La recaudación del impuesto especial a cervezas y bebidas alcohólicas es insuficiente para cubrir los costos de salud pública que estos productos generan para las finanzas públicas, informó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
El costo total por atender las enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol asciende a 233 mil 911 millones de pesos al año, equivalente a 6.6 veces el ingreso obtenido por el impuesto a estas bebidas.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- El costo total por atender las enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol asciende a 233 mil 911 millones de pesos al año, equivalente a 6.6 veces el ingreso obtenido por el impuesto a cervezas y bebidas alcohólicas, informó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Tan sólo en 2017, el costo en atención a la cirrosis fue de 63 mil 733.7 millones de pesos, monto superior en 1.8 veces a la recaudación del IEPS a cervezas y bebidas alcohólicas obtenido en ese año.
“El consumo excesivo de cervezas y bebidas alcohólicas produce un elevado costo a las fianzas públicas, pues la atención a las enfermedades genera un elevado costo, difícil de cuantificar, pues es causante de muchas enfermedades y padecimientos, cuya atención requiere de diversos tratamientos y un equipo de especialistas multidisciplinario, que implica una onerosa carga para las finanzas públicas”, precisó el CEFP.
El órgano de apoyo técnico de la Cámara de Diputados indicó que el gasto destinado en prevención y atención contra las adicciones es insuficiente.
“Para tener una cobertura de estos programas convenientemente amplia y mejorar su eficacia en los consumidores de riesgo, las medidas no deben estar enfocadas sólo en un aumento de impuestos, pues tendría efectos adversos en la competitividad de la industria y su crecimiento potencial”, recomendó.
La industria de la cerveza paga impuestos por el valor y la producción, estos impuestos son: el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cuya aportación conjunta, según el Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza de México (CISCM) equivale a cuatro por ciento de la recaudación tributaria total.
De estos gravámenes, el IEPS es un impuesto indirecto que se cobra a aquellos productos y servicios que generan un costo social elevado, o cuyos efectos son nocivos para la salud y, por tanto, se busca reducir su consumo.
De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), este impuesto tiene un objetivo extra fiscal que consiste “en desincentivar el consumo de bebidas alcohólicas y obtener recursos para dotar de servicios médicos a las personas con enfermedades producidas por el consumo de estas bebidas, toda vez que son las que resultan más dañinas”. Sin embargo, este objetivo no se ha cumplido.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas destacó que el 75.8 por ciento de la población consume cerveza y esta tiene una menor tasa impositiva, en relación con otras bebidas alcohólicas, en cambio, a los licores y vinos que representan 23.7 por ciento del consumo total se les cobra una tasa más alta; lo que contradice el objetivo original de la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud en la implementación de impuestos como medida inhibidora del consumo de los menores de edad y la gente de menores ingresos.
En México, 49.1 por ciento de la población entre 15 y 65 años de edad ha tomado alcohol durante el último año, y en el caso de los mayores declaran haber iniciado su consumo a la edad de 17.9 años12; de estos, 19.2 por ciento (equivalente a 6.8 millones de personas) declararon haber tenido un consumo de riesgo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Para las Finanzas Públicas esto significa un gran reto, pues debe contemplar la necesidad de asignar recursos para 3 millones 892 mil 795 personas que son atendidos por el sistema de salud abierta y para 3 millones 572 mil 441 personas más que asisten a consulta del sistema de salud social (IMSS e ISSSTE) que tienen entre 15 y 65 años y que declararon tener un consumo excesivo de esta sustancia en el último año.
