra de la familia Parral. La PGR por su parte ha incurrido en una serie de irregularidades en la integración de la averiguación previa desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos y hasta el día de hoy no ha mostrado avances reales en la investigación”, denuncia la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La CMDPDH asegura también que a más de cuatro años de la privación arbitraria de la libertad, ejecución extrajudicial y posterior desaparición forzada de Jorge A. Parral, la familia Parral Rabadán “continúa siendo revictimizada durante el proceso de búsqueda de justicia y verdad”.
LA HISTORIA CONTADA POR VICE
“La última vez que la familia de Jorge Antonio Parral Rabadán lo vio con vida, fue unos cuatro meses antes de su desaparición”, dice la crónica publicada hoy por VICE y firmada por Daniel Hernández. Ellos lo visitaban en su trabajo la administración de un puente fronterizo mexicano en la línea internacional con los Estados Unidos, alrededor de la Navidad de 2009, narra la publicación estadounidense.
“En medio del empeoramiento de violencia de los cárteles en el noreste de México, se oyeron disparos durante la noche en el pequeño pueblo fronterizo de Ciudad Camargo, Tamaulipas, a pocos kilómetros del puente internacional, donde trabajó el joven Parral, justo al otro lado del Río Grande, Texas”, dice la nota firmada por Hernández.
La familia de Jorge le pidió renunciar a su trabajo, para volver a su ciudad natal, Cuernavaca. Pero él les dijo que no se preocuparan. “Nunca olvidaré la expresión de su cara,”, narró a VICE, Jesica Parral Rabadán. “Fue como, ‘Yo sé que tienes razón’. Pero él me decía, ‘tengo que pagar mi casa… vamos a ver'”.
El 24 de abril de 2010, alrededor de las 9:30 de la mañana, un comando de hombres armados entró en la instalación del puente fronterizo de Camargo. Era un sábado, y Jorge Parral estaba descansando en las habitaciones del administrador, donde vivió la travesía de asistir a los usuarios las 24 horas del día, indica VICE, que también narra cómo un grupo de hombres armados irrumpieron en su cuarto, arrancaron a Parral de la cama, y lo secuestraron.
Dos días después del secuestro, soldados del Ejército entraron en un rancho en el vecino estado de Nuevo León para investigar las denuncias de un grupo del crimen organizado escondido allí, y para liberar “a varias personas retenidas contra su voluntad”, según lo informó la propia institución de seguridad.
VIDEO: Los años negros de Camargo.
“Fue uno de varios de estos enfrentamientos que el Ejército de México informó en 2010, después de que fuerzas de seguridad se vertieran en el estado de Tamaulipas, en un intento por sofocar la guerra entre los cárteles de los Zetas y del Golfo”.
Un tiroteo se produjo con hombres no identificados armados en un rancho llamado “El Puerto” en Nuevo León, cerca de la frontera de Tamaulipas, y tres “sicarios” murieron por el fuego militar, dijo el Ejército.
Al principio, los dos incidentes no tenían ninguna conexión aparente, señala VICE, que abunda en que en un país que sufre “olas de violencia relacionadas con las drogas desde que el ex Presidente Felipe Calderón envió a los militares a las calles en 2006, Tamaulipas -como Jalisco, Guerrero y Michoacán- se habían convertido en más que otro perpetuo “punto caliente”, en la que los tiroteos, secuestros, y ejecuciones, eran comunes.
Pero a través de una presión persistente, la familia de Parral descubrió que los soldados mexicanos mataron a Jorge en el rancho y lo hicieron pasar como un sicario. Desde que han estado pidiendo justicia, este caso poco conocido “refleja la cifra preocupante que ha tomado a la la sociedad mexicana como rehén desde que el gobierno comenzó a emplear las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado”.
VICE narra que Jorge Parral estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas (UDLA) en Puebla, y que practicaba kung fu “con avidez”. Que además consiguió su trabajo en CAPUFE superando a otros más de mil solicitantes, en una convocatoria abierta que tuvo lugar en 2003.
