Era la una de la tarde con 14 minutos. Sonó la alerta sísmica. Parecía casi imposible tanta coincidencia: apenas dos días antes había temblado en el sur del país y ese mismo día se recordaba otra tragedia: la del 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto de 8.1 grados dejó una Ciudad de México convaleciente.
Otro sismo, en una extraña coincidencia. Otra vez un 19 de septiembre. Los 7.1 grados derrumbaron edificios; mataron gente, sembraron el terror en la capital mexicana.
Lo que vino después fue una jornada ejemplar: ciudadanos ayudando a ciudadanos y un gobierno pasmado, inútil. Ha pasado un año; la capital aún sufre los estragos mientras millones se preguntan a dónde fue el dinero, tanto público como privado, que se destinó para la recuperación.
Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– Ha pasado un año. Para los árboles del Parque México, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, es apenas otro anillo en el tronco, delgado como una hoja de papel. Para los constructores ha sido negocio redondo. Para un puñado de políticos, otra oportunidad de robar. Para las familias que viven todavía en tiendas de campaña o arrimados con familias y hasta con vecinos, ha sido una eternidad. Para los que perdieron a alguien, el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue ayer; imposible olvidar tan pronto.
La ciudad se ha venido recuperando, lentamente. Muchas veces de manera cosmética. Los primeros en esconder la herida fueron los edificios que resultaron parcialmente dañados: con prisa, los dueños volvieron a enjarrar, a enyesar, a cubrir con pintura para poder rentarlos de nuevo. Una parte de las construcciones heridas de muerte fueron ya demolidas y los escombros removidos, aunque faltan muchos. En el entorno de donde estuvieron edificaciones emblemáticas de la tragedia, como en Álvaro Obregón 268 o como el Colegio Rébsamen, todavía se siente el luto: hay flores, mensajes, altares improvisados, pintas que reflejan el descontento, la rabia, el coraje. Se sabe que muchas de las edificaciones se cayeron por la corrupción; porque autoridades autorizaron pisos donde no debieron y extendieron permisos donde evidentemente había una o varias irregularidades.
Desde el sismo que cayó en el mismo día pero de 1985 se sabe que, en esta ciudad, con dinero baila el perro. O a los perros, muchos. Que detrás de cada gran mole de cemento hay un río de billetes que se traduce, después, en cascadas de muertos. La capital mexicana está montada sobre un lago desecado y de vez en cuando lo recuerda: tiembla en Oaxaca, en Puebla, en Morelos o en Guerrero, y la gelatina sobre la que los capitalinos han confiado sus vidas se mueve, se agita violentamente. Y esa gelatina es todavía más letal por la corrupción. Ese recordatorio es, cada determinado tiempo, un mensaje mortal. Como sucedió hace justo un año, a las 13:14:40.
OTRA VEZ UN 19 DE SEPTIEMBRE
Hace un año, a las 13:14:40 horas, el centro y sureste del país fueron sacudidos por un terremoto de 7.1 grados –con epicentro a un kilómetro de San Felipe Ayutla, Puebla–, que dejó como saldo 369 personas fallecidas: 228 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, seis en Guerrero y una en Oaxaca.
En la capital del país, el mayor número de víctimas se concentró en el edificio situado en la avenida Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma, que colapsó por completo y dejó 49 muertos –30 hombres y 19 mujeres–. Ese sitio fue entonces considerado la “zona cero” del terremoto en la CdMx y, con el paso del tiempo y las averiguaciones, también un símbolo de la corrupción y la impunidad.
Otro de los puntos donde la tragedia cobró especial relevancia fue el derrumbe en el Colegio Enrique Rébsamen, localizado en la colonia Nueva Oriental Coapa, en la zona sur de la capital, quedaron sepultadas 30 personas: 25 murieron –21 niños y cuatro adultos–, y cinco fueron rescatadas con vida.
Además, la unidad habitacional Multifamiliar Tlalpan, situada en la Delegación Coyoacán, también fue escenario del fallecimiento de 27 personas, luego de que edificio 1-C colapsó por el terremoto.
El sismo del S19 evidenció numerosas irregularidades en la mayoría de los edificios colapsados, incluidos algunos con apenas uno o dos años de haber sido entregados a sus dueños.
Pronto salió a flote la corrupción y poca transparencia en la concesión de licencias, y la muy escasa o nula atención a las denuncias ciudadanas por incumplimientos del reglamento de construcción, que había sido reforzada luego de otro terremoto letal en la capital del país: el del 19 de septiembre de 1985, que alcanzó los 8.1 grados y que dejó 3,192 muertos de acuerdo con cifras oficiales, aunque las extraoficiales hablan hasta de 20 mil fallecidos.
En la Ciudad de México se contabilizaron 5 mil 765 viviendas dañadas, de las que 2 mil 273, casi 40 por ciento, sufrieron daño total; el resto, 3 mil 492, sufrieron daños parciales.
En la capital del país , de acuerdo con las cifras oficiales, se produjeron 44 puntos con derrumbes o colapsos. En nueve de los inmuebles colapsados, la Procuraduría General de Justicia de la CdMx investigó e investiga aún a dueños, empresarios constructores y funcionarios públicos por homicidio culposo.
