Ciudad de México, 19 de Agosto (SinEmbargo).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprueba en estos momentos modificaciones a las leyes de transparencia en la Cámara de Diputados que representan una regresión a los logros ganados en los últimos 12 años, desde que el grupo Oaxaca impulsó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, de acuerdo con diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un grupo de organización civiles que luchan contra la corrupción en el país y que se presentaron a la sesión de las comisiones encargadas de discutir el tema.
Junto con los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), el PRI le quita poder al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), erigido a partir de las modificaciones constitucionales al inicio del gobierno de Vicente Fox como la máxima autoridad para dirimir diferencias sobre las solicitudes ciudadanas de acceso a la información.
Los priistas encabezados por Héctor Gutiérrez de la Garza, uno de los hombres de mayor confianza de Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en el Palacio Legislativo de San Lázaro, impuso su mayoría en una votación general para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda intervenir y en su caso revertir el fallo del IFAI.
Aunque la mayoría votó por qué las decisiones del IFAI sean definitivas e inatacables se pusieron corchetes para que los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica del gobierno puedan llevar sus recursos de inconformidad a la Suprema Corte.
“Es una regresión. Están pasando por encima de los logros de la Ley de Acceso a la Información, una conquista de la sociedad mexicana de los últimos años”, dijo Gabriela Morales de la organización México Infórmate.
Representantes de otras organizaciones como Artículo 19, Fundar, Sonora Ciudadana, Gesoe y del Colectivo por la Transparencia se mostraban alarmados por las votaciones, pero no pudieron hacer nada para evitar que se consumara.
“A ver qué dice la comunidad internacional que veía a México como un ejemplo de avance continental en transparencia. Con la ley como ha sido aprobada en comisiones los actos de violaciones a los derechos humanos pueden ser reservados”, dijo Haydé Pérez de Fundar.
Otros tres puntos -para ser un total de cuatro- también preocuparon a las organizaciones.
Dos. Que los partidos políticos no podrán ser sujetos obligados a revisión por el IFA a pesar de que viven de recursos públicos.
Lo que aprobaron los diputados fue que a los partidos políticos, las autoridades electorales -el IFE- se la instancia competente para responder las solicitudes de información de transparencia, es decir nadie, ningún ciudadano ni autoridad puede preguntarle a los partidos en qué gastan el dinero.
El PRI y su mayoría también se opuso a que los grupos parlamentarios en el Congreso, que reciben hasta 500 millones al año para gastarlos a discreción, no rindan cuentas de los recursos.
Tres. Los cambios al nuevo marco de reformas a la Ley Federal de Acceso a la Información también deja abierta la puerta a la remoción de los actuales consejeros, situación que generó suspicacias del arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“De por sí el IFE y las instituciones autónomas han sido lastimadas en los últimos tiempos. Ahora tenemos que cargar con esto”, dijo Ricardo Mejía de Movimiento Ciudadano.
Cuatro.- Diputados de oposición se quejaron de que en los últimos días, desde el viernes, un grupo compacto de diputados del PRI, PAN y PRD estuvieron en reuniones fuera de la Cámara de Diputados para modificar el proyecto que había sido aprobado en el Senado en diciembre del año pasado y que había sido aplaudido por los organismos que luchan contra la corrupción.
Las comisiones unidas de puntos constitucionales, de transparencia y corrupción y de regímenes parlamentarios deberán turnar al pleno sus reformas para que sean llevadas, se preveía, al próximo periodo extraordinario de sesiones.
Las organizaciones civiles tienes programado ofrecer este martes a las 11 de la mañana una conferencia de prensa en un hotel de la ciudad de México para desglosar los que llaman las arbitrariedades del partido en el poder.
El proyecto de la Reforma Constitucional en materia de transparencia que fue aprobado en el Senado contemplaba, entre otros puntos, acotar el poder de los gobernadores, quienes han recurrido a tácticas alevosas para darle la vuelta a la Ley de Acceso a la Información y combatir el poder con el que se han hecho del control de los órganos de revisión para impedir que actúen como verdaderos contrapesos en la rendición de cuentas.
