Los empresarios de México urgieron al Senado a aprobar las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), luego de que ayer los legisladores acordaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones posterior a las elecciones, violando el plazo constitucional para avalar estas reformas, que vence el 28 de mayo. Los afiliados a la Coparmex firmaron la llamada declaración de Tijuana en la que advirtieron que denunciarán ante instancias internacionales y organismos aliados, la falta de compromiso del Legislativo para atacar la corrupción. La cámara empresarial afirma que buscan mantener un sistema de privilegios e impunidad en contra de la mayoría de los ciudadanos.
Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– El sector patronal de México exigió a los legisladores aprobar las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), luego de que ayer los diputados y senadores acordaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones posterior a las elecciones, violando el plazo constitucional para avalar dichas reformas, que vence el próximo 28 de mayo.
En la llamada "Declaración de Tijuana" -ciudad en la que realiza un congreso nacional-, se anunció que acudirá a instancias internacionales y organismos aliados, lo que los legisladores están haciéndonos a los mexicanos: mantener un sistema de privilegios e impunidad en contra de la mayoría de los ciudadanos.
El Congreso mexicano le ha dado largas a la aprobación de un Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar de los altos niveles de impunidad y escándalos. La caradura de los legisladores, que decidieron mandar las discusiones hasta después del proceso electoral, ha generado un descontento generalizado tanto en la sociedad civil como entre organizaciones empresariales.
En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) precisó los nombres de las entidades internacionales donde acudirán:
–Ante el Comité Anticorrupción (Anti-Bribery and Corruption Group) del BIAC (Business and Industry Advisory Committee), del cual formamos parte y en el cual ya hemos solicitado espacio para exponer el caso mexicano en los próximos días.
–La OCDE, en la Conferencia Ministerial de la próxima semana, informaremos que el Congreso Mexicano hizo caso omiso para aprobar en tiempo y forma el Sistema Nacional Anticorrupción, ignorando de esta manera la exigencia de más de 600 mil mexicanos que firmaron la iniciativa ciudadana de una Ley de Responsabilidades Administrativas.
–Ante la OEA en el MESICIC, que es el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos.
–En el primer Foro Empresarial Iberoamericano Anticorrupción, al cual convocaremos el 17 y 18 de agosto en la Ciudad de México, y en el que contaremos con la presencia de diferentes países de América Latina, además de la Gran Bretaña.
–También lo haremos en el Consejo Empresarial Iberoamericano (CEIB) que tendrá lugar en el marco de la reunión de presidentes de organismos empresariales de Iberoamérica en octubre de este año.
La Coparmex anunció que intensificará a través de sus 36 mil empresas socias, con empresarios y sus trabajadores, una campaña pública para denunciar y exhibir la inmovilidad “irresponsable del Congreso de la Unión”.
“Si los políticos no quieren comprometerse con la transparencia y la rendición de cuentas, que asuman las consecuencias en las urnas. Comenzaremos con aquellos que están pidiendo su voto en los 12 estados donde habrá elecciones para gobernadores el próximo 5 de junio”, expuso la cúpula patronal.
A través de estos mecanismos, mencionó, México conformará una red de observadores internacionales que vigilen la instrumentación de las propuestas de la sociedad civil en materia anticorrupción y a la cual “le han dado la espalda los políticos”.
“Vamos por un Congreso a la altura de la sociedad organizada. México requiere de un Poder Legislativo que represente de verdad y que sirva al pueblo de verdad; que cumpla con las demandas ciudadanas, la transparencia y la rendición de cuentas, el fin de la impunidad y de la corrupción”, destacó.
Ayer, los grupos parlamentarios de los partidos de Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) acordaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones del próximo 13 al 17 de junio.
Tras el anuncio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón urgió al Senado de la República a aprobar en el periodo constitucional las leyes que darán vida al SNA.
Es necesario que se tomen en cuenta las propuestas de la sociedad civil, que se incluya el tema de 3 de 3, dijo el líder empresarial durante una conferencia de prensa conjunta con el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, luego de acordar una agenda conjunta entre el sector privado y el Gobierno para combatir el tema de la corrupción que anualmente le cuesta al país 9 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), según estadísticas del Banco de México (BM).
“Hacemos un llamado al Senado y al Congreso, a las fracciones parlamentarias a que generen los consensos para dictaminar las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción”, comentó Castañón.
De la misma manera, las organizaciones ciudadanas que impulsaron leyes de transparencia y candados anticorrupción criticaron que el Legislativo no vaya a cumplir con el periodo constitucional del 28 de mayo para aprobar las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Estamos ante un muy frustrante impasse que se deriva de pretextos más que de razones, es decir, desde hace varias semanas tenemos trabajados por lo menos cinco de las siete leyes que implican este primer paquete que conformaría el Sistema Nacional Anticorrupción (...) Faltan dos cosas: falta la parte penal, falta la adaptación del Código Penal a nuevos tipos de corrupción, y falta una discusión muy seria de cómo queremos a la Fiscalía Anticorrupción”, aseguró Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad, en entrevista radiofónica.
Hace dos días, ciudadanos y miembros de las organizaciones de la sociedad civil que presentaron la Ley 3 de 3 –para que los funcionarios públicos hagan públicas sus declaraciones de bienes y conflictos de interés–, urgieron al Senado de la República no retrasar las deliberaciones para aprobar el conjunto de leyes que conforman al Sistema Nacional Anticorrupción.
En un comunicado, los ciudadanos pidieron a los senadores que convoquen a un periodo extraordinario, pero de manera inmediata, para que de ese modo, lleven al cabo la discusión y eventual aprobación de las leyes sin tener que posponerlo hasta el mes de junio.