La destrucción se centró en las colonias Condesa, Roma Norte y Roma Sur, Del Valle, Narvarte, Miravalle, Portales, Guerrero, Lindavista, Centro, Coapa, San Gregorio Atlapulco, Los Girasoles y Juárez, además de las zonas centrales de las delegaciones Coyoacán, Tlalpan, Cuajimalpa, Xochimilco e Iztapalapa.
Más de 30 mil capitalinos fueron afectados con la pérdida de sus hogares y 400 mil habitantes de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco padecieron más de dos meses por la falta de servicios públicos, como agua y electricidad, además del hundimiento de calles y avenidas.
La reconstrucción para la Ciudad de México, a un año del sismo del 19 de septiembre de 2017, no ha sido exitosa. De hecho, para grupos civiles y damnificados ha sido un fracaso, pues hay aún muchas dudas sobre cómo y a dónde se fue el dinero público y privado de los fondos. Ni siquiera existe un censo confiable de las familias que aún requieren apoyo.
Así lo indican estudios como el más reciente informe de Fundar y Transparencia Mexicana y el seguimiento que han realizado organizaciones ciudadanas como Nosotrxs y Ciudadanía 19S y Mejor Ciudad.
Desde aquellas 13:14:40 horas del martes 19 de septiembre de 2017, cuando el sismo de magnitud 7.1 con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, sacudió a los estados del centro del país y dejó 369 muertos, de acuerdo con las cifras oficiales, miles de damnificados y millones en pérdidas y daños, la historia de los dineros para la reconstrucción empezó a contar.
Y fue precisamente en la CdMx en donde organizaciones como Nosotrxs pusieron su énfasis en estudiar qué había sucedido con los fondos destinados a la reconstrucción.
“En primer lugar la conclusión del censo, porque te da el universo de las personas que necesitan atención. Hay un grupo de damnificados que están fuera de cualquier programa y apoyo, y también significa un riesgo para la ciudad. El 50 por ciento de los inmuebles no están demolidos y eso es un riesgo para la comunidad. Para todos”, dijo Vania Salgado Hernández, damnificada del sismo del 19 de septiembre de 2017 y activista de la iniciativa Nosotrxs en entrevista con SinEmbargo.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 2018 para la Ciudad de México se aprobaron 8 mil 762 millones de pesos para las tareas de reconstrucción. De ese dinero había una amplia expectativa para inversión en vivienda.
Salgado explicó que el presupuesto para la reconstrucción se dividió en varias fracciones y que quedaron alrededor de 2 mil millones de pesos que no se pudieron ejercer, 1.18 millones del Fondo de Atención a la Infraestructura Social (FAIS) y 900 millones que las dependencias y delegaciones podrían utilizar de forma preferente.
Sin embargo, aún nadie sabe exactamente donde está el dinero que los gobiernos federal y local dicen que se ha invertido y las dudas y la opacidad permanecen vivas.
LA CIUDAD CON CICATRICES
Edificios agrietados e inclinados siguen vacíos y los desplazados continúan viviendo en campamentos al aire libre un año después del sismo de magnitud 7,1 que causó 228 muertos en la capital de México y 141 más en los estados cercanos.
La demolición de cientos de estructuras inestables se ha visto demorada por obstáculos legales y físicos, mientras que algunos propietarios realizaron renovaciones cosméticas que hace que los inmuebles queden a merced del próximo terremoto que sacuda la Ciudad de México y sus inmediaciones.
Pero la lentitud de los derribos y de la reconstrucción frustra tanto a quienes perdieron sus casas como a quienes viven entre inmuebles destrozados que parece que vayan a colapsar en cualquier momento sobre las aceras y calles que siguen acordonadas desde el temblor del 19 de septiembre de 2017.
De los casi 411 edificios señalados para ser demolidos, sólo se tiraron 62, y casi 1.000 más que quedaron seriamente dañados aún no fueron reforzados.
La destrucción causada por el terremoto y la lentitud en las labores de reconstrucción pusieron en duda la confianza de la ciudad en el autocontrol _ los constructores contratan a expertos en regulación para certificar la seguridad de los inmuebles que levantan _ y en su capacidad para sancionar a los responsables.
Nadie ha sido procesado con éxito por el derrumbe de edificios pese a que los expertos hallaron evidencias de construcciones deficientes en varios casos en los que los constructores presentaron documentación falsa, emplearon materiales baratos o simplemente construyeron sobre estructuras antiguas e inestables. Por el momento no se ha reconstruido ni un solo edificio de viviendas.
Los pequeños progresos se deben a trabajadores de demoliciones que tiran los pisos superiores de los edificios altos a donde no llega la maquinaria pesada y a las víctimas del sismo que han dormido a la intemperie, manifestándose y bloqueando calles para presionar al gobierno.
Los afectados se quejan de que las autoridades han levantado una abrumadora pirámide burocrática de papeleo para que las víctimas consigan que sus edificios sean evaluados, reparados, derribados o reemplazados. Casi la mitad de los residentes en la Ciudad de México no tienen pruebas o títulos de propiedad de sus casas, lo que obstaculiza el camino para obtener compensaciones.
–Con información de AP
