El Colectivo #MediosLibres reconoció en un comunicado dado a conocer hoy la eventual reducción del gasto en publicidad oficial en el plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, próximo Presidente de México, pero enfatiza en que debe hacerse con criterios claros.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Si bien el plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo de México, contempla la reducción del 50 por ciento de la publicidad oficial, es necesario que se acompañe de criterios y reglas objetivas, claras y transparentes para su asignación, determinó el Colectivo #MediosLibres, compuesto por periodistas, organizaciones civiles, activistas y medios.
Si se cumple el punto 29 del plan de austeridad de López Obrador, el presupuesto aprobado sería de 2 mil millones de pesos para este rubro en 2019, en contraste con los más de 4 mil millones de pesos en el último la administración de Enrique Peña Nieto y los 9 mil millones de pesos que en prometió se destinaron en cada año desde que el priista asumió la Presidencia. Y sí, el Colectivo reconoce lo anterior.
El Gobierno de Peña Nieto no quizo regular el gasto en publicidad oficial. Hizo un reparto discrecional del dinero público entre medios afines, de acuerdo a organizaciones internacionales que consideran que el recurso tuvo un uso político: censurar a la prensa que no respondió a su agenda. El gasto en seis años podría llegar a los 60 mil millones de pesos, de acuerdo a Fundar y Artículo 19; un monto histórico, a pesar de que Felipe Calderón y Vicente Fox también lo detonaron. Presidencia destinó todo ese gasto en apenas un puñado de medios.
La reducción, sin embargo, “no resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial si no se cuenta con criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo de medios. Tampoco así de los sobreejercicios multimillonarios que hoy se realizan sin justificación”.
Por lo anterior, el Colectivo #MediosLibres insta al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a considerar “acciones efectivas que limiten el sobre-ejercicio histórico, como topes presupuestarios, criterios claros y transparentes para la asignación del gasto, y sanciones ante el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario del mismo”.
A la par de las recomendaciones, el Colectivo mostró su preocupación por lo previsto en el punto 20 del plan de austeridad, en el que se habla de una posible centralización del gasto en comunicación social:
“Tal medida puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva. López Obrador ha manifestado que habrá una sola oficina de comunicación en el gobierno federal, desapareciendo todas las oficinas de prensa del resto de las dependencias de la APF; mientras que, el vínculo con los medios de comunicación será desde la Presidencia”.
El Colectivo #MediosLibres lleva tiempo insistiendo en que la necesidad de eliminar el uso político y proselitista que se la da a la publicidad oficial a través de la Secretaría de Gobernación –actual Secretaría administradora– y la medida propuesta en el Plan no resuelve este problema, por el contrario, puede significar una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y por lo tanto de la opinión pública.
Por lo anterior, insta a la próxima legislatura y al nuevo Gobierno, abran el debate para una adecuada regulación de la publicidad oficial mediante la abrogación de la #LeyChayote (Ley General de Comunicación Social), y la emisión de una nueva que integre las Bases Mínimas de Regulación de Publicidad Oficial que emitió el propio Colectivo así como los Principios de regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La siguiente legislatura, señala #MediosLibres, “tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información. También, el ejecutivo puede garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto”.
