Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).–José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, el menor de 13 años que fue herido en la cabeza por una bala de goma que dispararon elementos de la Policía Estatal de Puebla para dispersar una manifestación pacífica en la vía Atlixcayotl, en la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, fue diagnosticado con muerte cerebral.
Ayer por la noche, el médico José Antonio Martínez García, director del Hospital General del Sur, explicó que desde el pasado 15 de julio se le hizo un electroencefalograma donde José Luis aún tenía actividad cerebral, sin embargo, este viernes nuevamente se le hicieron pruebas y se le detectó ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos.
“Se concluye conforme a la Ley General De Salud que lamentablemente a José Luis Tlehuatle Tamayo se le diagnostica muerte encefálica. Consultaremos a la familia sobre los siguientes pasos a seguir», dijo el doctor al leer el comunicado ante los medios de comunicación.
Los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan salieron el pasado 9 de julio para exigir la restitución de los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares, que fueron enajenados para entregarlos a los ayuntamientos por iniciativa del Gobernador Rafael Moreno Valle. Los pobladores consideran que las personas de bajos recursos, así como las de la tercera edad se les dificulta trasladarse a las nuevas oficinas para los trámites.
Al medio día de ese miércoles, elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar para desalojar la manifestación por lo que se desató un conflicto en el que los estatales lanzaron granadas de humo, gases lacrimógenos, balas y proyectiles de goma, aplicando la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala, la cual permite hacer el uso legítimo de la fuerza “siempre como última medida”.
Luego de darse a conocer el caso de José Luis, el Gobernador Rafael Moreno Valle lamentó que «personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma” y que aplicó la Ley Bala porque «la ley que se aprobó en Puebla se aplica, y se aplica con protocolos, y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra”.
En respuesta, ocho días después de la protesta, los presidentes de las juntas auxiliares de San Martín Tamapa y de San Berbardino Chalchihuapan, José Salomé Pacio Grande y Javier Montes, respectivamente, así como otros pobladores que estuvieron en la manifestación y la madre de José Luis, Elia Tamayo, acudieron al Senado de la República para desmentir al mandatario estatal y decirle que la protesta fue pacífica.
«No hay palabras para describir lo que vivimos ese día, fue una situación totalmente arbitraria, cruel, sin tomar en cuenta a lo que íbamos. Las únicas armas que llevábamos eran cartulinas y mantas. Que quede bien claro y que no mienta el señor Gobernador porque es lo único que llevábamos», dijo Salomé Pacio.
Doña Elia Tamayo, entre lágrimas, dijo que se sentía presionada por el gobierno, pues sólo andaban buscando a responsables. Le pidió al Gobernador panista que no mienta más y también exhortó a los legisladores a darle seguimiento al caso de su hijo que recibió un impacto de bala de goma en la cabeza y se encuentra en terapia intensiva. A los legisladores les pidió que manden «un médico para que esté valorando a mi hijo y le de seguimiento. También les pido que suelten a mis paisanos que no cometieron ningún delito».
Además de José Luis, cuatro personas más resultaron heridas de gravedad: Gilberto Varela Tecalero de 16 años, quien también es atendido en el Hospital General Sur; Martín Romero Montes, de 65 años, quien tiene una perforación en el pómulo izquierdo por el impacto de una bala de goma; Hugo Jiménez Varela de 26 años, quien se sometió a una reconstrucción del ojo izquierdo, y Vicente Tecalero Jiménez de 21 años, estudiante de bachillerato y padece un traumatismo cráneo-encefálico por el impacto de una bala de goma. Estos tres últimos se les negó el acceso a atención médica pues la instrucción del gobierno era que no los atendieran.
La Diputada Roxana Luna Porquillo, quien los acompañó durante su estancia en la Cámara Alta denunció que con «el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, se vive una de las etapas más represivas en el siglo XXI, se ha configurado una crisis de derechos humanos lo que se constata con 37 personas encarceladas actualmente en menos de tres meses”.
Aseguró que «la represión, los gases lacrimógenos, los golpes, los toletes, los disparos de balas de goma contra manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan es uno de los ejemplos, la crisis de derechos humanos se alimenta y se intensifica en las instituciones de gobierno federal pues estos no han podido evitar que se instaure en la mesa con el gobierno a pesar de que todos los que estamos aquí hemos insistido en diversas ocasiones que paren las agresiones a los poblanos”.
Ayer, la Diputada dijo a través de su cuenta de Twitter que la familia de José Luis no fue informada directamente y que hay mucho hermetismo en el hospital.
“LEY BALA”
El 19 de mayo de este año se aprobó en el estado de Puebla, a petición del Gobernador panista Rafael Moreno Valle, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como ”Ley Bala”, la cual permite hacer el uso legítimo de la fuerza “siempre como última medida”.
En un inicio, dicha ley permitía a los policías utilizar armas de fuego durante las movilizaciones sociales en su artículo décimo: “Se considera legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física”.
Días después, y frente a la presión social a la que se enfrentó el gobierno local, se decidió “suavizar” al prohibir que se utilicen armas de fuego. Sin embargo, se permitió el uso de armas no letales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos obtuvieron dos amparos del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Puebla para suspender la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los elementos policiacos en esa entidad, mejor conocida como “Ley Bala”, impulsada por el Gobernador panista Rafael Moreno Valle.
En un comunicado lanzado el pasado 16 de julio, las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social señalaron que el juez ordenó que “de ningún modo se haga uso de la fuerza por parte de elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla cuando se ejerzan los derechos de libertad de expresión, de reunión, de manifestación o protesta”.
Dicho fallo es “muestra del compromiso con la garantía de los derechos humanos de las personas en Puebla y una clara voluntad de cumplir con la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que todas las autoridades de México tienen por el mandato constitucional”, consideraron.
Ante la “Ley Bala”, varios ciudadanos promovieron amparos en contra por dar “facultades discrecionales y arbitrarias a las corporaciones policiacas, violatorias a derechos humanos”.
Y recordaron que: “la Policía Estatal de Puebla utilizó la fuerza de manera excesiva en una manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en la autopista Puebla-Atlixco, quienes exigían que los servicios del Registro Civil fueran regresados a la comunidad”, pues ahora deben trasladarse a la capital para realizar el trámite.
Indicaron que la acción policiaca se realizó bajo el marco de dicha ley y dejó medio centenar de manifestantes heridos.