La publicación internacional narra también el vía crucis por el que pasó la familia Parral, buscando a Jorge casi sin ninguna ayuda de las autoridades, en un laberinto burocrático, tanto en el gobierno de Calderón, cuyo mandato terminó en 2012, y en el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
LA EJECUCIÓN DE JORGE PARRAL
La familia encontró que el arma que le quitó la vida a Jorge Parral pertenecía a un soldado mexicano que participó en la incursión militar de el rancho “El Puerto”, de acuerdo con un informe de noviembre de 2013, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH).
Parral, evidentemente, había sido llevado al rancho por sus captores. Cuando la patrulla del Ejército llegó, le dispararon en repetidas ocasiones mientras sostenía los brazos en una posición defensiva. Pruebas de balística demostraron que también fue baleado a quemarropa.
La familia de Parral, aseguran que una funcionaria de Capufe admitió más tarde que los soldados habían hecho nada para reducir al mínimo las muertes de las víctimas de secuestro cuando entraron en el rancho. “Ella dejó escapar que [los soldados] básicamente se apresuraron, disparando a lo loco”, dijo Jesica, en referencia a la funcionaria de la cual no reveló el nombre.
Casi seis años después de que Jorge Parral fuera secuestrado y sin avances concretos, la familia Parral Rabadán decidieron hacer público su caso.
En octubre de 2013, la SEDENA cedió su jurisdicción sobre la investigación de los homicidios ocurridos en el rancho “El Puerto”, y le entregó el caso a las autoridades civiles durante un empujón a nivel nacional para tratar los casos de abusos militares en tribunales civiles. “Pero desde entonces, el asunto ha languidecido en el sistema judicial en Nuevo León”, asegura VICE.
El Ejército ha dicho que hizo cuatro detenciones en relación con el caso y liberó a siete cautivos, pero ninguno de estos individuos han sido identificados públicamente. VICE realizó una solicitud de información a la SEDENA, pero esto no fue respondida.
“Y aunque los documentos del gobierno identificaron el arma que mató a Parral y el único soldado autorizado para portarla, ese soldado, cuyo nombre tampoco se nombra en los informes, aún tiene que enfrentar cargos en relación con el asesinato”.
Aunado a esto, la familia Parra Rabadán aseguran que oficiales militares también se han acercado a su casa para ofrecerles dinero, con una solicitud implícita de silencio.
LA INSENSIBILIDAD DE CAPUFE
Por otra parte, la familia también está demandando que Capufe podría pague último cheque de Jorge Parral, después de que descubrieron que la institución gubernamental había descontado su salario durante el resto del mes de abril 2010, mientras que su paradero era aún desconocido, muestran los registros.
Antes de su secuestro, ante el “derramamiento de sangre” por el conflicto en aumento del narcotráfico en Tamaulipas, Jorge Parral había pedido a sus jefes en CAPUFE para que otorgaran más seguridad en el puente de Camargo. Pero la respuesta fue negativa: no había suficiente presupuesto en CAPUFE para proteger el puente de Camargo y a sus empleados, le dijeron.
VICE dice que CAPUFE, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no devolvió las llamadas en busca de comentarios.
Hoy en día, la familia sigue siendo firme en su búsqueda de justicia para Jorge, un proceso que describieron está “plagado de incidentes de crueldad”.
La familia dijo que, por ejemplo, durante una reunión con Marisela Morales, ex Procuradora General de la República con Calderón, ella cuestionó por qué la familia Parral “no iba a Monterrey y se enfrentaba a los presuntos secuestradores de Jorge por sí mismos”.
En enero de 2013, el actual presidente Peña Nieto firmó Ley General para las Víctimas. La familia Parral Rabadán estuvo presente en la firma. Alicia Rabadán dijo que tuvo la oportunidad de saludar a Peña Nieto y entregarle los documentos sobre el caso de su hijo.
El Presidente dijo a la afligida madre que él “personalmente” tomaría las riendas del asunto y encontraría algunas respuestas para su familia. Un portavoz de Peña Nieto confirmó el intercambio, pero no ofreció más detalles. Los Parral dijeron que no han oído hablar nada de Peña Nieto desde entonces.
