Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto el plan era desaparecer totalmente a la Secretaría de la Función Pública, como se previó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, cuando una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ordenó la desaparición de esta instancia fiscalizadora en cuanto entrara en vigor el “órgano constitucional autónomo que se proponer crear en materia anticorrupción”. Hoy, sus escasos resultados en cuanto a sanciones económicas muestran el poco interés por recuperar, por la vía legal, el patrimonio de los mexicanos hurtado a la mala.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– El desmantelamiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) previsto al inicio del sexenio coincidió con una marcada disminución en el trabajo de vigilancia de esta dependencia sobre el patrimonio público.
De acuerdo con datos oficiales, por ejemplo, el monto de lo que la dependencia ha tratado de recuperar para el Estado mexicano a través de sanciones económicas impuestas a servidores públicos disminuyó marcadamente en cuanto inició la actual administración federal, al pasar de 3 mil 613.2 millones de pesos recuperados en 2012 a menos de la mitad en 2013: mil 770.4 millones.
En general, de acuerdo con la tabla de “Sanciones administrativas impuestas en el periodo del 01 de enero de 2006 al 31 de mayo de 2016”, en la primera mitad del sexenio anterior –entre 2007 y 2009–, la Función Pública buscó recuperar 10 mil 396.4 millones de pesos a través de los castigos impuestos a los servidores públicos.
Entre 2013 y 2015, sin embargo, esta cifra fue de 5 mil 783.5 millones de pesos; es decir, un 55 por ciento de lo que recaudó el Gobierno anterior en el mismo periodo.
Desde la semana pasada, este medio solicitó a la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública información para establecer si los montos asignados en las sanciones han sido cobrados o recuperados por el Gobierno federal, pero no hubo respuesta.
En total, muestran los datos, en el sexenio anterior se impusieron castigos por hasta 29 mil millones de pesos; casi seis veces lo sancionado hasta la fecha.
Otros indicadores de desempeño que muestran disminución fueron reportados este año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual detectó que la Función Pública presentó problemas para acreditar que las más de 32 mil adquisiciones hechas por la administración pública federal el año de la revisión (2014) representaran “las mejores condiciones de compra para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad”.
También, que al menos entre 2009 y 2014 permitió que el número de licitaciones públicas disminuyeran en favor de un aumento en el de adjudicaciones directas a los proveedores.
“En el periodo 2009-2014 las adquisiciones mediante licitaciones públicas decrecieron a una tasa media anual de 12.6 por ciento, al pasar de 30 mil 624 en 2009 a 15 mil 633 en 2014, y respecto de este último año las 15 mil 633 licitaciones públicas significaron el 24.4 por ciento del total de adquisiciones. En cambio las adjudicaciones directas se incrementaron a una tasa media anual de 11.9 por ciento, casi en la misma medida que disminuyeron las licitaciones, al pasar de 23 mil 100 en 2009 a 40 mil 448 en 2014”, dice la auditoría realizada a la “Política de adquisiciones” de la Función Pública.
El titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, presentó su renuncia ayer, un año y medio después de haber sido nombrado en ese cargo. También ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó el decreto que da vigencia al Sistema Nacional Anticorrupción, previsto –de acuerdo con Presidencia- para “coordinar actores sociales y a autoridades con de los distintos órdenes de Gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción”.
El plan del inicio del sexenio era desaparecer totalmente a la Función Pública, como lo previó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, cuando una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ordenó la desaparición de esta instancia fiscalizadora en cuanto entrara en vigor el “órgano constitucional autónomo que se proponer crear en materia anticorrupción”.
Andrade Martínez, sin embargo, llegó a la dependencia en febrero de 2015, luego de que el equipo de investigación de Aristegui Noticias difundiera que la familia presidencial había adquirido una residencia –la “casa blanca”– de parte del empresario Juan Armando Hinojosa, uno de los más favorecidos por la gestión política del hoy Ejecutivo desde que era Gobernador del Estado de México. Una transacción similar le fue detectada después al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Seis meses después, en agosto del año pasado, el mismo Andrade concluyó que ni Peña Nieto ni Videgaray Caso habían incurrido en conflicto de interés al adquirir sus respectivas residencias debido a que ninguno era servidor público al momento de las operaciones inmobiliarias.
Ayer, sin embargo, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo pedir “perdón” por la operación que, mencionó al promulgar el decreto del Sistema Nacional Anticorrupción, “causó gran indignación” y “dañó la confianza en el Gobierno”.