Además proponía que los recursos de los sindicatos y los partidos políticos sean denominados sujetos obligados directos de la ley de transparencia y que el IFAI tenga autoridad sobre ellos.
Sin embargo, al llegar a la Cámara de Diputados el grupo del PRI propuso reservas para echar abajo cambios ganados a favor de la Ley de Transparencia, mismos que denuncian las organizaciones civiles como Artículo 19, Fundar, el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate.
Las ONG’s acusaron que las modificaciones propuestas por ese Grupo Parlamentario en la Camara de Diputados representan un retroceso muy grave al marco normativo de transparencia.
Renata Terrazas, investigadora del área de rendición de cuentas y transparencia de Fundar, dijo que las propuestas de última hora que hicieron los priistas son retrogradas. Y mencionó tres casos, que calificó como lamentables.
Uno. El PRI presentó una reserva para que las entidades puedan inconformarse llevando el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos. Los priistas plantearon que partidos políticos, fondos públicos y sindicatos no estén sujetos a dar cuentas, porque el IFE ya cumple esa función. Tres. El PRI quiere alargar los tiempos para entregar la información. “Y una realidad es que información que se entrega años después mata el derecho a la información”, dijo Terrazas, de Fundar.
Sobre la primer propuesta del tricolor en la Cámara Baja, Ana Cristina Ruelas encargada del Programa de Acceso a la Información de Artículo19, dijo que una de los grandes logros en los últimos años, desde la última modificación al artículo sexto, es que la SCJN determinara que las decisiones del IFAI son inacatables, es decir que ningún sujeto obligado puede impugnar por la vía judicial el fallo de los consejeros del IFAI.
“Ahora la reserva busca quitarle esa inacatabilidad al IFAI, lo cual es muy preocupante porque ya es una batalla ganada en la misma Suprema Corte”, explicó Ruelas.
Con respecto al segundo punto señaló que la nueva iniciativa de reforma incluía a partidos, fondos públicos y sindicatos a someterse a la Ley de Acceso a la Información. “Pero la reserva del PRI quita a estas tres instancias de ser sujetos obligados, lo cual es totalmente regresivo porque el principio básico de la transparencia es: ‘toda aquella persona que reciba recursos públicos debe ser sujeto obligados’”.
Además lamentó que aunque el Congreso apruebe las principales reformas que promueve la Presidencia desde el Pacto por México como la de Educación, Laboral, Telecomunicaciones, así como las que están próximas a discutirse: Energética. Electoral y Financiera, servirán de poco o nada si no se tiene como eje transversal la rendición de cuentas y el acceso a la información.
Por su parte, el pasado 16 de agosto, el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate dijeron por medio de un comunicado de prensa conjunto que ninguna reforma estructural puede cumplir sus objetivos si no se transparentan antes el uso de recursos públicos y la toma de decisiones, y se asegura la rendición de cuentas de los funcionarios públicos encargados de desarrollarlas.
Ambas organizaciones se mostraron preocupadas, entre otros temas, por el planteamiento del Tricolor sobre que puedan ser combatidas por distintas autoridades públicas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las resoluciones del IFAI.
“Si bien el carácter inatacable de las resoluciones del IFAI se mantiene en el texto constitucional propuesto, abrir la posibilidad a que algún representante del Poder Ejecutivo y a los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores pueda combatir sus resoluciones bajo excepciones amplias y ambiguas […] anula en los hechos la posibilidad de que sea este órgano especializado la última instancia en materia de transparencia”, denunciaron.
Además consideraron como inaceptable que los partidos políticos no sean sujetos obligados directos, que el órgano garante federal no tenga la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad en su materia, y que el proceso de designación tenga una influencia mayor por parte del Presidente de la República.
“Las autoridades públicas recurren a la impugnación de las resoluciones del IFAI para reservar información que por su naturaleza es pública, desde los viáticos de servidoras y servidores públicos, hasta información sobre el desempeño de los ministerios públicos […] La sociedad tiene derecho a conocer el manejo de los recursos públicos para evitar los abusos y a que el Estado le garantice el acceso a dicha información”, dijeron.
